Trabajo multiplica por 8 las multas a empresas por vulnerar la normativa de igualdad

Desde hace un año todas las empresas de 50 o más trabajadores tienen la obligación de tener registrado un plan de igualdad ante la autoridad laboral. Un requisito ineludible que gran parte de las compañías no cumple, según denuncian de manera recurrente los sindicatos. Y es que las obligaciones en materia de paridad han ido aumentando para las corporaciones y la Inspección de Trabajo tiene establecido como una de sus prioridades velar por el cumplimiento de las mismas.

Hasta el punto de que la 'policía laboral' ha multiplicado por ocho el importe de las sanciones que ha impuesto en el último año a sociedades por vulnerar preceptos de las normativas de igualdad. Es decir, por no tener un protocolo contra el acoso sexual en el trabajo, por incurrir en ofertas de empleo sexistas o por tener una brecha salarial injustificada de más de un 25%; entre otros. Con el fin de reducir la desigualdad generalizada que siguen sufriendo las mujeres en el mercado laboral. En términos absolutos una mujer cobra el 20,6% menos que un hombre en Catalunya, según los últimos datos disponibles de la Generalitat.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo a preguntas de EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, en 2022 los agentes de la ‘policía laboral’ llevaron a cabo un total de 4.788 actuaciones en toda España en relación a cuestiones vinculadas con la paridad. De estas, una de cada cuatro empresas no pasaron la revisión de los inspectores y acabaron en acta con infracción. Por la suma de todas ellas, Trabajo impuso sanciones por valor total de 2,58 millones de euros. 

Y es que las multas por carecer de un plan de igualdad oscilan desde los 751 hasta los 7.500 euros, aunque podrían elevarse hasta los 225.000 euros si la ausencia del mismo obedeciera a la voluntad explícita de ocultar discriminaciones por razón de sexo.

Prioridad inspectora

El importe total de las sanciones se disparó en 2022, coincidiendo con el primer año de plena vigencia de la normativa que obliga a todas aquellas sociedades de más de 50 empleados a tener un plan de igualdad. La cuantía de las sanciones fue ocho veces superior a la impuesta en 2021 (324.771 euros), sobre la mitad de actuaciones. 

Y es que, según explica el secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya, Enric Vinaixa, el plan de igualdad y todos los protocolos que este incorpora es lo primero que pide un inspector cuando se persona en una empresa, juntamente con el plan de prevención de riesgos laborales o el registro de jornada. 

Una de las faltas más habituales que detecta la autoridad laboral y que provoca el rechazo de uno de cada dos planes de igualdad presentados por las empresas es que estos no están negociados con la parte sindical. "Ante la falta de legitimidad de una de las partes no podemos aceptar todos los planes", afirma Vinaixa. 

Y es que el principal problema para el despliegue de esta normativa, según coinciden todas las partes, es que si una empresa no tiene representación legal de los trabajadores constituida, como sucede en muchas pymes, los sindicatos más representativos son los que deben enviar una delegación para negociar el plan de igualdad. Las centrales afirman que están desbordadas y las empresas se quejan de que las delegaciones son personal ajeno y no entienden las dinámicas internas del centro sobre el que deben diagnosticar.  

Las empresas se quejan de la burocracia

"En este país se espera siempre al último minuto para todo. Hay un incumplimiento reiterado de la normativa y es que sabemos de grandes empresas que desde 2007 ya tenían la obligación de tener un plan de igualdad y no lo han empezado a negociar hasta el último momento", denunció esta semana la secretaria de Dones i LGTBI+ de CCOO de Catalunya, Mentxu Guitérrez, en rueda de prensa. Según los datos recopilados por la central, solo el 14% de las empresas catalanas registraron un plan de igualdad durante 2022.

“Hemos mejorado, si bien los datos de registro son bajos”, reconoce la responsable de negociación colectiva de la patronal Pimec, Ariadna Guixé. “Es una norma que está mal diseñada, pensada desde la óptica de la gran empresa, donde ya hay representación sindical, y no para la realidad mayoritaria de nuestro tejido productivo, que es de pymes”, añade. 

Desde la entidad empresarial defienden que el registro del plan de igualdad no aporta valor real 'per se' y que únicamente representa una carga burocrática, mientras que las centrales replican que sin ese formalismo no habría posibilidad real de controlar que la normativa se cumple y que las sociedades adoptan medidas para diagnosticar las desigualdades existentes en materia de paridad y corregirlas. 

La ausencia de un plan de igualdad no solo puede ser objeto de sanción por parte de la Inspección de Trabajo para la empresa, sino que también veta su acceso a determinadas subvenciones públicas, como es el caso de los incentivos a la contratación. El riesgo que ven las administraciones es que suceda con los planes de igualdad como con la evaluación de los riesgos psicosociales. Una obligación para determinar si hay elementos en el centro de trabajo que contribuyen a generar fatiga o estrés al trabajador, entre otros, que formalmente deben cumplir las empresas desde 1995 y que muy pocas de ellas lo hacen.

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