Miles de agricultores y ganaderos de toda España se concentraron este martes en el entorno de la Puerta del Puente de Córdoba, con motivo del encuentro informal de los ministros de Agricultura de la UE, que se celebraba en el Palacio de Congresos, para protestar ante los mandatarios europeos por los «constantes ataques» que sufre el sector con las actuales políticas comunitarias relacionadas con el medio agroganadero y para reclamar medidas urgentes y estructurales para los problemas que viene sufriendo el campo español, y especialmente el andaluz, en los últimos años.

La protesta, a la que según la organización asistieron unas 6.000 personas y unas 3.000 según la Policía Nacional, estaba convocada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, cuyos máximos responsables (nacionales y provinciales) insistieron entre la multitud, en la «situación de indefensión que padecen los agricultores y ganaderos ante las políticas que se están llevando a cabo desde Bruselas» y la entrega que, a su juicio, están apreciando de «lobbies que actúan en contra del mundo rural». El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, indicó que el campo español necesita «modificar la atrocidad que se ha hecho desde la Política Agraria Común con respecto a nuestro país». A su juicio, la PAC hay que cambiarla porque ha traído «prohibiciones, contradicciones y medioambientalmente no puede cumplir». Por ello, pidió a los ministros «que hagan caso a los problemas que tiene el campo español y que no seamos noticia por el aceite a diez euros porque aquí ha subido todo más que el aceite de oliva».

Por su parte, Ignacio Fernández de Mesa (presidente de Asaja Córdoba) indicó que actualmente, «no estamos defendidos ante la agresividad de las medidas ambientales tan tremendas que nos presentan y hacen la vida imposible en la agricultura, que nos suben los costos, nos resta la producción y, todo ello, sin compensación económica». 

Los manifestantes reclamaron ante la cúpula agrícola de la Comunidad Europea «un trato similar» al que reciben otros territorios, así como un mayor control de las producciones que llegan de terceros países, que tienen muchas menos exigencias, tanto laborales como sanitarias o medioambientales que las de Europa. Sobre ello, Miguel Padilla, secretaria nacional de COAG, calificó como «hipócrita» la política que se está haciendo en materia de control de producción puesto que no se aplica a los productos que llegan de terceros países y asegura que los controles en fronteras son insuficientes. Esta situación está generando que los productos españoles «no estén igualdad de condiciones en cuanto a competencia de precios» . El representante andaluz de COAG, Miguel López, puso de manifiesto el escaso control que existe sobre las importaciones de terceros países que, a su juicio, «está haciendo un daño terrible a los consumidores y a la salud pública en Europa».

Menos recursos europeos

Además, creen las organizaciones convocantes que la última reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) se ha hecho de manera desenfocada y «fuera de la realidad». Así, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, cree que ahora «el agricultor y el ganadero deja de estar en el centro de las políticas europeas y nos preocupa la orientación que otros lobbys de influencia están teniendo sobre ellas». Cano se quejó de que la PAC al principio suponía el 50% del presupuesto comunitario y que en la actualidad apenas supera el 30%, algo que choca con la realidad puesto que hay menos recursos y más desafíos, pues consideran que la nueva norma «ha incrementado la burocracia y exige nuevas obligaciones sin rigor científico». 

Los agricultores también piensan que la actual PAC tiene una excesiva carga ambientalista, que en muchos casos impide el normal desarrollo de la actividad agroganadera. Miguel Cobos, de UPA Córdoba, se refirió a este problema señalando que el sector está harto de «las políticas conservacionistas y medioambientalistas europeas que nos están restando competitividad» y añadió que la nueva PAC no ha sido todo lo satisfactoria que debería porque plantea «muchas medidas medioambientales, ecorregímenes, condionalidades reforzadas, etcétera y todo ello con menos recursos». Ante ello, reclamó un presupuesto fuerte que sea capaz de hacer frente a los retos que tiene el sector europeo. «Necesitamos asegurar calidad, seguridad y, sobre todo, soberanía alimentaria».

También reclamaron al Estado una política hidráulica acorde a la realidad y a la falta de lluvia que se viene sufriendo. En ese sentido, creen necesario la inversión en nuevas infraestructuras de almacenamiento, así como ampliar las zonas de regadío, sin olvidar apoyos e incentivos para las superficies de secano. Ángel Villafranca, presidente nacional de Cooperativas Agroalimentarias, indicó que «lo único que pretendemos es trasladar un mensaje claro a nuestro comisario y a los ministros de Agricultura, de la realidad del Sur de la UE, del campo español con sus particularidades y la problemática que tiene». Rafael Sánchez de Puerta, presidente de Cooperativas de Córdoba, apuntó que «todos sabemos que el cambio climático está aquí y si no tomamos medidas todos nuestros secanos se van a abandonar y no se está haciendo nada. Nos negamos a aceptar que los más de cuatro millones de hectáreas de secano que tenemos en Andalucía sean abandonadas en muy poco tiempo. Necesitamos políticas que defiendan de verdad la agricultura, porque de ello el gran beneficiado será el consumidor». Pedro Barato también se refirió a las infraestructuras hidráulicas indicando que son necesarias «obras en materia de agua en todo el territorio nacional». 

Asimismo, volvieron a insistir los representantes españoles del sector agrario en la necesidad de hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar un control del precio y la trazabilidad de la producción desde que sale de la explotación, en el campo, hasta que llega a la mesa, para evitar especulaciones y desequilibrios.