La Sareb tiene 831 viviendas en las Islas; solo el 12% en las capitales y una parte está okupada
La Asociación de Expertos Inmobiliarios califica de «bluf» el último anuncio de Sánchez
El acuerdo entre PSOE, Podemos, Bildu y Esquerra para sacar adelante la nueva ley de vivienda ha venido acompañado del anuncio de Pedro Sánchez de que van a ponerse 50.000 viviendas de la Sareb a disposición de los ciudadanos. Un anuncio que el delegado en las Islas de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), Isidro Martín, califica de «bluf» y que Vanesa Rubio, gerente de Inmobiliaria Olympo –una de las firmas de referencia en el sector–, ve «claramente electoralista». De hecho, el banco malo –la Sareb es el ente que asumió los activos tóxicos de las entidades financieras tras el estallido de la Gran Recesión de 2007-2014– solo tiene en cartera en el Archipiélago un total de 831 viviendas, una cifra que por sí sola no dice gran cosa pero que es residual. Para hacerse una idea de esto basta con apuntar que un estudio de la consultoría Corporación 5 cifró en 10.700 las casas que habría que poner cada año en el mercado solo para evitar que el déficit de viviendas siga creciendo. Y no solo eso, sino que, además, Martín precisa que una parte no precisamente menor de esa pequeña cartera de 831 inmuebles, de los que solo el 12% está en las dos capitales, no está en condiciones de salir al mercado de la noche a la mañana, entre otras cosas porque muchas de esas casas están okupadas.
Tanto Rubio como el delegado de la APEI hicieron también hincapié en que la nueva ley romperá la unidad nacional de mercado. Hay Gobiernos autonómicos, como el de Canarias, que bendicen la normativa y, por tanto, la aplicarán, mientras que los Ejecutivos regionales liderados por el PP ya han avisado que no van a poner en práctica la ley. Estos últimos argumentan que la intervención del mercado del alquiler conducirá a que muchos propietarios opten por vender sus inmuebles, con lo que se reducirá aún más la oferta y, en consecuencia, subirán los precios. En ello también coinciden Martín y la gerente de Inmobiliaria Olympo. En última instancia, esto desviará muchas inversiones hacia las autonomías que no apliquen la ley. «El sector inmobiliario está de luto», asegura el experto de la APEI. «Es un varapalo para el sector, y, además, va a tener el efecto contrario al deseado: se reducirá la oferta y se encarecerán los alquileres», resume Rubio.
Ambos profesionales insisten en que es necesario ayudar a esa parte de la población excluida del mercado o que se las ve y se las desea para pagar el recibo mensual de la casa, pero este no es el caso de una ley que carga en los propietarios «la deficiente política social, y más en concreto la inexistente política de vivienda, de los poderes públicos». «Con esta norma no se va a sacar más vivienda al mercado», asegura Martín.
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