Condenado en el juicio por la silicosis el presidente de la multinacional del Silestone

El juicio que estaba señalado ayer en el Juzgado de lo Penal 2 de Vigo por la silicosis adquirida hace ya más de una década por cinco trabajadores de una empresa viguesa dedicada a la preparación e instalación de encimeras ha derivado en una condena penal con relevancia a nivel nacional por la exposición a esta grave dolencia a través del aglomerado de cuarzo. Este procedimiento precedido por una larga y compleja instrucción judicial se resolvió finalmente con una vista de conformidad en la Ciudad de la Justicia y, junto a J.M.M., responsable de la marmolería Granitel hoy ya sin actividad en la que estaban empleados los afectados, fue sentenciado Francisco Martínez-Cosentino Justo, el presidente y uno de los dueños de una potente multinacional nacida en Almería cuya marca estrella es precisamente el Silestone, el material que se suministró a la empresa viguesa y cuyos tableros manipularon los operarios perjudicados. Todos ello fueron diagnosticados entre 2009 y 2011 tras años de exposición e inhalación del polvo de sílice que causa esta enfermedad profesional, reconociéndosele a varios la incapacidad laboral permanente.

Una negociación previa evitó el juicio. Fue clave para el acuerdo los 1,1 millones de euros que el responsable del Grupo Cosentino ya había aportado de forma previa a la vista para indemnizar a los cinco trabajadores, uno de los cuales ya falleció –sin que “conste” que la causa fuese la silicosis–, por lo que los beneficiarios son sus herederos. Este empresario, que compareció por videoconferencia desde Almería, aceptó una pena de seis meses y tres días de cárcel como autor de cinco delitos de lesiones graves por imprudencia grave y se le reconocieron dos circunstancias atenuantes en grado cualificado: la de reparación del daño por el resarcimiento económico a los trabajadores –con una cuantía que superaba a los casi 800.000 euros que pedía la Fiscalía– y la de dilaciones indebidas por el largo tiempo que se empleó en la investigación judicial. En el caso del empresario vigués, solo se le aplicó esta última atenuante, se le sentenció a mayores por delito contra los derechos de los trabajadores y recibió un año, tres meses y tres días de cárcel, reservándose la acusación particular acciones civiles a efectos de reclamación económica contra él.

Encimeras

La empresa viguesa fabricaba encimeras de granito, mármol y sobre todo aglomerado de cuarzo, materia prima que se usaba “en más del 90%” de los casos y para la que utilizaba “prácticamente en exclusiva” la marca Silestone. El escrito del fiscal exponía que estos aglomerados de cuarzo tienen un contenido en sílice “de aproximadamente” un 95% –frente al 20% habitual del granito o el 3% del mármol–, “generando la manipulación, corte y pulido de esta sustancia un polvo con un elevadísimo porcentaje de sílice libre cristalina”. La inhalación prolongada afecta a los alveolos pulmonares y provoca la silicosis, un tipo de ‘neumoconiosis’ caracterizada por producir una fibrosis pulmonar difusa irreversiblemente progresiva.

Trabajar con el cuarzo comercializado como Silestone “es mucho más peligroso para la salud” que hacerlo con “rocas naturales”, expone el escrito. Y ayer, al término de la vista, el autor del mismo, el fiscal David Canoa, delegado en la provincia de Pontevedra de la Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo, destacó que en este caso fue “clave” la pericial encargada al Instituto Nacional de Silicosis, un informe que ahora además podría ser referencia para otros asuntos similares en toda España: “De la pericial se concluyó que el Silestone es el doble de peligroso que el granito y eso tomando como referencia el granito con más contenido de sílice, el Rosa Porriño”. El peligro era para los trabajadores que lo manipulaban, expuestos, describe, a un “polvo letal”. “Para el consumidor final, para el que tiene la encimera en su casa, no hay riesgo”, aclaró.

Una medición de concentración de polvo con sílice libre en la empresa viguesa ya avisó del peligro y, pese a ello, el jefe ni adoptó medidas de seguridad para sus operarios ni hizo las mediciones a las que estaba obligado hasta que se lo impuso la Inspección de Trabajo en 2010. Mientras, el empresario almeriense fue condenado, resumía ayer el fiscal, por informar “de forma tardía y defectuosa” sobre las características del producto que comercializaba y distribuía. En todo caso, Canoa elogió que haya indemnizado a los trabajadores y que, a raíz de lo sucedido, haya mejorado las fichas de seguridad y adoptado “medidas”.

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