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Tributo autonómico

La Comunidad Valenciana incluye por primera vez en el presupuesto el impuesto a las viviendas vacías

Figura como tributo propio de la Generalitat y prevé un ingreso de 250.000 euros para 2023

Construcción de viviendas en València. F. CALABUIG

El impuesto valenciano que grava las viviendas vacías ya es una realidad. Al menos una realidad presupuestaria. El tributo autonómico figura por primera vez en unas cuentas de la Generalitat, las que el Consell dio a conocer este lunes para 2023 y que acaban de iniciar su recorrido parlamentario para su aprobación antes de que acabe el año.

El impuesto a los inmuebles deshabitados lleva años en los titulares informativos, pero hasta ahora no se había incorporado en una partida de ingresos para la Generalitat. Fuentes del Consell confirman que es la primera vez que aparece.

El ingreso, que figura en la partida de los impuestos sobre el capital, supondrá para la Generalitat una recaudación que en principio es testimonial, 250.000 euros, sobre un presupuesto que supera los 28.000 millones.

Pero la novedad es que aparece porque su implantación no ha resultado sencilla. Para hacerla efectiva se ha tenido que esperar a que la Generalitat identificara a los grandes tenedores de viviendas, aquellos que tienen en propiedad más de diez inmuebles excluida la habitual y una segunda residencia. Convertirlo en impuesto no ha resultado posible hasta que se ha creado un registro autonómico de viviendas deshabitadas y se ha conocido el número de grandes tenedores y las viviendas afectadas por el nuevo impuesto.

La creación del tributo era una de las aspiraciones de la ley de Función Social de la Vivienda, aprobada en el primer Botànic a instancias de Podemos, pero no ha sido hasta esta legislatura cuando el departamento que dirige el vicepresidente Héctor Illueca, de Unides Podem, ha completado el proceso y la Conselleria de Hacienda ha podido generar esa previsión de ingreso con su presumible recaudación.

Las viviendas que computan para pagar el tributo son 300 según explican desde la Conselleria de Vivienda y los grandes tenedores registrados, una decena. Pero en el departamento que dirige Illueca ponen el foco en que este proceso ha permitido movilizar para su uso un centenar de inmuebles a raíz del decreto que lo ha impulsado.

El dato de las viviendas que están obligadas a pagar el impuesto está muy lejos de la primera estimación que hizo la conselleria de Vivienda cuando el departamento se creó, con el segundo Botànic, bajo la dirección de Rubén Martínez Dalmau. Entonces se estimaba en 19.000 las viviendas vacías en manos de entidades bancarias o de la Sareb.

El marco normativo del nuevo impuesto es la ley de Medidas Fiscales de 2021 y el gravamen a las viviendas deshabitadas, según señalan desde Vivienda, no tiene un afán exclusivamente recaudatorio sino que más bien pretende convertirse en un instrumento que permita incentivar la oferta de viviendas de alquiler en la Comunitat Valenciana y garantizar su función social. El nuevo impuesto salió de una enmienda pactada por los tres partidos del Botànic (PSPVm Compromís y Unides Podem) a la ley de acompañamiento del presupuesto del año pasado.

Según el Consell el impuesto tiene carácter finalista y los ingresos que se deriven de su recaudación estarán destinados a la financiación de las actuaciones protegidas por los planes de vivienda, especialmente en los municipios donde se hayan obtenido estos ingresos.

La base imponible del impuesto, como figura en la tabla superior, es el número total de metros cuadrados construidos que estén deshabitados, incluidas las zonas comunes, de los inmuebles que estén inscritos en el Registro de Viviendas Vacías. A efectos de este impuesto, se entiende por vivienda vacía la que no se destine de forma efectiva al uso residencial y se encuentre permanentemente desocupada por un periodo superior a dos años, sin causa justificada

Grandes tenedores de viviendas

Según la norma se consideran grandes tenedores de viviendas las personas físicas o jurídicas que destinan su actividad a la construcción, promoción, intermediación o financiación de la construcción o de la compra de vivienda y dispongan de más de 10 inmuebles en régimen de propiedad, alquiler, usufructo u otras modalidades de disfrute que les faculten para determinar los usos a que se destinan, y las excluyan del mercado de venta o alquiler.

No se computan a tales efectos, las viviendas en las que concurra alguno de los siguientes motivos para la desocupación: los inmuebles destinados a usos de vivienda de segunda residencia, con un máximo de cuatro años de desocupación continuada, los destinados a usos de vivienda turística o terciarios al menos con una ocupación mínima de un mes al año, los destinados a usos dotacionales o vivienda que sus titulares personas físicas o jurídicas ofrezcan en venta (un año máximo) o alquiler (con un máximo de seis meses), en condiciones de mercado.

Tampoco los inmuebles que se encuentren pendientes de partición hereditaria o sometidos a procedimientos de extinción de comunidad de bienes o sociedad de gananciales o cuyo uso esté pendiente de resolución en un proceso judicial o cualquier otra situación que haya impedido su inscripción aun existiendo título jurídico para ello.

Así como el traslado temporal de domicilio por razones laborales, de salud, de dependencia o emergencia social. Además, quienes tienen la consideración de grandes tenedores, deben comunicar a la Conselleria de Vivienda, semestralmente, la relación de aquellas viviendas que están deshabitadas.

El Botànic prevé recaudar el doble en tributos medioambientales que en 2022 

La nueva escala estatal del impuesto a la incineración permite que los ingresos pasen de 27 a 56 millones

La letra pequeña de los presupuestos de la Generalitat recoge un aumento considerable de la recaudación autonómica en el capítulo de impuestos medioambientales para 2023, que pasa de 27 millones a 56 en solo un año. Y eso sin que en el próximo año vaya a entrar en vigor la ley de Cambio Climático, que este miércoles salvó en las Corts el principal escollo y queda lista para su aprobación antes de acabe la legislatura. Es norma contempla la creación de tres nuevos impuestos, a los vehículos contaminantes, a las grandes superficies comerciales que generen un gran movimiento de vehículos y a las empresas que realicen emisiones contaminantes, aunque se bonifica la tasa a aquellas que acometan inversiones para vertir esa situación, según una enmienda pactada entre PSPV yCompromís. Sin embargo, esos nuevos impuestos que se crean tienen recogida una moratoria en su aplicación hasta el ejercicio 2025 por lo que aún no van a entrar en vigor. Según fuentes del Consell el importante aumento de la recaudación saldrá del impuesto sobre incineración que es más caro porque el Estado ha creado una escala nueva que obliga a las autonomías a adaptarse. Pasa a ser un impuesto cedido porque el Gobierno lo ha creado para que lo implanten todas las autonomías.


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