La Audiencia ratifica que los imputados del caso Alcoa buscaron "enriquecerse sin desarrollar negocio alguno"

La investigación desarrollada por la Policía Judicial en el 'caso Alcoa' ha "afianzado" los indicios de criminalidad por los que fueron detenidos en marzo de 2021 los empresarios que compraron las plantas de producción de aluminio que la multinacional norteamericana poseía en Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia), según concluye un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 28 de marzo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Tras la venta en 2020 de las fábricas, que empleaban a más de 600 obreros, ambos centros de trabajo vendidos por Alcoa pasaron a denominarse Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC, respectivamente. Y mediante movimientos de dinero, las cuentas de las nuevas sociedades fueron vaciadas por los directivos del Grupo Industrial Riesgo Víctor Rubén Domènech y Alexandra Camacho Carrascal, según especifican las conclusiones de Anticorrupción.

"Con el desarrollo de la investigación no se han desvanecido los indicios de criminalidad", prosigue en su auto la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que recuerda que la investigación policial evidencia más bien todo lo contrario: "La verdadera intención de los investigados, cuando se hicieron con las fábricas, [...] era enriquecerse a costa de las mismas injustificadamente sin aportación de fondos propios ni desarrollo de plan industrial o de negocio alguno".

75 millones

Los magistrados, al igual que hicieron tras un recurso interpuesto por Domènech, mantienen la decisión de la jueza que instruye la causa, María Tardón, de mantener la fianza conjunta de 75 millones y la retirada del pasaporte contra Alexandra Camacho Carrascal. "El arraigo de la apelante en España habrá podido ser considerado para no adoptar la medida más gravosa para su libertad de prisión provisional, pero no justifica el alzamiento de las acordadas [...], pues siguen siendo precisas para mantenerla a disposición del tribunal".

Los magistrados aluden en su escrito a los informes policiales conocidos hasta el momento, que ponen de manifiesto que los investigados se valieron de empresas interpuestas controladas por “testaferros” para llevar a cabo “ventas aparentes” que incluían “sobrecostes” para las factorías de hasta el 600%. Además, los oficios policiales señalan a Camacho Carrascal como una de las responsables del "vaciamiento patrimonial de las fabricas de aluminio".

En otro auto, de 27 de marzo, publicado por Cinco Días, los magistrados aseguran compartir "plenamente" el resto de conclusiones a las que llega la instructora, que se basan en los indicios obtenidos a través de la documentación intervenida y de los informes de los elaborados por investigadores policiales y los administradores concursales.

Sociedades interpuestas

En este sentido, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) descubrieron que los últimos dueños de ambos centros de producción de aluminio que fueron vendidos por Alcoa en primera instancia al fondo suizo Parter Capital, por un precio simbólico de un dólar, y meses después al Grupo Industrial Riesgo, por 13,1 millones de euros, utilizaron sociedades interpuestas para comprar criptomonedas y sustraer capitales y patrimonio, según consta en un informe policial cuyo contenido adelantó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

"La venta de las plantas por el grupo Parter a System Capital por un precio de 13.100.000 euros, pocos meses después de haberlas adquirido a Alcoa Inespal por 50 céntimos de dólar cada una, a cambio de un compromiso de inversión tendente al mantenimiento de la producción y el empleo; el pago del precio con fondos de las sociedades titulares de dichas factorías, y la ulterior salida de activos, entre los que se encontraban los cerca de 80 millones de dólares aportados por Alcoa Inespal, son actuaciones que, indiciariamente, se alejan del mero incumplimiento civil y rebelan un ánimo defraudatorio", concluyen los magistrados, que mantienen las medidas cautelares contra los investigados.

Fuente: El Periódico de España