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Crisis energética

Armadoras adelantan la compra de gasoil ante el fin de la ayuda de los 20 céntimos

Las firmas de grandes buques apuran acuerdos para cerrar la adquisición antes de final de año | Ribera apuesta por limitar el apoyo, mientras Francia lo amplía a la flota hasta febrero

Un mercante al lado de dos de los grandes arrastreros gallegos que faenan en Malvinas. Ricardo Grobas

El estallido de la guerra en Ucrania supuso un aumento de los precios y la escasez de un sinfín de materias primas y otros elementos claves para el Europa y buena parte del mundo. Uno de los bienes que más se encareció fue el combustible, lo que arrinconó a aquellos sectores cuyos gastos de explotación dependen en gran medida de ello. Para la flota pesquera, el impacto fue inmediato ante la escalada del coste del gasoil, que también afectó al resto de la población y que obligó al Gobierno a intervenir. El establecimiento de una bonificación de 20 céntimos el litro fue vital para mantener la rentabilidad entre las armadoras, que llegaron a parar barcos durante unos días hasta que se concretó el apoyo. Ahora, la flota vuelve a estar en la cuerda floja. La ayuda finaliza, si nada lo remedia, el 31 de diciembre. De hecho, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se mostró el lunes partidaria de que deje de ser generalizada en el caso de que se prorrogue. Ante esta incertidumbre, las armadoras de grandes buques están adelantando sus compras de combustible del próximo año para así asegurar esa bonificación.

Llenar el depósito de un arrastrero congelador de gran altura como los que van al Atlántico suroccidental (Malvinas y aguas internacionales) supone necesitar unos 800.000 litros. Un 'gransolero', por su parte, unos 55.000. Con esas cantidades, el coste del gasóleo es clave para este tipo de buques y, con los precios todavía por las nubes y sin el apoyo, la flota reviviría los problemas que vivió en primavera.

“En nuestro caso ya lo hemos hecho, ya cerramos la compra para antes del 31 de diciembre”, adelanta el presidente la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza. Los dos barcos con los que trabaja pescando calamar en aguas de Malvinas precisan 800.000 y 900.000 euros, respectivamente. “No sabemos qué va a pasar en 2023”, señala.

Lo mismo señalan desde la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), aunque también reconocen la dificultad por la periodicidad de sus mareas. Su gerente, Juana Parada, indica que “no es tan fácil de conseguirlo”, ya que algunos barcos salen en noviembre y regresan en primavera.

Solo en el puerto de Vigo operan unos 40 buques arrastreros congeladores de gran altura, cuyas campañas comienzan principalmente a principios de año. Son estos los armadores que están cerrando ya sus compras de combustible –o intentándolo– antes de que finalice el año.

Mucho más difícil lo tienen en la bajura. Como explica el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio López, la flota que faena al día tiene imposible hacer este tipo de prácticas, por lo que de eliminarse la bonificación se verían inmediatamente perjudicados.

Fin del apoyo

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica recordó ayer en declaraciones a RNE que la ayuda “fue una decisión de emergencia de este verano”, pero entiende que ahora “cada vez es más importante concentrar el esfuerzo en quien más lo necesita, ya sea por razones profesionales, ya sea por nivel de rentas de las familias”. En este sentido, señaló que no se deben subvencionar los combustibles fósiles, ni establecer para ellos un tratamiento fiscal favorable, pues se trata de un principio fundamental para el impulso de la transformación del sistema energético, tal y como persigue la propia Comisión Europea en lo que se refiere al sector de la pesca y la acuicultura.

La posición de Ribera, en principio, chocaría con la de otro país de tradición pesquera del entorno como es Francia. Allí, el secretario de Estado de Pesca, Hervé Berville, señaló que “la ayuda al combustible” que, tras dos prórrogas, finaliza hoy, “ahora se extiende hasta febrero de 2023”. “Afectará a todos los profesionales y supondrá un compromiso económico por parte del Estado que podrá ascender a más de 20 millones de euros, además de los 45 millones de euros presupuestados hasta entonces”, añadió Berville.

Por el momento, el sector pesquero en España desconoce si podrán disfrutar de la bonificación más allá de este año. Lo que sí parece seguro es que los precios no bajarán.

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