La reforma de las pensiones diseñada por el ministro José Luís Escrivá avanza desde hace dos meses entre bambalinas. Sin reuniones formales, el equipo del titular de la Seguridad Social lleva desde el pasado septiembre reuniéndose por separado con patronal sindicatos para acercar posiciones y tratar de armar un primer borrador conjunto con el que modificar la actual normativa en pensiones. Y uno de los pilares que Escrivá pretende introducir en el mismo es el aumento de las cotizaciones sociales a los salarios más altos, lo que se conoce como las bases máximas. Estas baraja aumentarlas un 30% a lo largo de los próximos 30 años, según coinciden distintas fuentes presentes en el diálogo social.

Desde la Seguridad Social, a preguntas de EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, no entran a valorar cifras concretas e insisten en que formalmente todavía no se ha presentado ninguna propuesta. "Se está hablando de subida gradual y no hablamos de porcentajes muy elevados. Son escenarios que están a debate en estos momentos", afirman fuentes

El presente bloque de la reforma de las pensiones prometido a Bruselas contempla dos medidas. Por un lado, eliminar el actual tope a las prestaciones máximas y sus bases de cotización, para así subir las pensiones para los trabajadores que hoy tienen mayores salarios, a la vez que se obliga a sus empresas a contribuir más por ello. Y, por el otro, modificar el sistema de cálculo de las futuras prestaciones para aumentar los años tenidos en cuenta, así como introducir algún mecanismo compensatorio para beneficiar a aquellos trabajadores con peores carreras profesionales.

Sobre el primer punto, Escrivá ultima la oferta formal que trasladará a los agentes sociales una vez los vuelva a sentar a una mesa. De momento las reuniones tripartitas están suspendidas hasta que la patronal celebre sus comicios el próximo 23 de noviembre. Oficialmente este no es el argumento, pero no ha habido encuentros presenciales desde el 12 de septiembre –el 21 de septiembre empezó formalmente la carrera electoral a la CEOE- y esta semana no están prevista reunión alguna. 

Dicha oferta parte de un incremento de las bases máximas del 30% de manera paulatina durante los próximos 30 años, además, cada año estas subirán lo que suba el IPC –tal como ya hacen por ley el importe de las pensiones-. No es una cifra cerrada y es que los sindicatos van a apretar para que suban más y las patronales para que suban menos. Los primeros marcan su línea roja en un aumento del 50% en ese periodo.

Y es que actualmente una empresa no cotiza íntegramente por el salario de sus empleados mejor remunerados. A partir de los 4.139,40 euros mensuales la compañía deja de cotizar por ello, lo que deja un volumen de 35.000 millones de euros anuales en salarios que no aportan al erario público, según datos de la Seguridad Social adelantados por ‘eldiario.es’

La otra derivada de esa modificación es el aumento de la pensión máxima, actualmente topada en 2.819,57 euros (el año que viene serán 3.059,23 euros). Es decir, a partir de cierta cantidad los trabajadores de mayores salarios no cobran más pensión y se quedan en dicha cifra. Aquí la hoja de ruta del ministro pasa por incrementar la pensión máxima de manera progresiva durante los próximos años, con la idea de subir el actual importe entre un 15 y el 25%, tal como adelantó en una entrevista en EL PERIÓDICO. Dicho componente de la reforma implicará un mayor gasto para las empresas y ahí el apoyo de la CEOE se presenta como difícil. 

Ampliar el periodo de cómputo

Y la otra pata del plan diseñado por Escrivá es modificar el sistema de cómputo de las futuras prestaciones. Actualmente la pensión se calcula teniendo en cuenta los últimos 25 años cotizados por los trabajadores. Una franja de edad que se amplió en la reforma de las pensiones del 2012 y que justo este año ha entrado plenamente en vigor. Aquí desde el equipo de Escrivá han ponderado diferentes opciones, como pasar de 25 a 28 años, pero con la opción de descontar el peor año entre los cotizados. Otra vía sería llegar a los 30 años, con la posibilidad de descontar dos, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones. 

La idea de Escrivá es favorecer con dichos cambios a aquellos trabajadores –especialmente mujeres- con carreras profesionales más discontinuas y con peores salarios al final de las mismas. Según sus propios números, cerca del 30% de los futuros pensionistas se verían beneficiados. Y ello a costa de perjudicar a un número indeterminado de empleados con mayores salarios y carreras más estables. Si el destope de las bases máximas inquieta a la patronal, dado el aumento de costes laborales que ello le provocaría, los cambios en el periodo de cómputo no gusta entre los sindicatos. Pues temen que el perjuicio para parte de los empleados sea mayor de lo que públicamente apunta el Gobierno. 

Este elemento tampoco genera buenas expectativas entre los potenciales socios del Ejecutivo para sacar adelante en el Congreso la reforma. Fuentes consultadas de Unidas Podemos y ERC desconfían de tocar esa pieza y ven con buenos ojos subir las bases máximas. Esta semana desde el equipo de Escrivá han realizado otra ronda de contactos con los potenciales socios parlamentarios. La reforma entrará en un proceso más intenso de negociación a partir de la semana que viene y será en diciembre, en un maratón de tres semanas de conversaciones, en las que se definirá la misma y quien la apoya. 

Otro elemento clave será la prórroga del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que implica un aumento de las cotizaciones de 0,6 puntos. Este entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2023 e implica, según cálculos del Gobierno, pasar de un coste laboral por hora para las empresas de 22,9 euros a 23 euros por trabajador. Con él Escrivá pronostica recaudar unos 2.700 millones de euros extra al año. Aquí el Gobierno mantiene conversaciones con la Comisión Europea para definir el futuro del mecanismo. Actualmente está diseñado para que rija hasta el 2032, si bien desde Bruselas han manifestado su preferencia por su mantenimiento de manera indefinida. Una propuesta que estudian desde Seguridad Social es alargarlo hasta el 2052.