Transición energética | Las dificultades para la puesta en marcha de los proyectos renovables

Las prisas ponen en riesgo la entrega de aerogeneradores y placas solares

El cumplimiento de los plazos presiona la cadena de suministro y amenaza la transición | Dos años para poner en marcha entre 50.000 y 60.000 megavatios

Aerogeneradores y torres de transporte en Canarias. | |

Aerogeneradores y torres de transporte en Canarias. | | / BORJA SUÁREZ (REUTERS)

J. Gutiérrez / D. Page

La transparencia escasea en alguno gobiernos regionales y eso dificulta conocer cuántos proyectos eólicos y fotovoltaicos superaron el hito del 25 de enero y continúan aún en la brecha para hacerse realidad. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias declaró haber concedido Declaración de Impacto Ambiental Favorable (DIA) a 70 proyectos, que suman 318,33 megavatios. El sector eleva a entre 50.000 y 60.000 megavatios la potencia que habrá de hacerse realidad en los próximos dos años en toda España y advierte de que la cadena de suministros no es capaz de atender la demanda de aerogeneradores y placas fotovoltaicas.

Los 24 meses empezarán a contar cuando los proyectos obtengan autorización de construcción a mediados de este año. «Hay muchísimos megavatios sobre la mesa que presionan sobre toda la cadena de valor. En Canarias, peor, porque la capacidad de almacenamiento es menor», advierte el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero.

Hay solo dos años para poner en marcha entre 50.000 y 60.000 megavatios en toda España

En la misma línea, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, afirma que los plazos «simplemente son de imposible cumplimiento». Es un sentimiento generalizado del sector, que anticipa un previsible colapso, un cuello de botella por el que podrán pasar algunos y otros no.

¿Qué ocurrirá con estos últimos? Que tendrán que iniciar el camino desde el punto de partida y volver a recorrer todos los pasos. Es decir, la prisa por propiciar la transición puede ser causa principal de un retraso. O peor aún. «La modelización dinámica de Red Eléctrica (REE) puede dejarles sin punto de enganche», avisa Rodríguez de Azero.

Sin poder seguir adelante

La realidad es cambiante y el operador está obligado a introducir modificaciones para garantizar la seguridad del sistema y el suministro de energía. Si eso pasa por prescindir de algunos accesos a la red que antes sí eran factibles, el promotor se quedará sin posibilidad de seguir adelante. 

Hay otra perspectiva desde la que mirar la situación. Rafael Martell, presidente de la Asociación de Empresarios Eólicos de Canarias (Aeolican), celebra que haya una acción decidida para sustituir los combustibles fósiles por energías limpias. No es un brindis al sol, sino una prueba de que invertir en el sector industrial renovable es necesario y rentable en este momento, porque no es solo España la que viene obligada por el cumplimiento de los compromisos de descarbonización, sino toda Europa.

Respetar los tiempos significa multiplicar por cinco los plazos habituales de construcción

El incremento de la demanda se ha traducido en un alza de los precios. «Los proveedores harán sus ajustes para atender la demanda», pronostica el presidente de Aeolican. De hecho deberían estar haciéndolos ya, porque los plazos de entrega de elementos esenciales como los inductores (trafo) –convierten el movimiento o el calor en electricidad– se van hasta entre 18 y 22 meses. «A lo mejor al establecer los hitos no se han tenido en cuenta circunstancias como esta», señala Martell.

Repasando los pasos que deben dar los promotores y situándonos en el momento de conseguir el permiso de construcción el próximo verano, las empresas deben negociar a continuación –en realidad pueden hacerlo desde ya– la financiación con los bancos. No es un proceso rápido y la media para cerrar los acuerdos se sitúa en los seis meses, el mismo tiempo que se demora el acceso efectivo a la red de transporte o distribución, que no se activa sino cuando finaliza la construcción.

Estos plazos obligan a las empresas a tener finalizados los trabajos a finales de 2024 o muy a principios de 2025 para tener funcionando la planta en junio de ese año. «Nos preocupa concentrar la construcción de toda esa nueva potencia en solo dos años. Va a haber problemas en las cadenas de suministro», se suma a la opinión general José María González, director general de la asociación empresarial APPA Renovables.

No se trata solo de tener a tiempo los paneles solares o los aerogeneradores, sino de conseguir compañías para realizar los trabajos de construcción, el transporte de los equipos, las grúas para instalarlos, mano de obra suficiente… La pelea entre promotores se prevé dura. 

Los cuellos de botella

«Va a ser imprescindible un aplazamiento de esa fecha final por los cuellos de botella. Convendría alargarla», enfatiza el director general de la UNEF. Lo cierto es que hasta el momento no ha habido una petición formal al Gobierno de España. De momento hay tiempo para abrir el debate, pero la posición es cada vez más clara.

El argumento en el que se basan los empresarios es la imposibilidad de acortar a dos años la instalación de toda la potencia que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) había previsto para diez. Quintuplicar el ritmo de construcción habitual en España no es una opción.

«Va a ser imprescindible un aplazamiento de la fecha final»

José Donoso

— Director general de UNEF

En el pasado inmediato, la receptividad del Ministerio para la Transición Ecológica sobre ampliar los plazos no ha sido mucha. Los proyectos se atascan en los departamentos de medio ambiente de las comunidades autónomas, incluido el de la Islas. El personal escasea, con lo que saturarlo con más trabajo provoca esprines dramáticos como el realizado hasta el 25 de enero pasado para salvar la vigencia de los puntos de enganche ya concedidos.

De nuevo en este punto, Rafael Martell introduce un nuevo elemento en el debate. «A lo mejor no llegas a tiempo de cobrar la subvención prevista y la rentabilidad se resiente, pero al precio que está la energía continúa siendo posible la inversión», apunta. Eso no es óbice para que al mismo tiempo señale la falta de sentido que tendría «mandar un proyecto a la casilla de salida» por un retraso de meses, y menos dejarlo fuera de manera definitiva.

[object Object]

El establecimiento de fechas límite para la construcción de los proyectos renovables tenía como principal fin expulsar a los especuladores que en realidad no tenían nada que poner en marcha. Simplemente acumulaban en sus manos los puntos de enganche y negociaban después su venta con los promotores, que son quienes verdaderamente los necesitan. La ministra Teresa Ribera decidió poner fin a ese mercado negro y estableció una fecha límite, posteriormente prolongó el plazo nueve meses más. Eso presionó a las administraciones regionales, competentes para evaluar la calidad medioambiental de los proyectos y que tuvieron hasta el pasado 25 de enero para decidir qué proyectos seguían adelante y cuáles perdían el punto de enganche. Lo que señalan las patronales ahora es que traspasado ese hito del primer mes del año la especulación ya no existe. Seguir adelante «requiere una inversión que no va a realizar nadie que tenga una intención distinta de la de poner su proyecto en marcha y rentabilizarlo», asegura el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero. «El problema no lo tienen solo los promotores. El problema lo tenemos todos como país», afirma con rotundidad José María González, director general de la asociación empresarial APPA Renovables. | J. G. H.

Suscríbete para seguir leyendo