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Paquete antinflación

El Gobierno destina 2.000 millones de euros a compensar parte de la rebaja de la factura de la luz

Suspende durante 18 meses la tramitación de proyectos renovables sin permisos de acceso para evitar "movimientos especulativos"

El Gobierno destina 2.000 millones de euros a compensar parte de la rebaja de la factura de la luz.

El Gobierno aprueba un crédito extraordinario de 2.000 millones de euros para compensar parte de la rebaja de la factura de la luz de los consumidores de este año y del que viene, según se desprende del paquete antinflación publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta cifra no es nada desdeñosa si se compara con la medida estrella del Gobierno aprobada este martes, la rebaja del IVA de determinados alimentos durante seis meses, a la que el Ejecutivo destina unos 1.800 millones de euro. Se trata, además, de más del 10% del total de los costes del sistema eléctrico, que suelen ascender a alrededor de 17.000 millones de euros.

En la exposición de motivos del real decreto-ley, el Ejecutivo justifica este movimiento porque "la situación de altos precios de la electricidad ha hecho que se produzca un fuerte descenso en los cargos del sistema eléctrico". El componente de cargos es una de las partes del recibo de la luz --junto a los peajes, los impuestos (reducidos al 80%) y el precio de la energía en el mercado mayorista-- con los que se financian las renovables, el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares y el déficit de tarifa. El Ejecutivo bajó la tasa de cargos de la factura un 30% durante este año y prevé una nueva reducción cercana al 10% para 2023 para amortiguar la subida de precios de la energía.

Además, también durante todo el año ha estado en suspenso el impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica --como la rebaja fiscal de la factura, formada por el IVA y el Impuesto Especial a la Electricidad, se mantendrá así hasta el 31 de diciembre del año que viene--, por lo que deberá compensarse al sector eléctrico "por el importe equivalente a la reducción de la recaudación".

A falta de estos ingresos, y según se añade en el texto del real decreto-ley, los elevados precios de los derechos de emisiones de CO2 han tenido como efecto "ingresos extraordinarios en el ejercicio 2022". En concreto, según el informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, hasta finales de noviembre el Estado recaudó a través de estas subastas casi 3.000 millones de euros, un 32% más que un año antes. De hecho, el Gobierno añade que estos ingresos "hacen prever que este año se pueda saldar con un cierto superávit en lo relativo a cargos".

Así, se guarda la posibilidad de utilizar parte o todo ese dinero el año que viene si la hucha eléctrica cierra el ejercicio actual con superávit y no con déficit, pues acto seguido a esa inyección de dinero habilita la posibilidad de utilizar la cantidad sobrante de este año para las cuentas eléctricas de 2023, a fin de "evitar tensiones en la tesorería" el año que viene, un mecanismo que ha sido habitual en los últimos años.

Moratoria renovable

Pero esta no es la única medida relacionada con el sector energético. Además de la extensión de los límites del autoconsumo más allá de los 2.000 metros, el Ejecutivo ha incluido otro crédito de 3.000 millones de euros para financiar la tarifa de último recurso de gas natural (TUR). Y ha aprobado una moratoria de 18 meses de proyectos renovables sin permisos de acceso para evitar "movimientos especulativos". Esta suspensión no tiene nada que ver con los proyectos renovables en tramitación que caducan el próximo 25 de enero, sino que hace referencia a "casos puntuales" de instalaciones que todavía no pueden evacuar electricidad a la red eléctrica, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Desde hace dos años, el derecho de acceso a la red se tramita a través de un sistema de concursos tras la identificación por parte de Red Eléctrica de aquellos nudos con capacidad para permitir nuevas instalaciones. Todavía no ha salido ninguno de esos concursos, pero sí se ha publicado en información pública una orden que pone el foco para optar a una de esos accesos, entre otras cuestiones, a poner en servicio las instalaciones en el menor plazo posible. Esto generó, según el real decreto ley, "movimientos especulativos por parte de determinados agentes que están iniciando los primeros pasos en las tramitaciones sin dar continuidad a los mismos, con el fin de bloquear emplazamientos a otros agentes que realmente están interesados en desarrollar proyectos renovables". Por ello, el Gobierno ha suspendido las tramitaciones de aquellos proyectos que, "pretendiendo evacuar en nudos de concurso, aún no dispongan de permisos de acceso y conexión".

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