La banca debe aún a los canarios 1.200 millones por las cláusulas abusivas

La banca debe dinero a los canarios. En concreto, más de 1.200 millones de euros en dinero cobrado de más vinculado a cláusulas abusivas incluidas en los préstamos hipotecarios firmados por los isleños en los últimos años. Este es el cálculo que realiza la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae), que estima que todavía falta por abonar a los clientes del Archipiélago, por los importes que pagaron de más por las cláusula suelo y los gastos hipotecarios, una ingente cantidad de fondos –equivalente al 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas–, a pesar de que algunas de estas disposiciones fueron declaradas nulas hace una década.

Adicae apunta que en la comunidad existen 521.000 usuarios a los que la banca todavía adeuda estas cantidades. De ellos. 329.000 están afectados por lo cobrado de más por los gastos hipotecarios, a los que las entidades financieras deben en el Archipiélago 328 millones de euros. Se trata de una condición que se incluyó en la mayoría de las hipotecas, que asignaba al cliente la responsabilidad de abonar todos los gastos asociados a la formalización de este préstamo. Así, el usuario debía hacerse cargo del coste de la gestoría, la notaría, la tasación de la vivienda y el Impuesto Sobre Actos Jurídicos Documentados. El Tribunal Supremo la declaró abusiva en el año 2015, abriendo la puerta a que miles de afectados pudieran reclamar el dinero pagado de más. 

Las entidades financieras tendrían que devolver 24.000 millones a afectados de toda España

En Canarias también hay 191.605 personas a las que la banca todavía adeuda 874 millones de euros por lo que han pagado de más en sus hipotecas con cláusulas suelo. Esta es una de las disposiciones más comunes y consiste en que la entidad bancaria establecía un interés mínimo que debe pagarse en una hipoteca de tipo variable si el índice de referencia baja de ese umbral. De esta manera, la cuota no se reduce a pesar de estar vinculadas a una referencia –la más común es el Euríbor– que sí lo hacía. Con lo que hizo que muchos clientes no pudieran beneficiarse de la bajada de tipos que precedió a la crisis financiera de 2008. El Tribunal Supremo las declaró nulas y de carácter abusivo en 2013. 

Con todo esto, Canarias se sitúa como la quinta comunidad autónoma en la que la deuda bancaria con sus clientes vinculada a estas cláusulas abusivas es mayor. Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid son las que están a la cabeza. En todo el país, lo adeudado por las entidades financieras alcanza los 24.605 millones de euros y los afectados ascienden a 7,1 millones de personas. 

 Adicae considera este retraso en la devolución de estas cantidades supone un abuso para los consumidores que ahora deben enfrentarse a las subidas de los tipos de interés. Destacan que el Euríbor ha pasado de estar en negativo a pasar al 3,3% en solo doce meses y que la banca persiste en su posición de «imponer en las hipotecas condiciones abusivas». 

El retraso en la resolución de las reclamaciones alcanza los dos años en primera instancia

Al mismo tiempo que los tipos de interés se disparan, señala que se han registrado en Canarias 615 ejecuciones hipotecarias hasta septiembre del año pasado, mientras las solicitudes de reestructuración de deuda en el primer semestre de 2022 fueron solo 218, lo que supone una caída del 27% respecto al mismo periodo de 2021. Unas cifras que a su juicio «exponen la falta de eficacia del sistema». La organización se queja también del colapso que existe en los juzgados que se encargan de dirimir las reclamaciones de los clientes bancarios por cláusulas abusivas, que hace que los procesos se alargen de forma exagerada. Adicae asegura que se tarda más de dos años en resolver las causas en primera instancia y más de cuatro en la Audiencia provincial. 

Ante esta situación, la plataforma está llevando a cabo una batería de acciones para lograr la devolución del dinero que la banca todavía debe a los usuarios. Adicae reclama a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) que intervenga y también presentará escritos en el Congreso de los Diputados, el Consejero General del Poder Judicial y los Ministerios de Economía y Justicia. En Canarias se dirigirá también al Parlamento regional para tratar de recabar su respaldo de cara a reforzar su postura ante las Cortes Generales. 

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