La medida estrella de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid pende de un hilo. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano del Consistorio, planeaba aprobar en los primeros compases del año electoral la reforma del Plan General de Ordenación Urbana de la capital, redactado en 1997. Su plan contó con la aprobación de Javier Ortega Smith y todo el equipo en Vox en junio de 2021, fecha a partir de la cual el documento quedó expuesto para información pública.

Con la idea de que un primer acuerdo no podría romperse posteriormente, las promotoras comenzaron a trabajar en el diseño de sus proyectos según el documento inicial, aun siendo conscientes de que podría sufrir algunos cambios. Finalmente, el pasado 27 de diciembre, la izquierda en bloque rechazó la propuesta presentada por la Delegación de Fuentes. También lo hizo Vox en contra de su postura inicial de hace más de un año. Si el partido que dio la investidura a José Luis Martínez-Almeida no se retracta de su decisión, la norma volverá a quedarse en el cajón al no obtener apoyos suficientes para salir adelante. Hoy volverá a discutirse en la Comisión de Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamientos y llegará al Pleno el próximo 31 de enero.

La decisión de la formación de Santiago Abascal llega justo después de rechazar también los Presupuestos y dejando al equipo de Almeida sin cuentas para el año electoral. La campaña electoral tiene ahora mucho que ver en la posición de Vox, que busca una manera de desmarcarse del PP. Pero el origen de la fractura entre ambos tiene fecha concreta y es anterior. En septiembre del pasado año, Almeida aprobó la ordenanza de movilidad sostenible que contiene la versión actualizada de Madrid Central, que Vox siempre rechazó y el PP se vio obligado a aprobar, en contra de su deseo inicial, porque una sentencia judicial se lo exigía.

¿Qué reformas incluyen?

El calificado por el propio Mariano Fuentes como “el expediente más importante de todo el mandato respecto al impacto que puede generar en toda la ciudad” desde el punto de vista urbanístico toca varios puntos del PGOU de 1997: cocinas fantasma, terrazas de establecimientos hosteleros, pisos turísticos y cambio de uso de las dotaciones y suelos de la ciudad. Esta modificación serviría para regular formas de vivir en comunidad como cohousing coliving, plantea que haya diferentes actividades en un mismo local y permite el cambio de local a vivienda.

Una de las reformas claves es la referente a las terrazas de la vivienda. De aprobarse, aquellas que sean abiertas dejarían de computar como superficie construida. Tampoco lo harían los trasteros en planta baja, espacios para paquetería o todo aquello que afecto al aislamiento acústico y térmico para mejorar la eficiencia energética.

Vox criticó, entre otras cosas, que no se entendía que, siendo una norma clave, la modificación no se hubiera presentado hasta casi el final de la legislatura y alegó, entre otros, una cuestión de formas para justificar su voto en contra.

Importancia económica de la reforma

Según un informe elaborado por PwC, la modificación de estas normas urbanísticas afectaría sobre todo a los sectores de la construcción, las actividades inmobiliarias, el comercio al por menor, el transporte y almacenamiento y la hostelería (alojamiento y manutención). "El gasto y la inversión derivada de la modificación se equipararía al 5% del producto interior bruto de la construcción de Madrid de 2019, con un impacto de 255,8 millones de euros y generando 4.381 empleos", concreta el estudio de la consultora internacional.

Daniel Cuervo, director general de la Asociación Promotores Inmobiliarios de Madrid, apunta que "las viviendas y los nuevos desarrollos que están a punto de empezar ya descontaban que esta normativa estuviese aprobada para finales de este año o principios de este".

Esto implica que las empresas ya habían encargado a estudios de arquitectura los proyectos, con las consecuentes pérdidas. Desde esta asociación creen que una nueva redacción dependería del "resultado de las elecciones" y de un retraso de, al menos, dos años. "Estamos hablando de una actualización importante, que da solución a las nuevas formas de vida de la sociedad y de negocio de la actividad económica", concluye Cuervo.