Agricultura, aún en pañales con el control de la cadena alimentaria

Las medidas para hacer cumplir la Ley de Cadena Alimentaria en Canarias no acaban de arrancar. Las inspecciones que deben vigilar que la normativa se cumple y que los agricultores no reciben por sus productos un precio menor al de los costes de producción están todavía en pañales en el Archipiélago. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional realizó el año pasado solo cinco controles, según los datos del informe de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), siendo la autonomía con el número más bajo, solo por detrás de Baleares.

La responsable del departamento, Alicia Vanoostende, ya ha reconocido las dificultades para poner en marcha la norma en las Islas y ayer anunció que después de Semana Santa se iniciarán las visitas de inspección, que se centrarán en once productos del sector primario canario. Sin embargo, los agricultores y ganaderos creen que todavía quedan muchos flecos por cerrar para que pueda llegar a ser efectivo.

Las organizaciones agrarias creen que se han producido «avances» pero no son suficientes

En concreto, las producciones que estarán sujetas a este control serán el calabacín, las papas, la papaya, el plátano, el tomate, las naranjas, lechugas, piñas de millo, sandías y melones, además de la leche cruda. La consejera explicó que la elección de estos productos se ha basado en que son en los que se ha detectado una mayor diferencia entre el precio en origen y en el destino y en que se trata de variedades muy cultivadas en las Islas. "Hemos avanzado mucho con respecto a la aplicación de la ley en Canarias en cuestiones tan importantes como los cálculos de los costes de producción, el observatorio de precios o los cuadros de mando de importación y exportación de productos", detalló Vanoostende, pero a pesar de que se ha anunciado en varias ocasiones el inicio de las inspecciones -que acarrean sanciones para los incumplidores- estas no han llegado a desplegarse.

Ayer la Consejería celebró una jornada informativa con las principales organizaciones agrarias y profesionales del sector para presentarles el programa anual de actuaciones y vigilancia. Para desarrollarlo, se ha tomado como referencia el de la Agencia de Información y Control Alimentario pero adecuándolo a las singularidades del sector agroalimentario de Canarias. El documento tiene tres apartados. El primero es el Programa General de Vigilancia, que llevará a cabo las comprobaciones de oficio sobre un conjunto preestablecido de prácticas comerciales, productos y sectores. Una segunda para será la de indicios que incorporará nuevas líneas de actuación que no se hayan previsto inicialmente. El tercero es el de comprobación de denuncias, en el que se comprobarán las que se presenten a la autoridad de control autonómica de manera telemática.

Sin embargo, los agricultores del Archipiélago creen que todavía quedan muchas cosas por cerrar. "Cuando hemos preguntado por el número de inspectores nos dicen que se hará con personal propio de la Consejería pero si ya no dan abasto con las inspecciones rutinarias, ¿cómo van a hacerse cargo de esto?", se pregunta el secretario general de Asaga, Theo Hernando. Según explica deberán fiscalizarse todos los contratos de una cuantía superior a los mil euros vinculados a alguno de los productos que se van a inspeccionar. "Es un trabajo ingente", admite, ya que es un volumen de información muy importante que no solo deberá comprobar que los precios no están por debajo de los costes de producción sino que los pagos no excedan los 30 días.

Canarias es junto a Baleares la comunidad que menos controles realizó en 2022

Hernando también señala que no existe un órgano específico que se encargue de estas inspecciones. "Se le han encargado de forma provisional a la Viceconsejería del Sector Primario", expone, algo que a su juicio no se ajusta a la realidad. Sin embargo, para la Consejería haber podido encargar a este departamento el control de la ley de cadena alimentaria salva uno de los principales escollos para su aplicación. "En breve dispondremos del informe del Consejo Consultivo de Canarias, que es el último paso para que el Gobierno regional apruebe el reglamento que permita tener las plenas competencias de la ejecución de la ley de cadena alimentaria", aseguró Vanoostende.

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