El elevado coste diluye el carácter exprés del concurso antiapagones

«Esta la pago yo», entonó el Ministerio para la Transición Ecológica y la afirmación sonó a sinfonía en un Archipiélago sobre el que planea de continuo el riesgo de un apagón. Fue el cero energético sufrido por La Gomera el verano pasado el hecho que aceleró la convocatoria de un concurso para implementar soluciones en el ámbito de la generación energética; Canarias lo tramitaba y Madrid sufragaba. Las Islas ya han finalizado su parte y han enviado el expediente al Gobierno central. La factura es de entre 250 y 300 millones de euros, suma que, por elevada, sorprende en el ministerio.

La invitación a esta ronda de megavatios hora va a salir cara teniendo en cuenta que la utilidad de este parche tiene los días contados. Ya está dado el primer paso para el concurso grande, el que debe conducir a la renovación de los grupos de generación obsoletos, que tienen prolongada su vida útil desde hace muchos años y que son uno de los talones de Aquiles del sistema eléctrico canario.

La invitación a esta ronda de megavatios hora va a salir cara teniendo en cuenta que el parche tiene los días contados

Cuando lleguen esas máquinas modernas, se dice que en tres años pero en este campo los tiempos se alargan considerablemente, la proporción retornará a la tolerable de un cero –apagón– cada diez años. La tasa actual quintuplica ese valor y se pretende reducir a la mitad con el concurso exprés, apellido que la Consejería de Transición Ecológica y Energía de Mariano Hernández Zapata se empeña en que no pierda.

Son varios los alcaldes canarios que contestan afirmativamente cuando se les pregunta si han recibido recientemente la visita del consejero o del director general de Energía, Alberto Hernández. Contar con el visto bueno de los regidores de las localidades en las que se implantarían las soluciones ganadoras es una manera de acelerar el proceso.

Suelos y municipios

De nada servirá, como tampoco la localización de enclaves con potencial y fuertemente antropizados –suelos industriales o recintos portuarios, por ejemplo–, si no se alcanza un acuerdo con el ministerio. Teresa Ribera mantuvo en su visita a Canarias del mes pasado, que Madrid se hacía cargo, siempre que se tratara de un desembolso razonable. 

El rechazo a las cifras cienmillonarias es reciente, de la mitad de este mismo mes, pero el buen tono y la fluidez que caracterizan el diálogo entre ambas administraciones no se ha resentido de manera grave. Fue el propio equipo de la vicepresidenta tercera Ribera el que recomendó a Zapata explorar la posibilidad de acortar los trámites a través del artículo 59. Este es el primero que el real decreto (738/2015) que regula los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares incluye en su título quinto: «Adopción de medidas temporales y extraordinarias para garantizar la seguridad de suministro». Desde luego, por ese camino se acorta camino, pero no si el entendimiento encalla en algo tan básico como el precio.

Las dos empresas ganadoras del proceso ya saben que solo podrán cubrir costes

Según fuentes próximas al proceso, son dos empresas españolas, grandes y del sector de la energía, las que han visto prosperar sus ideas en este concurso exprés. A ambas ya se les ha comunicado que pueden aspirar a poco más que a cubrir los costes. ¿Qué interés pueden tener entonces en llevar adelante su iniciativa?

Aparte de que al menos en uno de los casos la energética se autoproveerá de combustible, la respuesta está en el concurso grande, el que tenía que haberse convocado hace años y ha tardado en subir el primer peldaño. Antes de terminar 2024, según ha manifestado el Ministerio para la Transición Ecológica, debería estar publicado.

Un pie en las Islas

Las mencionadas dos empresas tienen previsto presentarse. Pasar ahora por el aro de ganar poco y reducir la posibilidad de apagones les permitiría poner por vez primera un pie en Canarias y las colocaría en posición destacada en la carrera por consolidarse en el mapa de la generación eléctrica en la comunidad autónoma.

Todo el proceso se ha diseñado para que los problemas sean los menos posibles. La carencia de potencia que permiten cubrir los informes de Redeia (Red Eléctrica) es de 250 megavatios: 120 en Gran Canaria, 80 en Tenerife y 50 en Fuerteventura. La protagonista que se sitúa en el origen del proceso, La Gomera, ni siquiera aparece, pero en el Ejecutivo regional están seguros de que si se logra llevar a buen puerto este concurso urgente, llegarán más para desterrar el riesgo de ceros energéticos.

Proyectos que no superan los 20 megavatios de potencia y en módulos de 1,5

La Consejería de Transición Ecológica y Energía pretende cubrir al 60% el límite que marca el operador del sistema (Redeia). Es decir, las soluciones aprobadas aportan alrededor de 150 megavatios y el coste de cada 15 megavatios oscila entre los 25 y los 30 millones de euros.

Además, se ha determinado que el mejor modo de abordar el proceso es trocearlo al máximo. De tal manera que se contemplan varias ideas que no superan los 20 megavatios de potencia y articulada cada una en grupos modulares que no pasan de los 1,5. De ese modo, se rebaja de manera notable el impacto –medioambiental, consumo de suelo o daños al terreno, por ejemplo– y se evitan parones en la tramitación.

Informe de la CNMC

Tampoco es buena noticia la prórroga de los presupuestos estatales decidida por el Gobierno central. Esta inversión se imputaría en el saco del sobrecoste eléctrico canario, que en un 50% soportan las cuentas nacionales. En cualquier caso, aun llegando el entendimiento, todavía habría que esperar por el preceptivo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que puede poner objeciones si provoca una excesiva concentración –no lo parece– o un incremento de la tarifa, que digiere la otra mitad del sobrecoste.

Y aún quedaría por resolver una posible judicialización. Endesa, operador de referencia en las Islas, puede denunciar que sus competidores recogen un beneficio que sería suyo en caso de haberse convocado el concurso para la renovación de los grupos obsoletos en tiempo y hora.

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