El Gobierno español ha propuesto a la Comisión Europea una reforma casi total del mercado eléctrico para bajar los precios a largo plazo y reducir su volatilidad. Bruselas prepara el proceso para introducir cambios en el funcionamiento del mercado de electricidad y España se ha adelantado y ha sido el primer estado miembro en remitir un plan integral sobre cómo afrontar la reforma, apostando por fragmentar el mercado actual por tecnologías e imponiendo contratos y precios fijos a largo plazo para nucleares, hidroeléctricas y renovables.

La propuesta del Ejecutivo ha levantado ampollas entre las empresas del sector energético por suponer un vuelco total en las reglas de juego actuales, con la consiguiente gran dosis de incertidumbre sobre cómo ejecutar inversiones hasta conocer el resultado de la reforma, y porque el Ministerio para la Transición Ecológica ha elaborado su proposición sin abrir un diálogo previo con la industria energética y sin contar de momento con datos detallados del impacto económico que tendrían esos cambios.

Las principales asociaciones empresariales de renovables alertan de que una reforma del calado que propone el Gobierno “puede generar dudas” sobre las inversiones previstas para los próximos años en el mercado español. La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en las que se integran grandes energéticas españolas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona, Repsol o Cepsa, reclaman un marco jurídico estable que otorgue visibilidad a las inversiones.

Las asociaciones de renovables advierten de que sólo en el caso de España hay más de 100.000 millones de euros en potenciales inversiones en instalaciones renovables, hidrógeno verde, almacenamiento energético e infraestructuras de red que quedan en vilo, cuya “materialización depende de un marco jurídico estable, predecible y consensuado entre el sector público y el privado”.

“La propuesta realizada por el Gobierno de España implica cambios a corto, medio y largo plazo que podrían afectar a las instalaciones renovables actualmente en operación y a las futuras instalaciones previstas”, apuntan ambas patronales verdes, “por lo que es más necesario si cabe contar con una postura consensuada entre los distintos actores implicados”. Las compañías exigen que la reforma del mercado eléctrico vaya precedida de un debate técnico con aportaciones del sector privado implicado.

Las patronales APPA y AEE advierten de que el rápido desarrollo de las renovables de los últimos años ha sido posible gracias a la “apuesta de las empresas por el sistema actual de los mercados a corto y a largo plazo” que la propuesta del Gobierno pone en jaque. La patronal de las grandes eléctricas Aelec -que integra a Iberdrola, Endesa y EDP- también ha advertido esta semana de que el plan del Ejecutivo puede generar incertidumbre y afectar a las inversiones planeadas.

El Gobierno español ha propuesto a Bruselas cambiar las reglas actuales de funcionamiento de los mercados eléctricos europeos, que fijan los precios mediante un sistema marginalista (que hace que la última y más cara tecnología necesaria para cubrir la demanda marque el precio de todas las demás) y que ha hecho que los precios disparados del gas natural haya contaminado el precio de la electricidad durante la crisis energética.

España ha propuesto, en la práctica, mantener en el actual mercado diario e intradiario la electricidad producida por las centrales de gas y de carbón, que cobrarían una compensación (pagos por capacidad) por estar disponibles en picos de demanda. Las renovables, las nucleares y la hidráulica pasarían a tener un precio fijo durante años mediante contratos con el sistema eléctrico. El precio que cobrarían las renovables se situaría por un sistema similar a las actuales subastas del Gobierno, mientras que el de nucleares e hidroeléctrico sería un precio fijado por el regulador.