Canarias tiene a Europa de su lado. La emergencia energética que sufren las Islas como consecuencia de la obsolescencia de los equipos de generación requiere de la puesta en marcha de medidas urgentes. Así lo reflejan múltiples informes de Red Eléctrica desde 2021, donde se especifica que la situación es «crítica» en Gran Canaria y Tenerife. El riesgo de que se produzcan apagones generalizados existe,  pero en todo este tiempo las administraciones no han sido capaces de encontrar una solución. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, responsable de activar las medidas para renovar los equipos, ha rechazado todas las propuestas enviadas por el Ejecutivo canario anterior al considerarlas «jurídicamente inviables» y contrarias a la normativa europea. El exconsejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, defiende que la Comisión Europea ya dio luz verde en diciembre de 2022 a las medidas canarias y aceptó su puesta en marcha debido a la excepcionalidad que supone ser una región ultraperiférica.

Al recibir los informes del operador, los responsables del Gobierno canario enviaron cuatro solicitudes al Ministerio para que abordara la problemática y se le plantearon propuestas como la aprobación de un real decreto ley para poder encargar directamente a una empresa la colocación de los 200 megavatios adicionales que hacen falta en las islas capitalinas para garantizar el suministro. Se planteó, incluso, que fuera Endesa, empresa responsable del servicio, la que se hiciera cargo de la renovación, debido a que los terrenos ya están adaptados y cuentan con autorización ambiental. El Ejecutivo canario aclaró al Estado que debía garantizarse el cobro de todos los costos que tenga que asumir la empresa, como se hizo en 2018 aprovechando la Ley de presupuestos del Estado. Y puso sobre la mesa cuatro proyectos concretos.

Pero al Estado no le convenció la idea y la rechazó apoyándose en el argumento de que Europa no autorizaría mecanismos sin una concurrencia competitiva. El concurso de renovación de los sistemas eléctricos de las Islas se activó en enero, pero estos procesos pueden durar más de cinco años, por lo que desde el Gobierno canario insisten en la necesidad de activar medidas de emergencia.

En un comunicado enviado el viernes a última hora, el departamento liderado por Teresa Ribera afirma que la selección de las medidas temporales de emergencia son competencia del Gobierno autonómico y es el Ministerio el que autoriza la cobertura de los costes. Además, se aclara que cualquier «solución adicional en el corto plazo tiene que ser compatible con la decisión de 2020 de la Comisión Europea sobre la conformidad del RD 738/2015, con el marco de Ayudas de Estado».

Sin embargo, Valbuena defiende que el decreto en el que se apoya el Ministerio para «pasar la pelota» a la administración canaria hace referencia a situaciones coyunturales, y esta es «estructural». Según sus palabras, Europa entiende que la incapacidad de conexión con los continentes permite la puesta en marcha de mecanismos específicos y, además, resta importancia a la repercusión económica que las medidas pudieran tener en los costes del sistema eléctrico español o europeo.

La medida que puso el Ministerio sobre la mesa para intentar abordar la emergencia, después de rechazar las propuestas canarias, fue elaborar un borrador de orden ministerial para reconocer el coste de las medidas de emergencia que se pudieran adoptar por las autoridades autonómicas. El problema es que esta orden solo compromete el pago por un año a la empresa que instalara los equipos para generar los 200 megavatios de potencia adicional necesaria, y lo limita al uso real. Es decir, el pago se realizaría conforme «se vayan usando» y solo durante un año.

Una medida inviable, según la Consejería canaria, ya que ninguna compañía está dispuesta a asumir una inversión «tan alta» sin tener garantías de amortización de esa inversión. Se trata de grandes equipos que deben fabricarse a medida. Desde el anterior Gobierno de Canarias aseguran que consultaron con empresas la propuesta y concluyeron que la solución «no era la adecuada». Y así se lo trasladaron al Ministerio a través de un quinto documento que, al igual que el resto, no obtuvo respuesta oficial por escrito.

Además, aparece otro factor determinante. Aquella empresa que accediera a ayudar al Gobierno autonómico a solventar la emergencia con esos equipos de 200 megavatios no podría participar en el concurso regular ya que no se permite concurrir con una potencia ya instalada. Algo que desincentivaría la realización de las inversiones por parte del operador.

El comunicado enviado por el equipo de Ribera el pasado viernes apunta a una constante comunicación con el Ejecutivo canario. Además, asegura que se han tomado medidas para garantizar el suministro eléctrico a los ciudadanos canarios, respetando las garantías jurídicas y el marco regulatorio acordado con Europa. Pero lo cierto es que, a parte del borrador de la orden ministerial, pocas medidas se han activado desde Madrid para frenar la emergencia energética en Canarias. Uno de los pocos cambios activado ha sido la flexibilización de la legislación ambiental para que algunos grupos concretos pudieran seguir funcionando a pesar de no cumplir con los parámetros químicos establecidos. Pero los equipos siguen superando su vida útil.

Valbuena y su equipo, además, le trasladaron al Estado una segunda propuesta: habilitar un concurso exprés para la adjudicación de esos 200 megavatios garantizando el pago a la empresa adjudicataria y que pueda presentarse al concurso normal. Aunque, advierten, esta medida corre el riesgo de poder tener una importante contestación social y del ayuntamiento afectado, lo que podría dilatar aún más los tiempos fijados.