Algunos de los principales banqueros del país han confirmado este lunes que tienen pensado recurrir el impuesto al sector impulsado por el Gobierno y que la semana pasada aprobó el Congreso. La más contundente ha sido María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, quien ha afirmado que su entidad llevará el asunto a los tribunales "al día siguiente de pagarlo, claro que sí". Su homólogo de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, también ha afirmado que es "muy probable" que su entidad adopte la misma decisión.

En unas jornadas financieras organizadas por KMPG y 'Expansión', los números dos de otras entidades como CaixaBank (Gonzalo Gortázar), Sabadell (César González-Bueno), BBVA (Onur Genç) y Unicaja Banco (Manuel Menéndez), así como el director para España y Europa del Santander (António Simões), han mostrado, asimismo, su oposición al gravamen y han dejado entrever, en mayor o menor medida, que sus entidades podrían acudir también a la justicia. En esta línea, la presidenta de la patronal AEB, Alejandra Kindelán, ha destacado que se han emitido "muchos informes con dudas jurídicas e incluso constitucionales" sobre la tasa. 

El argumento general del sector es que el impuesto (en realidad, prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria, para evitar escollos legales) es malo para la economía porque reducirá su capacidad de dar crédito, malo para sus miles de pequeños accionistas, y malo para la confianza de los inversores internacionales en España. "Es injusto, discriminatorio y confiscatorio", ha sostenido Dancausa, quien ha afirmado que va en la línea de construir un sistema fiscal basado en "criterios emocionales, caprichos o que aliente el populismo".

Cuestión de años

Desde que el presidente Pedro Sánchez anunció por sorpresa la creación del impuesto el pasado julio, los bancos han mostrado una oposición radical al mismo con escasos precedentes en el sector, así como su intención de recurrirlo. Las entidades, así, llevan desde entonces maniobrando para parar el golpe, pero sabedoras de que las posibilidades de éxito eran escasas. Al tratarse de una proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos, los únicos que podrían llevar la norma al Tribunal Constitucional, una vez aprobada, serían los grupos parlamentarios o un colectivo de al menos 50 diputados o 50 senadores. 

Los bancos albergaban alguna mínima esperanza de que el PP o Vox pudieran hacerlo, pero rápidamente vieron que era misión casi imposible por el coste político de tomar una iniciativa que podría resultar impopular en un año preelectoral y con la espiral inflacionista comiéndose el poder adquisitivo de los hogares. Ante esta constatación, trataron de influir en algunos grupos parlamentarios para que el gravamen que finalmente se aprobase les fuera lo menos perjudicial posible. Pero ni siquiera el informe del Banco Central Europeo (BCE) que cuestionó el gravamen ha logrado más que que el PSOE y Unidas Podemos hayan aceptado ampliar su ámbito de aplicación a los bancos extranjeros.

Así las cosas, lo que parece más probable es que la proposición de ley sea aprobada sin grandes cambios tras su paso por el Senado. Los bancos, así, tendrán que esperar a que Hacienda les pase la primera liquidación adelantada del 'impuesto' en febrero del año que viene para llevar el asunto a los tribunales. Entonces las entidades podrán recurrirlo, alegar que va en contra de la Constitución y pedir a los jueces que lo eleven al Tribunal Constitucional. De aceptarlo el juez y admitirlo a trámite el Constitucional, dicho tribunal "tardaría entre seis y ocho años en resolver", apuntan fuentes financieras.