El recientemente aprobado plan del Gobierno y la banca para ayudar a los hipotecados de rentas bajas y medias con problemas de pago por la escalada del euríbor tendrá un coste económico para las entidades que no se conocerá con seguridad hasta que dentro de dos años deje de estar parcialmente en vigor. Las propias entidades y los analistas financieros, sin embargo, han realizado ya sus primeras estimaciones y de ellas se desprende que podría tener un impacto en las cuentas del sector de entre 900 y 1.500 millones de euros en forma de provisiones, según diversas fuentes consultadas por este diario.
Eso sí, tras dos meses de arduas negociaciones con el Ministerio de Economía, los bancos han logrado que la mayoría de los hipotecados a los que se apliquen las medidas pasen a la categoría de vigilancia especial por riesgo de impago, pero no a ser considerados morosos, con lo que las entidades tendrán que hacer una cantidad menor de provisiones. Ello es así por una cuestión técnica clave: al principal aplazado de los créditos a los que se les conceda la carencia se les aplicará un tipo que suponga una reducción del valor del préstamo del 0,5%, y no del 1% que hubiera implicado su entrada en la categoría de morosos.
Horquilla de estimaciones
Como explicó el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en una entrevista a este diario la semana pasada, durante las negociaciones -en las que también ha participado el Banco de España- se ha trabajado con "una horquilla de estimaciones" sobre cuántos de los hasta un millón de potenciales beneficiarios se acogerán finalmente de las medidas y qué impactos podría tener en las cuentas del sector. Las patronales bancarias, por su parte, están recopilando datos de sus entidades para hacer un cálculo más preciso, una vez publicado el texto legal del acuerdo.
La firma JBCapital, fundada por Javier Botín, ha calculado en un informe que las entidades podrían tener que provisionar 1.500 millones de euros como máximo. Según sus estimaciones, las medidas podrían aplicarse a hipotecas por valor de hasta 30.000 millones (en torno al 5,8% de la cartera total), una cifra que considera "más que manejable" para los bancos. "En el mejor de los casos, el impacto debería ser incluso menor", ha apuntado.
Otro informe de Citi, significativamente titulado 'los bancos esquivan una bala', también prevé un "impacto limitado" de las medidas en las cuentas de resultados de los bancos. Según sus estimaciones, entre el 7% y el 8% de los hogares hipotecados (aproximadamente el 2% de los hogares totales) cumple los requisitos para beneficiarse de las medidas. Otras fuentes bancarias calculan que las provisiones podrían rondar los 900 millones.
Los principales bancos, este mismo miércoles el BBVA, están anunciando estos días su adhesión al plan (esta es voluntaria, pero una vez se han sumado su cumplimiento es obligatorio). Las entidades son conscientes de que la subida de tipos les iba a obligar en cualquier caso a incrementar sus provisiones ante el aumento de los problemas de pago de los hipotecados. Y aunque hubieran preferido no tener el corsé del plan del Gobierno para así negociar con sus clientes uno a uno como hacen habitualmente, están satisfechas con el resultado de las negociaciones respecto a lo que podría haber sido vistas las propuestas de Unidas Podemos y los socios parlamentarios del Ejecutivo.
