El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, ha reunido este miércoles a portavoces de Economía de seis grupos parlamentarios en la sede de las instituciones europeas en Madrid para exigir la rápida implementación de la ley de creación y crecimiento de empresas -publicada en el BOE el 29 de septiembre, pero pendiente de desarrollo reglamentario- y el desbloqueo de la proposición de ley para poner en marcha un régimen de infracciones y sanciones contra la morosidad.

En la reunión informativa, abierta a representantes de diferentes sectores empresariales, han participado los diputados Miguel Ángel Castellón (PP), Txema Guijarro (UP), Pedro Casares (PSOE), Joan Capdevila (ERC), Miriam Nogueras (Junts) y Ferrán Bel (PdeCat). Cañete ha insistido en la necesidad de desbloquear la proposición de adoptada por unanimidad en el Parlamento hace ahora dos años, con multas de entre 3.000 y un millón de euros para los morosos recalcitrantes, cuya tramitación parlamentaria se ha ido demorando desde octubre de 2020 a base de 83 prórrogas del plazo para la presentación de enmiendas. Para el presidente de la PMcM "es absolutamente necesario que la 'ley crea y crece' se acompañe de un sistema de multas a empresas morosas para así reducir el retraso de los pagos en el ámbito privado. No se entiende que lleve más de dos años en trámite", ha afirmado en la sesión informativa.

Además, Cañete ha urgido la rápida aprobación del reglamento que debe desarrollar la conocida como 'ley crea y crece' para hacer efectivas algunas de las medidas más importante que contiene, como que las grandes empresas de más de 250 trabajadores que opten a una subvención superior a 30.000 euros deban acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago con sus proveedores mediante certificación emitida por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas antes de acceder al cobro de la ayuda. Además, para los contratos de más cinco millones de euros que admitan más de un 30% de subcontratación, las empresas deberán aportar a partir de ahora un certificado de estar al corriente de pago con sus subcontratistas cada vez que certifiquen obras para su cobro. La creación de un Observatorio de la Morosidad es otra de las novedades de la ley pendiente de implementación.

El presidente de la PMcM ha considerado que ante un contexto de inflación y subida de tipos como el actual, y previsiones como las de Crédito y Caución, que cifran en 171.000 las empresas que ven amenazada su supervivencia por la morosidad, es necesario actuar "de manera urgente" para "salvar a pymes y autónomos".