Europa desoye a las RUP y los vuelos internacionales pagarán la ‘tasa verde’

La Eurocámara ha aprobado por amplia mayoría –463 votos a favor, 117 en contra y 64 abstenciones– la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) para el sector de la aviación comercial. El Parlamento comunitario ha convalidado así un texto legislativo que mantiene las bases de la propuesta de la Comisión. Un texto que no recoge la petición de las Regiones Ultraperiféricas, con Canarias a la cabeza, de excluir del RCDE –lo que en las Islas se ha popularizado como la tasa verde por más que el término sea erróneo– todos los vuelos que conecten estos singulares territorios con cualquier punto de la Europa continental. La resolución aprobada la semana pasada en Estrasburgo ha suscitado el necesario asenso del Consejo, que ha anunciado que las dos instituciones colegisladoras han alcanzado un «acuerdo político provisional» para descarbonizar el transporte aéreo en la UE. Como era de esperar, por más que las RUP y el mismo Gobierno de Canarias vengan insistiendo en que someter a los vuelos internacionales a la tasa verde pone en jaque la movilidad y la economía de estas regiones –las aerolíneas se han cansado de repetir que se encarecerán los billetes que pagan esos millones de turistas extranjeros que sostienen las empresas y el empleo en la Comunidad Autónoma–, los europarlamentarios no han hecho caso ni a la petición de las RUP ni a las advertencias del sector.

Solo queda por delante llevar el texto al Comité de Representantes y la posterior ratificación

La resolución legislativa de la Cámara comunitaria libera de las exigencias del RCDE –de momento hasta el 31 de diciembre de 2030– a los vuelos interinsulares y también a los que conectan el Archipiélago con el resto de España. Y gracias, porque ni siquiera esto estaba garantizado, lo que habría encarecido los billetes para moverse dentro del territorio nacional y habría dejado a los canarios en una manifiesta posición de desventaja respecto de sus compatriotas madrileños, catalanes, vascos o andaluces. Sin embargo, a lo que Bruselas no ha estado dispuesta es a librar de la tasa verde a los vuelos entre Canarias –y las demás RUP– y los Estados miembros no nacionales. Sí estarán sujetos al RCDE los trayectos entre las Islas y, por ejemplo, París o Berlín.

En adelante, las compañías aéreas necesitarán un título, esto es, un derecho de emisión, por cada tonelada equivalente de dióxido de carbono que lancen a la atmósfera. Estos derechos se compran y se venden, por eso se habla de un mercado de derechos. A las empresas no se les impone un límite máximo de emisiones: se le impone a cada sector –en este caso a la aviación comercial–. Esto es lo que permite crear ese mercado que penaliza a las firmas rezagadas en la transición energética –seguirán gastando dinero en derechos de emisión– y premia a las que apuestan por la sostenibilidad, que lanzarán menos gases de efecto invernadero y, por tanto, necesitarán menos derechos. El caso es que los vuelos entre Canarias y cualquier otro punto del territorio comunitario han estado exentos del RCDE, una excepción para que las RUP no se queden desenchufadas de la Europa continental. Al fin y al cabo, el RCDE supone un sobrecoste; si no para todas las aerolíneas, sí al menos para el sector. Pero la excepción se ha acabado.

Está por ver en qué medida subirán los billetes que pagan todos esos extranjeros que con sus vacaciones sostienen el 35% del PIB regional y miles de puestos de trabajo. Por un lado, en el sector de la aviación calculan que la medida pone en jaque un 10% de la facturación turística del Archipiélago, por lo que estarían en riesgo alrededor de 1.400 millones; pero, por otro, la Comisión Europea contradice a las aerolíneas y asegura que el sobrecoste del queroseno que implica el RCDE no disparará los precios, no al menos hasta el punto de comprometer la conectividad de las RUP. De hecho, incluso hay voces que defienden que a las Islas les conviene asumir cuanto antes las nuevas exigencias comunitarias.

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