El Gobierno da luz verde a la reforma de pensiones y a la ley de función pública

El Gobierno ha dado luz verde este jueves a la nueva reforma de las pensionesy el proyecto de ley de función pública. Así lo ha aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para acelerar la validación definitiva en el Congreso de dos medidas comprometidas con Bruselas y cuyo cumplimiento condiciona la recepción del cuarto desembolso de fondos europeos, de unos 10.000 millones de euros. "Con esta reforma blindamos el poder adquisitivo de todos los pensionistas, presentes y futuros", ha declarado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial.

El Ejecutivo de coalición culmina este jueves una de las reformas estructurales y de mayor calado de la legislatura: la del sistema público de pensiones. Una reforma diseñada a 40 años vista y que tuvo su primer hito en los jardines del palacio de Moncloa, en junio del 2021, cuando Pedro Sánchez firmó con la CEOE, CCOO y UGT el primer bloque de cambios, que, entre otros, vinculaban las prestaciones contributivas al IPC para que cada año estas subieran lo que subiera la inflación. Algo que ha tenido especial impacto este 2023, cuando dada la espiral de precios las pensiones han subido un 8,5%, un incremento histórico y sin precedentes.

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La patronal, si bien estuvo en ese primer bloque de la reforma que implementó cambios que disiparían el gasto público, no ha avalado los subsiguientes, mediante los cuales el Gobierno espera gravar más a empresas y trabajadores para llevar más recursos a la caja pública. La norma implica un aumento de las cotizaciones sociales, un aumento no proporcional y menor de las pensiones máximas y un refuerzo de las pensiones mínimas. Un pensionista con cónyuge a cargo, uno de los perfiles más habituales, tendrá una pensión mínima contributiva de 16.500 euros anuales en 2027, un 22% más que ahora.

Escrivá cree que la reforma de las pensiones es "para muchísimos años" porque está "bien hecha y tiene apoyos suficientes"

"Frente a reformas que ponían el énfasis en los recortes, esta es una reforma que fortalece el estado del bienestar mediante el reforzamiento de los ingresos", ha declarado Escrivá. Ahora el real decreto aprobado por el Gobierno deberá lograr los apoyos parlamentarios suficientes, algo que parece encarrilado tras las intervenciones de partidos como ERC, EH Bildu y PNV en la comisión del Pacto de Toledo de este pasado miércoles. El Congreso votará en el plazo de un mes la convalidación o no de este real decreto.

Ley de función pública

La otra norma validada este jueves en el Consejo de Ministros y que pasa ahora al Congreso para su tramitación como proyecto de ley es la de función pública. Las principales novedades de la norma diseñada por la ministra María Jesús Montero son la agilización de los tiempos para la publicación y resolución de ofertas de empleo público, que se acortan de tres a dos años. También se crean dos nuevos complementos salariales, el de "complemento de carrera" y el de "desempeño" (que viene a sustituir al del productividad. En relación a este último, se establece un sistema periódico de evaluaciones para premiar a aquellos empleados públicos que mejor rendimiento muestren, también de cara a sus traslados.

La norma enfila el camino al Congreso previo aval de una mayoría sindical. CCOO y UGT votaron afirmativamente a la nueva ley de función pública, frente al rechazo de Csif. El aval de dos de las tres centrales mayoritarias llegó una vez Montero se avino a renunciar a apartar del puesto a aquellos funcionarios que suspendan de manera reiterada su evaluación de méritos.