Inclusión financiera

PSOE y UP proponen que los mayores tengan atención preferente en los bancos tres horas al día

Los dos grupos quieren obligar a las entidades a contar con un "gestor del mayor" en sus sucursales y que un solo empleado resuelva las dudas telefónicas hasta el final

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital comparece a petición propia en el Congreso.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital comparece a petición propia en el Congreso.

Pablo Allendesalazar | Rosa María Sánchez

El PSOE y Unidas Podemos, como partidos de la coalición de Gobierno, pretenden que los bancos estén obligados a ofrecer atención preferente y presencial a los mayores en sus oficinas durante un mínimo de tres horas al día. Así aparece recogido en las enmiendas que han presentado al proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, a las que ha tenido acceso este diario. De salir adelante su propuesta, en cada una de sus oficinas tendrán que designar una persona con "formación y cualificación específica" que asuma el cargo de "gestor del mayor". También habrán de impartir programas de formación específicos para los empleados encargados de la prestación personalizada a colectivos vulnerables.

Los dos grupos parlamentarios, además, quieren que las entidades deban garantizar la atención presencial al público general en sus oficinas al menos dos días laborables por semana, con un mínimo de seis horas en cada uno de ellos. Paralelamente, plantean que tengan la obligación de contar con un servicio de atención telefónica personalizada sin coste, operativo durante todo el horario comercial, de "atención preferente, exclusiva y por una misma persona hasta la resolución de la cuestión o incidente", que deberán estar a disposición particularmente de los mayores.

PSOE y UP también pretenden que los bancos tengan que implementar medidas como sistemas de lectura fácil y buscadores sencillos en sus páginas web y aplicaciones para los teléfonos móviles. En cuanto a la inclusión financiera de la España rural, quieren que las entidades deban garantizar la instalación y el correcto funcionamiento, tanto en sus oficias como por otros medios, de dispensadores de dinero en efectivo que sean "accesibles y de uso fácil". Los criterios de localización geográfica y número de habitantes de los municipios beneficiarios se determinarán mediante un reglamento.  

Los dos grupos parlamentarios, por otra parte, proponen facultar al Banco de España para que pueda hacer inspecciones de 'mistery shopping' en la comercialización y contratación de servicios bancarios (es decir, sin que sus funcionarios tengan que preavisarlo ni identificarse como tales). También quieren que los contratos con los bancos para servicios de pago se puedan rescindir por parte del cliente sin preaviso y en 24 horas, es decir, con la misma facilidad con que las entidades permiten abrirlos por internet. 

PSOE y UP, además, han pactado ciertas mejoras en el acceso a las cuentas de pago básicas (las que las entidades están obligadas a conceder a colectivos vulnerables como inmigrantes sin permiso de residencia), aunque también han presentado enmiendas individuales en este campo porque mantienen ciertas diferencias al respecto.

Reforzar los compromisos

Los grupos de la alianza del Gobierno, así, han planteado elevar a rango de ley una serie de obligaciones para que entidades de crédito -y también las empresas de inversión, aseguradoras y fondos de pensiones- tengan que prestar servicios personalizados a sus clientes, particularmente a colectivos vulnerables como los mayores de 65 años, las personas con discapacidad y los habitantes de municipios con una población inferior a 5.000 habitantes. A través de dos Códigos de Buenas Prácticas, los bancos se comprometieron el año pasado a mejorar el servicio a mayores y personas con discapacidad, así como a llevar el acceso al efectivo a la España rural. 

Ambos planes fueron revisados hace unos días en una reunión por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, las patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc), la asociación de consumidores Asufin y representantes de los mayores. En el encuentro, se hizo una valoración positiva de los avances y las entidades se comprometieron formalmente a no retirar las libretas de 65 años. La adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas es voluntaria, pero una vez suscritos (como ha hecho la mayoría del sector) su cumplimiento es obligatorio. Con el cambio que proponen PSOE y UP, varias de las obligaciones incluidas en dichos planes podrían reforzar su nivel de obligatoriedad.

Seguridad Social

El PSOE y Unidas Podemos, por otra parte, han planteado que las pensiones y prestaciones de la Seguridad Social puedan ser abonadas a sus beneficiarios no solo a través de las oficinas bancarias, sino también a través de determinados establecimientos colaboradores de las entidades financieras. "El modelo de negocio de estas entidades, como puede ser el de las entidades de pago, se basa en el establecimiento de un elevado número de puntos de servicio presencial por todo el territorio nacional -por ejemplo, pequeños negocios genéricos de restauración o venta donde se instale un punto de acceso y servicio presencial-, lo cual les permite tener más usuarios y no tener que exigirles ingresos periódicos de un determinado nivel, y de esta manera ser percibidas por la población como más accesibles", han justificado los grupos en una enmienda similar a otra del PNV.

Los partidos que conforman la alianza del Ejecutivo, así, han propuesto introducir "nuevos sistemas de colaboración en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que favorezcan la inclusión financiera", según la enmienda. "Se refuerza así la respuesta que el proyecto [de ley] quiere darle al problema del acceso a los servicios financieros por parte de la población", justifican. En particular, lo que pretenden es añadir un nuevo apartado al artículo 79 de la Ley General de la Seguridad Social para que "las entidades financieras y sus agrupaciones o asociaciones, debidamente registradas en el Banco de España" puedan ser autorizadas "por sí mismas o a través de entidad representante" para "colaborar en el pago de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social".

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