Los fallos de la Seguridad Social dejan desiertas la mitad de las pujas en Canarias

El organismo sólo adjudicó 60 de las 146 subastas de 2021 y dejó de ingresar casi dos millones de los deudores en Canarias por la mala gestión y la obsolescencia del sistema

Colas para recibir atención en la sede de la Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria por falta de personal.

Colas para recibir atención en la sede de la Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria por falta de personal. / A. Cruz

Un sistema de subastas obsoleto y la ausencia de control sobre los bienes embargados provoca que la Seguridad Social en Canarias tenga dificultades para cobrar las cantidades pendientes de sus deudores a través de ellas. De hecho, la ineficiencia de los procedimientos deja la mitad de las subastas que se realizan en las Islas desiertas y otras tantas son suspendidas. Entre unas y otras, casi el 60% de las que organizan sus delegaciones en el Archipiélago no permite recuperar el dinero que se adeuda y el organismo dejó de ingresar casi dos millones de euros por esta razón en 2021.

El Tribunal de Cuentas alertó en un informe reciente de que no solo el procedimiento de subastas públicas presenciales que realiza la Tesorería General de la Seguridad Social está «totalmente obsoleto» sino que no cuenta con un control centralizado de los bienes que embarga. Algo que provoca que muchos de ellos pasen un tiempo excesivo en los depósitos o almacenes, lo que dificulta que se pueda obtener por ellos un precio que consiga saldar las deudas. De hecho, hay 260.000 vehículos embargados en todo el país. Pero el 73% de estos coches, motos, furgonetas, camiones o embarcaciones tienen una antigüedad superior a diez años y muchos de ellos están hasta seis años almacenados antes de salir a subasta. Por lo que difícilmente pueden servir al organismo para recuperar todas las cuantías pendientes.

Pero, ¿por qué se producen estos embargos? Cuando un deudor no abona las cuotas de la Seguridad Social ni en el periodo voluntario de ingreso ni en el periodo ejecutivo, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tiene la obligación de proceder contra su patrimonio para tratar de saldar las cuentas. Es en ese momento donde pueden producirse los embargos que pueden afectar directamente a sus ingresos bancarios o también a sus bienes muebles o inmuebles.

Los embargados suelen ser de forma generalizada empresas, autónomos o profesionales que no pagan sus cuotas a la Seguridad Social y a los que el organismo embarga los bienes para poder cobrar esa deuda. Como ejemplo, una de las próximas subastas que tiene prevista la delegación en Santa Cruz de Tenerife: sillas de barbería por 450 euros, secadores de pelo por 60 o 30 euros o un sillón lava cabezas por un precio de tasación de 300 euros. Sin duda, mobiliario de una peluquería que ha cerrado sin ponerse al día con la Seguridad Social. Pero entre las próximas subastas previstas también hay fincas urbanas, como las tres que va a subastar la delegación de Las Palmas, y una veintena de vehículos, entre los que hay un Land Rover Range Rover, un Mercedes o un BMW.

¿Quién puede presentarse a las subastas? Cualquier persona que no se vea afectada por las incompatibilidades que marca la ley como ser personal de la Unidad de Recaudación Ejecutiva o un funcionario directamente implicado en el procedimiento.

Para participar hay que identificarse y presentar un sobre cerrado con la oferta. Junto a ello habrá que consignar el 25% del precio de salida de la subasta del bien por el que se vaya a pujar con un cheque certificado. Y es precisamente este sistema de subastas públicas presenciales de forma exclusiva el que está lastrando su funcionamiento, según el Tribunal de Cuentas. Mientras la Tesorería de la Seguridad Social sigue celebrando así sus pujas, obligando además a presentar toda la documentación de forma física, otras administraciones públicas como la Tributaria o la de Justicia ya celebran subastas electrónicas.

Que no sea posible presentar ofertas online provoca una menor concurrencia a las pujas, además de que existe el riesgo de extravío de la documentación y una mayor necesidad de espacio físico para su custodia, además de que alarga los plazos de gestión. El Tribunal de Cuentas también critica que celebre una segunda subasta pública sin variar el precio y que la consigna se realice a través de un cheque, lo que también provoca mayores trámites a los interesados.

La falta de personal en las delegaciones provinciales también reduce el número de subastas públicas

En Canarias, todas estas dificultades ocasionaron que en 2021 –el año en el que se realizó el informe– de las 143 subastas organizadas solo 60 fueran adjudicadas por un importe de 578.229 euros. Sin embargo, 69 quedaron desiertas y 17 fueron suspendidas, lo que ocasionó que la Seguridad Social dejara de recaudar 1,9 millones de euros.

A la inoperatividad del sistema de subastas se une en el caso de Canarias la falta de personal. Así lo recoge también el informe del Tribunal de Cuentas que señala a la delegación de Las Palmas como una de las que no organizó subastas en dos de los tres años analizados en el estudio. Una situación que tal y como se recoge «podría poner de manifiesto una relativa dejación de funciones» debido al retraso en el saldo de las deudas pendientes y el posible riesgo de que algunas de ellas puedan prescribir. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas aclara que en el caso de la delegación provincial de Las Palmas ha venido acusando durante los últimos años una «importante escasez de plantilla» en relación al número de expedientes a gestionar. Por lo que se han visto obligados a «priorizar aquellas tareas menos exigentes en recursos humanos» y que tienen más repercusión en el objetivo de recaudación.

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