Tope al precio de los vuelos Canarias-Península: este será el límite

Canarias ha pactado con el Estado la limitación de los precios de los billetes aéreos en una de las conexiones con la Península a través de una declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) que se pretende tener operativa para el mes de junio y por el periodo de un año. Se trata de un proyecto piloto con el que se pretende poner coto a la subida de tarifas sobre todo en los periodos vacacionales y de cuya operatividad dependerá que se extienda a otras conexiones entre las Islas y el resto del territorio nacional.

El acuerdo al que llegaron el consejero de Transportes, Obras Públicas y Vivienda, Sebastián Franquis, con la secretaria general de Transportes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rallo, y con el director general de Aviación Civil de este mismo departamento, David Benito Astudillo, trata de impedir la subida de los precios de los billetes que se ha experimentado sobre todo desde que en 2018 se amplió al 75 % la subvención al transporte aéreo para residentes. 

El Estado y Canarias pactan una limitación del precio de los billetes aéreos en un trayecto con la Península

La OSP se aplicaría a uno de los trayectos a la Península en el que se den determinadas condiciones, entre ellas que haya varias compañías operando en la misma, y que tenga un mínimo de viajeros, tanto residentes como visitantes.

La Consejería y el Ministerio pretenden fijar ya la ruta que se vería beneficiada por este medida en una nueva reunión, dentro de tres o cuatro semanas.

Desde la subida al 75 % de la subvención al billete aéreo, en 2018, se ha producido un incremento de las tarifas sobre todo el verano y Navidad, una dinámica que se quiere detener. La mayoría de los pasajeros han pagado una media de 117 euros como tarifa completa, cantidad a la que en el caso de los residentes se aplica el 75 % de descuento.

Este proyecto piloto se podría extender a otras líneas si su funcionamiento sirve al objetivo de reducir precios sin que afecte a la conectividad de Canarias con la Península. No obstante, en caso contrario, se anularía si el efecto que produce no es el esperado por ambas administraciones.