Los cibervigilantes detectan cada día en Canarias 261 sistemas 'hackeados'

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) detecta cada día en Canarias una media de 261 sistemas informáticos –ordenadores, portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas...– expuestos a los hackers. Son lo que en la jerga cibernética se conoce como dispositivos vulnerables, una categoría en la que entran desde esos equipos infectados con software malicioso hasta aquellos que quedan desprotegidos y ante los ojos de cualquier pirata de Internet. Se trata de un problema generalizado en toda España, si bien el número de sistemas comprometidos en las Islas está por encima de la media. Y no es precisamente una cuestión baladí, ya que muchos de los miles de dispositivos hackeados o desprotegidos son de empresas e instituciones, con lo que su bloqueo o la pérdida de su control puede echar por tierra la cuenta de resultados del mes e incluso el buen funcionamiento de servicios públicos fundamentales.

El Incibe acaba de publicar su Balance de ciberseguridad de 2022. Y lo primero que llama la atención es que los técnicos del organismo público –el Instituto depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital– tuvieron que ocuparse el año pasado de casi 119.000 incidentes más que en 2021. El número de casos se incrementó así un 9% de un año para otro, lo que da una idea de hasta qué punto proliferan los ataques y los hackeos en la red de redes y, en consecuencia, de hasta qué punto es vital proteger nuestros smartphones, los sistemas de las empresas y, por supuesto, los equipos y ordenadores de la Administración pública.

En el caso de Canarias, el Incibe contabilizó a lo largo de 2022 la friolera de casi 100.000 dispositivos vulnerables, exactamente 95.290. Es la primera vez que el organismo estatal, encargado de dar soporte y ayuda en materia de ciberseguridad a ciudadanos, empresas, administraciones e instituciones académicas y de investigación –sobre todo a aquellas que gestionan infraestructuras críticas–, ofrece este dato en su balance anual por Comunidades Autónomas. Esos 95.290 equipos y sistemas «potencialmente expuestos, comprometidos o vulnerables» descubiertos por el Incibe suponen una media de 7.941 casos mensuales, 1.985 semanales y alrededor de 261 diarios. De todos ellos, 47.431 incidentes se registraron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los restantes 47.859, en la demarcación de Las Palmas. Son cifras más que considerables que, sin embargo, quedan muy por debajo, como es lógico, de las contabilizadas en Madrid, donde a lo largo de 2022 se descubrió la friolera de 637.000 dispositivos vulnerables; Barcelona, donde se superaron los 443.000 equipos y/o sistemas hackeados; o Valencia, con unos 157.500 casos.

Los técnicos del Incibe tuvieron que intervenir a lo largo del año pasado en, exactamente, 118.820 incidentes de todo tipo: filtraciones de datos sensibles, sistemas críticos hackeados, ciberestafas... Pues bien, de esos miles de casos, hasta un 38%, es decir, 38 de cada cien y casi cuatro de cada diez, era de alta peligrosidad. Y un 1,8%, prácticamente dos de cada cien, era de muy alta peligrosidad.

El balance del Instituto Nacional de Ciberseguridad muestra que el fraude online, en sus distintas versiones, es el delito más frecuente en la red. De hecho, uno de cada cuatro incidentes en los que intervinieron el año pasado los técnicos de la empresa pública fue por intento de fraude. Fraude en forma de phishing, ese correo electrónico que se recibe de una entidad en apariencia legítima y cuya identidad se suplanta con el objetivo de robar información privada, de realizar un cargo en la tarjeta bancaria o de infectar el dispositivo; en forma de malware, ese software malicioso que sirve para extraer datos del ciudadano o empresa y/o para alterar el funcionamiento de su ordenador, móvil o tableta; o en forma de ransomware, esos programas que se emplean para secuestrar la información de un dispositivo y pedir un rescate por su liberación. Hay incluso tiendas por Internet, cibertiendas, que en realidad son tapaderas para perpetrar este tipo de estafa. El trabajo de los profesionales del Incibe ayudó a cerrar 654 de estas supuestas empresas solo el año pasado.

El Incibe también se topó en 2022 con más de 5.000 sitios web con contenido abusivo. Espacios donde se alentaban los delitos de odio, donde el ciberacoso –en muchos casos a menores– era práctica habitual o donde se mostraba o compartía pornografía infantil, es decir, espacios donde tenía cabida lo más deleznable de Internet. Hay que recordar que el Incibe, como entidad de servicio público que es, está también para atender las consultas y preocupaciones de ciudadanos y empresas. La línea de ayuda del Instituto recibió en el último año la friolera de 67.322 llamadas.

De esas más de 67.000 consultas, algo más de la mitad, un 55%, fueron para prevenir un posible incidente, mientras que el 45% restante fueron personas, instituciones o entidades que buscaban ayuda para solucionar un problema, para defenderse de un ataque cibernético o para intentar salir de cualquier otro entuerto. Detrás de una de cada cuatro llamadas había un posible caso de phishing, y hasta un 10% de las comunicaciones fueron de ciudadanos que buscaban asesoramiento para llevar a cabo una compra o transacción sin comprometer ni sus datos ni su dinero, de forma segura.

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