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Recta final de la legislatura

La división entre PSOE y Unidas Podemos bloquea la reforma de las pensiones y el salario mínimo

Los socios del Gobierno mantienen encalladas las dos principales carpetas económicas pendientes de la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EP

La reforma de las pensiones y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) son las dos principales carpetas pendientes que le quedan al Gobierno de coalición esta legislatura en materia laboral. Cómo el Ejecutivo apuntalará las bases para la jubilación de los 'baby boomers' y cuánto subirá el salario que perciben casi tres millones de trabajadores. Dos bazas de peso en lo económico, ante una coyuntura internacionalmente incierta y a las puertas de un maratón electoral, donde más de un votante decidirá su papeleta según la memoria reciente del bolsillo. 

Más allá de otras novedades que puedan tratar de introducir el PSOE y Unidas Podemos o como concreten compromisos abstractos como el "nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI", pensiones y salario mínimo copan actualmente las conversaciones (y fricciones) en el seno de la coalición. Ambas asignaturas llegan pendientes del año pasado, cuando por el propio calendario fijado por el Gobierno debían estar cerradas, y en el caso de las pensiones, remitidas a Bruselas.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos anticipan que habrá acuerdo. Los dos socios en el Gobierno central intentan alejar del "ruido" el toma y daca, pero de puertas para adentro las negociaciones son intensas. El calendario apremia. La idea siempre ha sido aprobar ambas medidas antes de que termine enero, para que el aumento del SMI se aplique con efecto retroactivo a las primeras nóminas del año y asegurarse la próxima partida de fondos europeos, que está ligada a la modificación de las prestaciones de los trabajadores jubilados.

Sin embargo, ante la dificultad de desatascar ambas cuestiones, en la Moncloa no dan por hecho que vaya a haber una solución antes de que acabe este mes, con el Consejo de Ministros del martes de la semana que viene como última posibilidad. “Los tiempos los marcamos nosotros”, explican los colaboradores de Pedro Sánchez.

Unidas Podemos rechaza ampliar los años cotizados a tener en cuenta para calcular una futura pensión

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Doble disputa

Como tantas veces en esta legislatura, será el presidente del Gobierno quien tenga la última palabra. Sánchez ya ha dado muestras de que no decide siempre del lado que defiende su partido. En esta ocasión, la disputa es doble. Ambos asuntos atañen a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien el jefe del Ejecutivo no quiere dejar en mal lugar en este año plagado de citas con las urnas. Si el espacio situado a la izquierda de los socialistas no logra un resultado honroso en los comicios, revalidar el poder autonómico actual, así como el Gobierno central, resultará muy difícil, casi imposible.

"Va a salir bien, como siempre. Estamos trabajando internamente y no queremos hacer ruido", explican en la Moncloa. La idea, en principio, es que el acuerdo lo escenifiquen Sánchez y Díaz en un acto público, que servirá para subrayar la fortaleza de la coalición y su apuesta por las medidas sociales ante los comicios municipales y autonómicos de mayo y los generales de finales de año.

A diferencia de lo ocurrido con otra de las normas estrella de la legislatura -la reforma laboral-, la última fase de la de pensiones llega fuera de plazo. El ministro José Luis Escrivá ha ido poniendo sobre la mesa por fascículos las piezas de la nueva estructura para sostener el sistema público de prestaciones. Si la primera capa vinculó las pensiones al IPC y penalizó las prejubilaciones y la segunda reestructuró las cotizaciones de los autónomos, la tercera y última pretende aumentar los ingresos de la Seguridad Social para amortiguar el aumento de gastos que conllevará durante las próximas tres décadas la progresiva retirada de los 'baby boomers'.

El sistema de cómputo

El principal escollo entre socios del Gobierno en materia de pensiones se encuentra en un apéndice de esa reforma. Escrivá pretende introducir cambios en el sistema de cómputo de las futuras prestaciones. Actualmente se tienen en cuenta los últimos 25 años trabajados por una persona para estipular su prestación de jubilación. Y la idea del responsable de la Seguridad Social es elevar esos 25 años a 30 años, con la posibilidad de descartar los dos peores. Sobre este tema, en Unidas Podemos se han atrincherado. 

Los morados ven en la propuesta de Escrivá un recorte encubierto de las futuras prestaciones, mientras que este sostiene que el nuevo esquema tendría un efecto neutro en el gasto público. Es decir, no implicaría menos gastos. Según sus cálculos, beneficiaría a cerca del 30% de los próximos jubilados, especialmente aquellos con carreras laborales menos estables, y el porcentaje de damnificados sería mucho menor. En privado son varias las voces dentro del diálogo social que reconocen que la propuesta de Escrivá no es descabellada. Aunque también coinciden en que los afectados se verían damnificados de manera inmediata y los beneficiados, de manera más progresiva y menos concreta en el tiempo.

El PSOE busca una subida del salario mínimo menos costosas para las empresas de la que persigue su socio

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Aquí, patronales y sindicatos mantienen desde hace semanas conversaciones entre bambalinas, de manera informal y con el foco puesto en el resto de elementos dentro de la reforma. Haciendo tiempo, a la espera de que los socios de coalición arreglen sus diferencias para luego reanudar formalmente las negociaciones y cerrar (o no) la última fase de la reforma que ha de sostener la jubilación de los 'baby boomers'.

Buscando un equilibrio en el SMI

La otra carpeta pendiente de cerrase es la del salario mínimo, actualmente fijado en 1.000 euros brutos al mes (en 14 pagas). Tradicionalmente, esta cuestión se dejaba solventada en el último Consejo de Ministros del año, para que ya en enero las empresas aplicaran la nueva cifra en las nóminas. No obstante, durante el Gobierno de coalición la entrada en vigor del SMI no ha seguido los calendarios típicos y ha sido habitual su demora.

Para este 2023, el Ejecutivo tiene comprometido llegar a una cifra que equivalga al 60% del salario medio en España. Según las proyecciones de los expertos nombrados por el propio Gobierno, esa cifra se encuadra entre los 1.046 euros y los 1.082 euros brutos al mes (en 14 pagas). La discusión dentro de la coalición está en concretar la cifra final. Aquí el PSOE busca una subida del salario mínimo notable, pero menos costosas para las empresas de la que persigue su socio. La patronal demanda no pasarse de los 1.040 euros y los sindicatos claman por llegar a los 1.100 euros. Mientras tanto, las gestorías están tramitando ya las nóminas de enero sin el incremento del SMI, que a efectos de bolsillo se irá, como pronto, a febrero.

En la dirección del PSOE, mientras tanto, señalan que apenas se les ha dado información sobre las negociaciones. Creen que el presidente del Gobierno acabará optando por una solución "salomónica". Lo conveniente, continúan en la cúpula socialista, es que el acuerdo sea aprobado en el Consejo de Ministros del martes de la semana que viene, para que Sánchez pueda emplearlo en su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ese mismo día en el Senado. Pero los tiempos continúan sin estar claros, con la negociación aún abierta.

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