Después de cuatro años con la disciplina presupuestaria de las reglas de estabilidad europea en suspenso, la Comisión Europea ha dado un impulso al diseño de unas nuevas reglas con la presentación de su propuesta legislativa. La idea es que las nuevas reglas presupuestarias de obligado cumplimiento para los Estados estén aprobadas definitivamente en el segundo semestre de 2023, bajo presidencia española de la UE, para su aplicación plena en los Presupuestos de 2025. Las Cuentas de 2024 se plantean como de transición hacia ese nuevo modelo.
1. ¿Por qué unas nuevas reglas?
Las instituciones europeas abrieron el debate para el diseño de unas nuevas reglas a principios de 2020, antes del estallido de la crisis sanitaria del la Covid. La crisis financiera de 2008 y la posterior crisis de deuda del euro (a partir de 2010) pusieron de manifiesto la ineficacia de las reglas definidas desde 1992 para lograr el objetivo de un déficit inferior al 3% del PIB y una deuda por debajo del 60% del PIB en cada uno de los estados miembros. Las reglas, aún vigentes, para lograr esos objetivos demostraron ser complejas, poco transparentes, de difícil cumplimiento y procíclicas: cuando a los países les iba mal, con las reglas les iba peor (como se puso en evidencia con la crisis de Grecia) y viceversa. Su sistema de sanciones, con multas que podían llegar al 0,5% del PIB, nunca llegó a aplicarse a pesar de los flagrantes incumplimientos en los que fueron incurriendo tanto Alemania y Francia, como después los países del Sur (Grecia, Italia, España, Portugal o Irlanda). La reforma se plantea como objetivo una reducción gradual y sostenida de la deuda pública, compatible con el crecimiento económico y la inversión.
2. ¿Se conservan las referencias del 3% y del 60% del PIB?
Sí, las nuevas reglas conservarán los objetivos establecidos en el Tratado de Maastricht (1992) de un déficit público inferior al 3% del PIB y una deuda por debajo del 60% del PIB. Lo que cambian son las reglas para conseguir esos objetivos. Se pretende que sean más graduales y adaptadas a la situación de cada país. Además, a última hora, la propuesta de la Comisión Europea ha incorporado que cuando un país tenga un déficit superior al 3%, como mínimo deberá acometer un ajuste anual del 0,5% del PIB en sus planes de ajuste a cuatro años (España cerró 2022 con un déficit del 4,8% del PIB y prevé situarlo por debajo del 3% en 2025).
3. ¿Cuáles son los cambios principales?
En el nuevo esquema, los países con una deuda superior al 60% del PIB (España cerró 2022 con una tasa del 113%) deberán diseñar, de acuerdo con las instituciones europeas, un plan de ajuste a 4 años, ampliable a 7 años si se asumen determinados compromisos de inversiones y reformas. En la actualidad, los planes de convergencia abarcan tres años.
Además, los ajustes se definirán a partir de un techo de gasto (se determinará un determinado porcentaje anual de variación del gasto primario neto, sin tomar en cuenta los intereses de la deuda pública ni el gasto cíclico en desempleo). En la actualidad, cuando un país supera el nivel de deuda del 60% del PIB rige la llamada regla de 'la veinteava parte': la diferencia entre el nivel de deuda y el 60% debe ser eliminada en el plazo máximo de 20 años, a razón de un veintevo de la diferencia cada año.
4. ¿Cómo tendrán que ajustar sus cuentas los países?
Cada país deberá acordar con las instituciones europeas un plan de ajuste a cuatro años del gasto primario (para el periodo 2025-2028) que garantice dos cuestiones. Primera: que el déficit se sitúe (o mantenga) por debajo del 3% del PIB. Segunda: una corrección de la deuda pública que debería continuar su pendiente durante los 10 años posteriores al periodo del plan (hasta 2038) aunque no se adoptaran nuevos ajustes. El plazo de cuatro años podrá alargarse a siete si el plan se asumen determinados compromisos de inversión y reformas.
5. ¿Cómo afectará a España?
Con datos de 2022, hay trece países de la Unión Europea con un nivel de deuda por encima del 60% del PIB y España es uno de ellos. España cerró 2022 con un nivel de deuda del 113% del PIB, solo por debajo de Grecia, Italia, Portugal y Francia. España, pues, es uno de los países que quedará más enfocado por las nuevas reglas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha hecho algunos cálculos estimativos para España. Según estos, para cumplir los requisitos de las nuevas reglas España debería planificar un ajuste en torno al 0,43% del PIB anual durante cuatro años, equivalente a unos 5.720 millones cada año, que es una cantidad similar a la del gasto en Sanidad del Estado (para los cuatro años el ajuste sumaría 22.876 millones en total). En caso de aplicar un plan a siete años, la estimación de la Airef señala la necesidad de un ajuste anual en torno al 0,32% del PIB, equivalente a unos 4.256 millones cada año, que es una cantidad similar a la del gasto en Educación (becas) del Estado (para los siete años, el ajuste sumaría 29.792 millones).
6. ¿Se mantendrá el régimen de sanciones?
La reforma que plantea Bruselas mantiene el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) e incorpora un esquema de sanciones, pero este será diferente al actual. Habrá sanciones económicas, pero no tan elevadas como las del modelo aún vigente (sanciones entre el 0,2% y el 0,5% del PIB) con el fin de que puedan llegar a ser efectivas y aplicables. Además habrá sanciones reputacionales, como por ejemplo, la comparecencia de los jefes de gobierno ante el Parlamento Europeo. Las sanciones se activarán cuando los países se alejen de la senda de ajustes a cuatro o siete años pactada con la Comisión Europea.
7. ¿Cuándo entrará en vigor el nuevo modelo?
Se prevé que los estados miembros puedan firmar un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales en el segundo semestre de 2023, coincidiendo con la presidencia española de la UE. El objetivo es que las nuevas reglas entren en vigor en 2025. De momento, 2024 se plantea como un año de transición: no estarán en vigor aún las nuevas reglas, pero la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que preparen sus Presupuestos de 2024 de la forma más ajustada posible a ellas, con los ajustes necesarios. Además, en la primavera de 2024 se recuperará el examen del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), que quedó en suspenso de 2020 (con la crisis del covid) y que escrutará las cuentas de 2023.
8. ¿Están de acuerdo todos los países?
España y Holanda han liderado el debate a favor de una mayor flexibilidad de las reglas de estabilidad. Alemania ha presionado para que esa mayor flexibilidad no se traduzca en un esquema más laxo y pretende la incorporación de referencias numéricas claras que permitan un escrutinio estricto de su cumplimiento. De ahí que, a última hora, la propuesta legislativa de la Comisión Europea haya incorporado la exigencia de un ajuste anual mínimo del 0,5% del PIB para países con un déficit superior al 3% del PIB.
