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Tribunales

El destino del expresidente de Pescanova se redacta en febrero

Cinco magistrados fallarán sobre el proyecto de sentencia redactado por Manuel Marchena

Fernández de Sousa en el juicio en la Audiencia Nacional.

Por más el de la quiebra de Pescanova SA (vieja Pescanova) parezca a veces un hecho de ajada hemeroteca, el caso todavía sigue pendiente de una resolución judicial en firme que ha de determinar si, como falló la Audiencia Nacional, Manuel Fernández de Sousa debe ir a la cárcel.

El 6 de octubre de 2020, tras un juicio eternizado por los parones del COVID, el tribunal condenó al empresario a ocho años de prisión, además de penas privativas para su guardia pretoriana de ejecutivos. Y, por primera vez en España, dictó cárcel para un auditor (Santiago Sañé, de BDO). Esa resolución pendiente ya tiene fecha: 1 de febrero de 2023.

Esa jornada se reunirán cinco magistrados del Tribunal Supremo, como ha sabido FARO. “Se reunirán los magistrados para deliberar sobre el proyecto de sentencia que ha hecho el ponente y fallar”, apuntan fuentes jurídicas. A partir de ahí, Sousa sabrá en un mes, aproximadamente, si queda entre rejas. El ponente de este proyecto de sentencia es el juez Manuel Marchena.

Los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional exponen cómo, a consecuencia de la crisis financiera que empezó a detectarse en 2008, el presidente de la multinacional pesquera, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los años anteriores, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza, entre los que se encontraban los responsables de los departamentos administrativos y financiero, seguir obteniendo financiación a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares con objeto de seguir obteniendo financiación bancaria.

Una vez obtenida esa financiación se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa "para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones".

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