Canarias ha de ejecutar 400 millones de euros al año para no perder ayudas

De los 1.584 millones de euros asignados a Canarias por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), solo se han ejecutado en los dos últimos años y medio 380,5 millones. Restan por distribuirse 1.203,5 millones de euros más, el 76% del total, y para ello se dispone de tres años. Lo que no esté ejecutado al terminar 2026 habrá de devolverse.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, se muestra convencida de que se va a lograr. «Es nuestro objetivo», afirma, pero sabe que conseguirlo pasa por dar muchas vueltas de tuerca a un sistema que hasta la fecha se ha mostrado poco eficiente e incapaz de ganar velocidad con la práctica.

El Plan España Puede, nutrido con los fondos Next Generation (NG-EU) habilitados por la Comisión Europea (CE) para la recuperación de las economías más afectadas por la pandemia, consta de 70.000 millones de euros en ayudas no reembolsables. De ese total, el Gobierno central decidió destinar al Archipiélago 2.210 millones de euros.

Desde mediados de 2021 se han ejecutado en el Archipiélago 380,5 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Una parte de esa suma –629 millones de euros– se integró en un eje de los programas operativos regionales (Feder y Fondo Social Europeo) creado ad hoc para reforzar, sobre todo, los servicios públicos y sostener el tejido productivo. Se computó en el periodo presupuestario 2014-2020. Ese fondo React-EU contenía el dinero más urgente, el necesario para terminar de derrotar al coronavirus.

El próximo 31 de diciembre finaliza el plazo para certificar la ejecución de estos 629 millones de euros y en la Consejería de Hacienda canaria no ven grandes problemas para conseguirlo. No se perderá un solo euro por esa vía, si bien las comunidades autónomas negocian una prórroga de un año, «pero solo para los casos de revisión y certificación», aclara Asián.

El riesgo

La parte procedente de los NG-EU que está en riesgo es la correspondiente al MRR, los 1.203,5 millones de euros más que restan por repartirse. Esta suma ya está en Canarias, a diferencia del React-UE, que se rige por el funcionamiento de los fondos europeos habituales; la comunidad autónoma incluye la partida en su presupuesto y, tras justificar el gasto ante Europa, lo recupera.

Aunque pueda parecer lo contrario, el cambio de paso es notable y el plazo corto para el tamaño del reto. Su tramitación es «muy diferente» al de «los fondos estructurales que se manejan en Canarias desde hace muchos años», expone Asián. Para empezar se necesitan muchas más manos capaces de mover expedientes con acierto y en el sentido correcto. 

Sin embargo, la contratación en la Administración Pública no siempre se rige por la adaptación de los perfiles a la labor que ha de realizarse, sino que atiende a una lista por riguroso orden. De ahí que también se tuviera que invertir tiempo en el arranque para formar a la mayor parte de los incorporados a la tarea de acelerar la tramitación. Aparte de que algunos nunca se adaptaron y hubo que sustituirlos para iniciar el proceso con otros, tampoco resulta sencillo integrar el operativo con el aparato administrativo regular.

Formar a quienes se contrató para visar los expedientes consume un tiempo del que no se dispone

No obstante, Matilde Asián avanza que insistirán «mucho en la formación» del personal. Ni la gobernanza, ni los sistemas de gestión (subvenciones, convenios, contratos...) admiten cambios sencillos. Están consagrados en la Ley (4/2021) para la Agilización Administrativa y la Planificación, Gestión y Control de los Fondos Procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Denominado Next Generation EU, y un cambio normativo consumiría un tiempo del que no se dispone.

La estrategia del nuevo equipo de Hacienda será colocar a los secretarios generales técnicos, «brazos administrativos de las consejerías», subraya la consejera, en el centro del tablero. Sobre ellos pivotará toda la actividad. Serán los receptores de las carencias y disfunciones que se produzcan, y abordarán las correcciones.

Una función que ya han comenzado a realizar para la elaboración de los informes de situación de cada consejería, fundamentalmente Transición Ecológica y Energía; Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y Turismo y Empleo. A partir de esos documentos se definirán las estrategias precisas para lograr ejecutar esos 400 millones de euros anuales. Quizá menos, porque, y en eso ni Canarias ni España están solas, los países que deben cumplir los plazos esperan arrancar una prórroga a Bruselas.

Más fondos

Esa medida de gracia cobraría pleno sentido si aún llega más dinero del MRR a las Islas, algo que en absoluto está descartado. Es más, la aprobación por parte de Bruselas el mes pasado de la adenda que permitirá el despliegue del total de los fondos NG-EU ya garantiza a España la recepción de una suma mayor procedente de programas como el Repower EU.

La tardanza en la llegada de los fondos no pasa desapercibida para el sector privado. Por ejemplo, la Asociación de Empresas de Energías Renovables de Las Palmas (Aserpa) lamenta esa demora y, además, pone en duda la eficiencia de órganos creados para la gestión de esas ayudas, caso de las oficinas verdes.

«Demandamos información y no tienen nada que ofrecernos, nos dicen que lo están mirando y en casos se trata de expedientes que tenían que estar resueltos el año pasado», lamenta el presidente de la organización empresarial, Carlos Castellano. Él mismo calcula que el retraso acumulado es de alrededor de «un año y medio. Al final, estas ayudas, que deberían ser un elemento catalizador, se convierten en lo contrario», lamenta no sin ofrecer un voto de confianza al nuevo Gobierno.

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