La patronal turística alerta del peligro de abrir la ley a la residencialización

Los empresarios turísticos critican que propuestas como la iniciativa legislativa popular presentada en el Parlamento para defender el uso residencial en las zonas turísticas son «instadas por propietarios de apartamentos turísticos en defensa de su exclusivo interés particular y confunden objetivos legítimos y compatibles entre sí, como las necesidades de vivienda y el sostenimiento de la actividad económica, en perjuicio del interés general y la prosperidad colectiva». Por ello, la patronal de Las Palmas advierte que «cualquier intento de voladura del principio de unidad de explotación vía reforma de la legislación sectorial turística supone un precedente gravísimo capaz de provocar un daño irreparable a los complejos turísticos y al empleo en el Archipiélago».

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas sale al paso de las iniciativas lanzadas por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que en las últimas semanas han recogido firmas para que la iniciativa legislativa pueda ser debatida en la Cámara. Según el colectivo, tras el despliegue realizado en las fiestas navideñas en las calles se han podido recoger las 15.000 firmas obligatorias, que tendrán que registrar en el Parlamento antes del próximo lunes.

Como ejemplo del impacto de la residencialización para el turismo, la entidad empresarial se ha referido a un estudio elaborado por el Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que, en «estimaciones conservadoras», ha cifrado en 591 millones de euros la merma de ingresos que acarrearía este proceso sólo en complejos turísticos de San Bartolomé de Tirajana, que es el municipio más afectado por este fenómeno.

Frente a las tesis de la plataforma la patronal defiende que la actividad del sector al que representa «es la garantía para el mantenimiento de los puestos del trabajo, la actividad económica y los ingresos fiscales de las administraciones públicas de las Islas, que, a su vez, financian las políticas sociales públicas, entre ellas las de vivienda», argumenta en un comunicado.

La FEHT recuerda que la actual regulación sectorial prevé una situación excepcional, articulada a través de la Ley del Suelo de Canarias, que permite el uso residencial para aquellas situaciones consolidadas antes del 1 de enero de 2017 y recalca que la misma norma autonómica «es tajante respecto a la posible generalización de esta práctica por las consecuencias nocivas para la actividad de los complejos turísticos».

Junto a la Asociación de Empresarios Turísticos de Las Palmas (Aeat), la FEHT asegura que «apoya todas las iniciativas públicas para la construcción de viviendas y aboga claramente por su ejecución lo más rápida posible en beneficio también del interés general de Canarias». Por ello, ambas asociaciones consideran que «sustituir el desarrollo de nuevas zonas residenciales planificadas por la invasión del espacio destinado para la actividad turística, de largo la principal industria de Canarias, resultaría claramente contraproducente al perjudicar a la economía de las Islas sin resolver problema alguno».

Los empresarios dejan claro que cualquier decisión legislativa que suponga un daño al sector turístico a través de la tolerancia con la residencialización «es la peor política de vivienda posible».

Suscríbete para seguir leyendo