El Estado abre la puerta a tocar parcialmente el descuento del 75%

Puerta abierta a la revisión del sistema de subvención estatal al transporte aéreo en Canarias. La permanente puesta en cuestión del actual modelo de ayuda universal al desplazamiento por avión para todos los residentes de los territorios extrapeninsulares por parte de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), organismo estatal encargada de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas, ha terminado por enredar al Gobierno central en este debate sobre la supuesta ineficiencia de la bonificación del 75 % del coste de los vuelos.

Pese a la prudencia con que desde el Ejecutivo estatal suele responder a los informes de la entidad que preside Cristina Herrero, y de otros organismos públicos y privados en los que se cuestiona la idoneidad del actual sistema de subvenciones, en esta ocasión ha venido a reconocer que está dispuesto a llevar a cabo alguna reforma en su aplicación. Lo ha hecho el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la propuesta de la Airef para cambiar el actual porcentaje de subvención por una ayuda fija para cada una de las rutas de conexión entre islas y con la Península. La Airef también solicitaba en el último de sus informes sobre evolución de las subvenciones al transporte aéreo de residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que data de 2020 pero al que el Ministerio respondió dos años más tarde, “estudiar mecanismos para lograr una distribución más igualitaria de la subvención por niveles de renta”.

El departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez, en su respuesta a través del ‘dossier de seguimiento’ de las recomendaciones de la Airef que publica en este caso el Ministerio de Hacienda, se ha posicionado de forma clara contra esta segunda propuesta del organismo pero ha dejado abierta la puerta a tomar en consideración la relacionada con cambiar el 75 % por la ayuda fija por cada ruta. En su respuesta, se remite al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, cuyo debate de totalidad está pendiente de convocarse en el Congreso, y asegura que esa norma “recoge determinados instrumentos para la mejora de la calidad del gasto en subvenciones que son en parte aplicables al transporte insular”, y añade que “durante la tramitación pendiente de la ley, se contemplará la oportunidad de introducir prescripciones específicas para este tipo especial de subvenciones”.

Transportes descarta acabar con el carácter universal del sistema por impopular

Esta respuesta del Gobierno central es considerada por la Airef como un principio de aceptación de su propuesta hasta el punto de que ya la califica como “en proceso” de aplicación por parte de la Administración. Aunque el Ministerio no señala de qué forma incluiría alguna medida relacionada con el 75 % en la mencionada ley en tramitación en el Congreso o a qué artículos de la misma afectarían, algunos partidos han señalado el que se refiere al “Seguimiento y evaluación de las obligaciones de servicio público en transportes de competencia estatal” (art.48). En concreto, CC considera que ese punto de la futura ley “abre una puerta peligrosa para que el Gobierno estatal pueda modificar la subvención”.

Por su lado, distintos portavoces del PSOE canario han recordado que las propuestas de la Airef no vinculan en absoluto al Gobierno y que el 75 % “no se tocará”, recordando que está blindado en el REF tras su reforma de 2018.Precisamente llama la atención que el Gobierno central en su respuesta a la Autoridad Fiscal mencione implícitamente el REF para rechazar la propuesta relacionada con el carácter universal de la subvención, pero no lo hace para referirse al 75 % y su posible cambio por una cantidad fija de ayuda en función de los trayectos.

El informe de la Autoridad Fiscal, que data de 2020, señala en este sentido que el incremento de la bonificación desde el 50 hasta el 75% en 2018 causó un encarecimiento del precio de los billetes de un 12 % con destino Canarias y un 15% con destino Baleares, y que “el aumento de los precios de los billetes rompe la tendencia a la baja que se venía registrando desde hace 10 años y es más importante en aquellos vuelos con mayor porcentaje de residentes”.

El estudio indica que una vez aplicada la subvención del 75 % al precio de los billetes, “tiene un menor coste para un residente insular desplazarse a la península que para un residente del resto de España viajar a otra provincia”, y que, incluso sin subvención y gracias a las buenas conexiones aéreas de las islas, “el coste generalizado de viajar desde Canarias y Baleares a la Península es menor que el coste medio de viajar en avión dentro de la misma”. El estudio también comprobó que el coste de los billetes para los residentes ha descendido significativamente (47 % de promedio) y que sobre una base de datos de dos millones de desplazamientos, este incremento en la ayuda ha provocado un mayor gasto público, del 125 %.

Distribución desequilibrada

El otro elemento que cuestiona la Airef sobre el actual sistema de subvenciones al transporte aéreo a residentes es su carácter universal, es decir, que no discrimine por nivel de renta. En este punto, el organismo señala que el actual sistema favorece la concentración de la ayuda en un porcentaje concreto de la población. Los datos mostraron que el 10 % de usuarios con rentas más altas recibió el 35 % de la subvención, el 20 % de residentes concentró un 50 % de ayuda, mientras que el 40 % con menor renta obtuvo tan solo el 17 % del total de fondos. “La subvención tiene una distribución muy desequilibrada entre la población: la mitad de los residentes no vuela y, por tanto, no percibe ayuda alguna. Por el contrario, aquellos que más vuelan reciben porcentajes altos de la subvención”, recalca la Airef.

"Se percibiría como una limitación y retroceso de un derecho de los residentes, independientemente de la renta de éstos”, admite Transporte

Para solucionar el problema, la Airef confía en que el establecimiento de una cuantía fija garantizaría una competencia “más efectiva” entre aerolíneas. “Las simulaciones realizadas permiten prever que supondrá un reparto más igualitario de la subvención entre las rentas altas y bajas, dada la actual tendencia de los residentes de mayor renta a adquirir billetes más caros", concluye la Autoridad Fiscal. El Gobierno sostiene en su respuesta que esta medida podría ser objeto de una fuerte oposición desde los territorios insulares, por varias cuestiones: “Se percibiría como una limitación y retroceso de un derecho de los residentes, independientemente de la renta de éstos”, señala el ministerio.

Además, muchos de los desplazamientos que en el análisis se imputan a cada residente, en realidad se podrían estar realizando por cuenta ajena, es decir, a cargo de las empresas canarias -a día de hoy no es posible diferenciar un viaje a título privado de uno de empresa. Por tanto, concluye el departamento de Raquel Sánchez, una medida de este tipo tendría un fuerte impacto en el tejido industrial canario, haciéndolo menos competitivo, lo cual seguramente obligaría a “compensar” a las empresas canarias con algún otro tipo de beneficio fiscal. Todo ello, concluye, “sin perjuicio de la posible incompatibilidad de este tipo de medidas con los Regímenes Fiscales especiales de Canarias y Baleares”

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