El transporte isleño lleva a Madrid la flexibilización del tacógrafo

La flexibilización del uso del tacógrafo que demandan los empresarios del sector del transporte en las Islas entró ayer en el Congreso de los Diputados. El informe elaborado por la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET) sobre el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible incluye la necesidad de tener en cuenta las particularidades del Archipiélago al determinar el uso de esta herramienta de control. En las Islas esa reivindicación ha agotado su recorrido sin éxito, por lo que empresarios y autónomos apagarán desde el lunes y de manera indefinida los motores.

El secretario general de la FET, José Ángel Hernández, compareció en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana junto a otros expertos para aportar su opinión al texto que se tramita en la Cámara Baja. Tal y como explicó, su comparecencia se basó en «una defensa del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), del reconocimiento del concepto de transporte insular integrado y la necesidad de incrementar la financiación del transporte público colectivo en un 300% para poder hacer frente a las nuevas políticas medioambientales y la gratuidad del servicio».

En lo que se refiere de manera particular al transporte de mercancías por carretera, Hernández expuso la necesidad de declararlo «servicio público estratégico» en toda España y establecer un marco diferenciado para un territorio fragmentado y reducido como Canarias. La Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías (Asemtra) de las Islas ha situado al tacógrafo en el vértice de esta última demanda expresada por José Ángel Hernández en Madrid.

En noviembre, los transportistas isleños decidieron aplazar un paro indefinido en el último momento a instancias del consejero de Transportes, Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, que les propuso abrir una negociación para modular el uso del tacógrafo. Eso siempre que se alcanzara una posición común junto a cabildos –tienen las competencias en la materia– y sindicatos. Una protesta testimonial dio paso al diálogo.

El principal escollo era, a priori, la oposición frontal de las organizaciones de representación de los trabajadores a tocar el tacógrafo. El encuentro entre las dos partes «se celebró sin éxito», confirmó ayer el secretario general de la FET. De nada sirvió que los transportistas explicaran que no se pretende eliminar esta herramienta, sino adaptar su uso a Canarias. Para los sindicatos, modularla es abrir la puerta a abusos contra los trabajadores y a la inseguridad en el tráfico.

Sin áreas de descanso

Empresarios y autónomos afirman que no se puede aplicar el mismo criterio que en el territorio continental, ya que las Islas no cuentan con áreas de descanso, en las que los conductores reposan el tiempo establecido cuando, o bien les toca, o bien cualquier imponderable retrasa la operación y les impide llegar al destino cuando tenían previsto. El entendimiento entre patronal y sindicatos es escaso desde hace tiempo y basta para ello contemplar los muchos años que han cumplido los convenios colectivos en vigor.

Acercar posturas puede pasar también por la revisión de esas relaciones, si bien los empresarios ya han advertido de que para abordarla también el Gobierno autonómico habría de actualizar los precios que les abona por los servicios que le prestan. El compromiso de Franquis incluía también reunir a la Mesa del Transporte, que integran cabildos y usuarios además de empresarios y sindicatos. «Estamos a la espera de que la convoque», señaló ayer José Ángel Hernández. 

Tampoco ha gustado a los empresarios el retraso que ha sufrido el calendario inicialmente propuesto por el consejero cuando en noviembre se aplazaron los paros. «Se comprometió a celebrar una ronda de reuniones en diciembre y enero para tener unas conclusiones antes del último día del primer mes del año», recordó el secretario general de la FET. El objetivo era consensuar una posición común sobre las modificaciones en el uso del tacógrafo y acudir con ella al ministerio.

«Los encuentros arrancaron en la última semana de enero y ese retraso ha molestado a los transportistas», detalló Hernández. Algo que pudo constatarse en la asamblea celebrada en la tarde-noche del lunes y que desembocó en la convocatoria del paro patronal a partir del lunes. De nada ha servido que de noviembre a hoy sí hayan visto la luz otras de sus reivindicaciones. Por ejemplo, la moratoria de un año concedida en las obligatorias inspecciones de los camiones frigoríficos por la ausencia de los necesarios túneles de frío en el Archipiélago.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) estima que el paro «paralizará previsiblemente los puertos en todas las islas», informa Efe. Además, esta patronal estatal sostiene que la normativa europea permite excepcionar el uso del tacógrafo a los transportes en islas de superficie inferior a 2.300 kilómetros cuadrados. Las áreas de todas las españolas, salvo Mallorca, son inferiores.

A pesar de ello, continúa Fenadismer, «ni el Gobierno canario ni el balear han solicitado hasta la fecha al Gobierno español que haga uso de dicha previsión legal en sus ámbitos territoriales». La patronal canaria calcula en cinco millones de euros las sanciones que tuvieron que abonar solo en el año 2019.

En la comparecencia de Hernández en el Congreso estuvo presente la diputada de Coalición Canaria (CC) María Fernández. Durante su intervención en la comisión, ella también alertó al Gobierno central de la necesidad de «encajar las singularidades canarias» en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. En su opinión, resulta «vital» que desde el Estado se module «cualquier política» para adaptarla a un «territorio insular, alejado del continente y fragmentado como el canario».

La nacionalista acusó a Madrid de una sempiterna falta de sensibilidad que se puso de manifiesto cuando en el pasado verano el Gobierno central decidió la gratuidad de los trenes de cercanías en la Península pero no de las guaguas y el tranvía en las Islas, donde no hay ferrocarriles. «Nos costó hacer ver al Gobierno español que era una cuestión de justicia», expuso. En noviembre, coincidiendo con el apoyo de Coalición a los presupuestos estatales para este año, llegó el giro de guion.

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