Condenan a Gestión del Medio Rural a pagar 281.000 a la empresa Atos

Gestión del Medio Rural (GMR) tendrá que pagar 280.998 euros más intereses a la empresa Atos Consulting Canarias. La primera, empresa pública adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, demandó a la segunda por el presunto incumplimiento del contrato que las unía para el desarrollo de una plataforma de venta on line de productos canarios en el territorio continental europeo. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, Ana Delia Hernández, firmó el 27 de marzo una sentencia en la que desestima las intenciones de GMR y la condena a abonar gran parte de la cantidad pactada en la licitación a Atos.

Contra la decisión de Hernández cabe recurso de apelación. La mercantil pública canaria tiene hasta el 2 de mayo para presentarlo e intentar evitar la salida de las arcas públicas de la suma por la que ha sido condenada.

El inicio del conflicto se sitúa en el intento por conseguir poner en marcha un escaparate en el que los turistas pudieran adquirir, ya de regreso en sus lugares de origen, productos que probaron durante su estancia en las Islas.

Pablo Zurita, consejero delegado de GMR, y la parte más próxima de su equipo decidieron que la licitación –337.925 euros– había fracasado por supuestos continuos retrasos de Atos. La pretensión era que devolviera los 163.049 euros que había recibido hasta el momento en que la tensión se disparó entre las partes, cesaron los pagos por parte de GMR y se inició un intercambio de correos electrónicos en los que unos y otros describían realidades claramente distintas.

Los rectores de Atos contraatacaron. No solo negaron ser responsables de los retrasos que se produjeron para la puesta en marcha de la plataforma, sino que formularon otra demanda reconvencional en la que achacaban a los silencios de la propia GMR la tardanza en alumbrar esta herramienta comercial. La magistrada Hernández desestimó la demanda de la empresa pública y la condenó en costas, mientras que estimó parcialmente la de Atos, que exigía 331.289 euros en concepto de indemnización.

«La frustración del fin del contrato no se produjo por causa o incumplimiento» de la compañía que ganó la licitación para la puesta en marcha de la plataforma, «sino por la actuación (o más bien omisión) de GMR», sostiene la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife en el fundamento de derecho quinto de la sentencia.

Mientras Gestión del Medio Rural sostenía que prácticamente no había nada hecho, Atos aseguraba contar con el 80% a plena disposición y el resto, pendiente de obtener las respuestas que nunca le daban. Y mientras la empresa pública se preguntaba por el paradero de un software en pruebas que nunca la llegó, la sentencia incide en que el contrato firmado entre las partes no obligaba a la entrega de esa demo en ninguna cláusula.

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