Las aerolíneas alertan de que limitar los precios en rutas a la Península afectará a la conectividad

Las compañías aéreas reaccionaron este jueves con cautela al anuncio de ayer, por parte del Gobierno de Canarias, de que el Ministerio de Transporte autorizará antes del verano la limitación del precio de los billetes de avión en un ruta, aún por determinar, entre el Archipiélago y la Península, a través del establecimiento a modo de prueba y durante un año de una Obligación de Servicio Público (OSP) que podría aplicarse a otros trayectos si se comprueba efectiva en el control de las subidas de precios sobre todo en periodos vacacionales, verano y Navidad. La patronal del sector integrada en la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) sí se atrevió a considerar la medida como una clara “intervención pública” en el mercado, que ni está justificada, ni cree que tenga el visto bueno de Bruselas.

Torres avala el tope a los precios de los billetes para algunas rutas aéreas

El presidente ALA, Javier Gándara, tras lamentar que la propuesta se haya realizado sin consultar previamente a las operadoras aéreas entre Canarias y el resto del territorio nacional, asegura que de los datos ofrecidos el miércoles por el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, no se deduce que los precios actuales sean desproporcionados. Según esas cifras, durante el año pasado la tarifa media que abonó el 64% de los viajeros entre las Islas y la Península fue de 117 euros por trayecto, y de ese porcentaje, al 55% le costó menos de 100 euros. La diferencia de lo que abonó el 36% restante se debe, según los estudios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al incremento de precios en las temporadas de mayor demanda como el verano y la Navidad. Sólo seis de cada 100.000 viajeros pagaron más de 700 euros.

Transporte calcula que la tarifa media que abonó el 64% de los viajeros entre las Islas y la Península fue de 117 euros por trayecto, al 55% le costó menos de 100 euros.

Gándara señala en este sentido que, en base a esas tarifas generales, se desprende que la media de la tarifa para residentes es de 30 euros una vez aplicado el 75 % de descuento en vigor. “Si esa es la tarifa media, no vemos dónde está el problema”, afirma el presidente de ALA. Y en relación a los picos de precios por la mayor demanda, señala que “no creemos que haya muchísimos billetes muy superiores a esa cantidad porque entonces no saldría esa media”. “Lo importante es ver qué conectividad hay hoy con el sistema actual, qué precios hay en la mayoría de las veces, y lo que no se puede hacer es de la excepción una regla”, afirma Gándara, para quien poner un tope al billete supondría reducir considerablemente la oferta de billetes baratos. “Para que la media a residentes sea de 30 euros es imposible que haya tantos precios desorbitados, porque si no no da la media”, insiste.

El directivo de la patronal aérea considera además que la OSP proyectada podría ser contraproducente, además de cuestionada por la Comisión Europea, organismo al que, recuerda, España debe solicitar la medida por afectar a la libre competencia en el mercado del transporte aéreo. “Lo que hay que ver es si no va a ser peor el remedio que la enfermedad y sobre todo que las OSP es una intervención del mercado y eso está completamente regulado por la CE”, señala. Recuerda en este sentido que la UE estableció en 2017 un documento de guía interpretativa de cómo implantar las OSP y que entre sus recomendaciones está la de no intervenir en rutas donde operen varías compañías, y cuya demanda se acerque a los 100.000 pasajeros anuales. Si no se dan estas condiciones, no hay razón para una intervención a través de una OSP.

Pablo Rodríguez, anterior consejero de Transportes: “Es un brindis al sol y propaganda electoralista”

Gándara añade que “cuando se impone un precio máximo hay que tener cuidado porque eso puede afectar a la oferta de servicios aéreos”. Aclara que ahora hay todo un “rango de precios”, y que si se impone una tarifa máxima, “lo normal es que se reduzcan los vuelos baratos. Si es así es probable que se reduzca la demanda y en ese caso la oferta se ajusta y se reduce también”. “No es que las compañías aéreas ante una decisión tomemos otra en el sentido contrario, es que es como funciona el mercado, que se va reajustando”, subraya. “La Comisión Europea es quien ha evaluado todas las OSP que hay en Europa, lo conoce muy bien, sabe el impacto que tiene una intervención del mercado y sabe que el riesgo es que sea una medida contraproducente”, resalta el directivo de ALA. “Si pones un precio máximo, todos los precios se tienen que reajustar para obtener rentabilidad. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra, el sistema que se ponga lo acataremos, pero nos gustaría que al menos se nos tenga en cuenta”.

Gándara destaca que en la actualidad hay más de 50 rutas directas entre casi todas las Islas con varios puntos de la Península “y a precios que la mayor parte de las veces eran impensables hace unos años”. Recuerda que el estudio más exhaustivo que se ha hecho es el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2019 a raíz de implantarse el 75 % de descuento a residentes porque accedió a los precios de todo tipo de billetes, tanto de los residentes como de visitantes, para lo que hizo requerimientos a todas las compañías que operaban en Canarias durante la segunda mitad de 2019, y que la conclusión fue que el precio medio era de 31 euros. “Desde el 2018 el precio del combustible está a más del doble que entonces, y la cuestión es que no podemos estar haciendo comparaciones sin tener en cuenta muchas cosas que han variado”, concluye el presidente de ALA.

Sin trabajo en Bruselas

Por su lado, el anterior consejero de Transportes durante el Gobierno de CC, Pablo Rodríguez, tilda la medida de “electoralista” por presentarse a cuatro meses de las elecciones autonómicas de mayo, y de “brindis al sol” porque no está autorizada por Bruselas. “Hacer este planteamiento sin ni siquiera haber hablado con Bruselas es ilusorio ante un problema que se ha agravado en los últimos años por la concentración del corredor en un grupo empresarial (Iberia y Vueling con la posibilidad de que se incorpore Air Europa a ese grupo) y la subida de precios que se está produciendo”, señala.

“Hay un observatorio de precios que no ha realizado ninguna labor efectiva, que no es transparente, y sin haber abordado con tiempo esta cuestión. Lo podían haber trabajado desde que se empezaron a disparar los precios, pero no han presentado ni un papel ante la UE, ni ido a Bruselas para hablar con la dirección general de Competencia”, afirma el también dirigente de CC.

“Nosotros estamos a favor de que se utilicen todos los instrumentos que tiene la administración del Estado para controlar los precios y eso puede ser a través de la fiscalización de tarifas, de una OSP, de las bajas de las tasas para que haya más compañías operando, como pasó en 2009, pero no se puede pretender arreglar el problema con una medida sin trabajarla”. Recuerda que siendo él consejero, a principios de 2019, viajó a Bruselas para reunirse con la dirección general de Competencia, que valoró las diferentes opciones posibles pero advirtiendo que “intervenir en un mercado donde operaban cinco compañías y limitar la competencia es difícil”. “La medida que se tome tiene que garantizar el precio, que le dé utilidad al 75 % del descuento y que no perdamos conectividad, que lo es todo para Canarias. La OSP no sé si la pone en riesgo, pero eso se tenía que haber hecho en estos cuatro años”, concluye el ex consejero.

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