Las patronales canarias de la construcción piden a Torres no aplicar la ley de vivienda

Las dos patronales provinciales de la construcción le piden al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que no aplique la nueva ley de vivienda, una normativa que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sacará adelante en el Congreso gracias a los apoyos de los independentistas vascos y catalanes –Bildu y Esquerra–. Tanto la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas como la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) apelan a la sensatez del jefe del Gobierno autonómico para evitar la intervención del mercado inmobiliario en el Archipiélago. «Pedimos de manera contundente que esta ley no se aplique en Canarias; lo hago con el conocimiento de que Ángel Víctor Torres es una persona razonable y de su preocupación por resolver los problemas de las Islas», explicó este miércoles la presidenta de la AECP, María de la Salud Gil.

La contundencia de la representante del sector en la provincia oriental es la misma con que se manifiesta su homólogo de la demarcación tinerfeña: «Nuestro rechazo es rotundo; esta no es una normativa para aplicar, es mera propaganda». El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, ahondó en que se trata de una ley «sacada a última hora con vistas a conseguir el voto de las muchas personas que tienen necesidad de una vivienda». «Es una palanca electoralista que no persigue los objetivos que predica, un fraude que no resolverá el déficit habitacional», remató Salud Gil.

La nueva ley de vivienda golpea a los pequeños caseros de Canarias

Intervenir el mercado no construye viviendas

María de la Salud Gil

— Presidenta de la AECP

La nueva ley de vivienda tiene como medida estrella la consolidación de la limitación de los alquileres. Con la justificación de aliviar los bolsillos de los inquilinos y de evitar que la ola inflacionaria disparase aún más los precios de los arrendamientos, el Gobierno central decidió en marzo de 2022 fijar en un 2% el máximo en que los propietarios podían subirles a sus huéspedes el recibo mensual del piso o la casa –en el caso de los pequeños caseros puede superarse ese límite solo si el inquilino lo consiente, algo de por sí improbable pero que de cualquier forma también contribuye a encarecer el mercado–. La nueva normativa establece el límite para 2024 en el 3%, y de 2025 en adelante regirá un nuevo índice que sustituirá al IPC, la tradicional referencia para la actualización de los contratos entre dueños y huéspedes. Y ello pese a que el tope legal de los alquileres se ha revelado de todo punto inútil para contener los precios. Tan es así, que estos se han incrementado en Canarias la friolera de un 11,4% desde que el Gobierno de Sánchez se lanzara, hace ya un año, a intervenir el mercado. Además, la flamante normativa convierte de la noche a la mañana a los propietarios de cinco inmuebles en grandes tenedores, así que como si de un fondo de inversión se tratase, estos pequeños rentistas se verán sometidos a las mayores limitaciones que les impone la ley.

Esta no es una normativa para aplicar, es mera propaganda

Óscar Izquierdo

— Presidente de Fepeco

Lo anterior está detrás de la negativa de Madrid o Andalucía a aplicar esta ley, al menos en todo aquello que no sea obligatorio, lo que incluye la limitación de los precios, ya que la competencia en vivienda la ejercen los Ejecutivos regionales. Es más, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará la normativa ante el Constitucional. Mientras, el Gobierno canario ha recibido la ley con satisfacción –«la apoyamos con claridad», ha dicho el propio Torres–, de ahí que los empresarios den un paso adelante para solicitar que no se ponga en práctica, porque si no, «subirán más los precios», avisa Izquierdo.

«Intervenir el mercado no construye viviendas», subrayó la presidenta de la AECP, y «perseguir» a los propietarios y equiparar a los dueños de cinco inmuebles a un fondo de inversión «retraerá el mercado del alquiler», agregó. Salud Gil y el representante de Fepeco insistieron así en las previsibles consecuencias sobre las que vienen alertando expertos y analistas: retirada de casas del mercado, menos producción de vivienda para alquiler, una mayor brecha entre oferta y demanda y, en consecuencia, precios aún más altos. En este sentido, la dirigente de la AECP recordó una evidencia que, sin embargo, suele pasar desapercibida, y es que el «verdadero» problema está en la falta de oferta, es decir, en que no hay casas y pisos en un número suficiente para satisfacer las necesidades de una población creciente a un precio digamos razonable. Por eso repitió que «intervenir el mercado no construye casas».

Salud Gil apuntó que la solución pasa por un gran pacto de colaboración público-privada para «movilizar» tanto el suelo público como ese suelo privado destinado para viviendas de protección oficial. Hay margen para sacar hasta 8.000 casas en cinco años. Y, por supuesto –profundizó la presidenta de la AECP–, urge declarar la vivienda área de «interés estratégico», de modo que se aligeren todas esas gestiones, trámites y burocracia que lastran los proyectos. No puede ser, añadió, que el porcentaje de viviendas protegidas sobre el total sea de un exiguo 1,74%.

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