El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social trabaja en cerrar la brecha digital que impide que más canarios accedan al Ingreso Mínimo Vital (IMV). En su reciente visita al Archipiélago, el ministro José Luis Escrivá mantuvo un encuentro con el equipo técnico del Redlab, un proyecto piloto que tiene como objetivo eliminar las barreras tecnológicas que se encuentran quienes pretenden tramitar tanto la percepción del IMV como de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
La iniciativa, encargada a la Red Europea contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés), cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros que financia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y aspira a llegar a 4.300 participantes de todas las islas. Desde junio de 2020, solo 57.887 isleños han accedido al IMV. Un número escaso teniendo en cuenta que en las Islas 365.055 personas sobreviven con menos de 454 euros al mes, según datos ofrecidos la semana pasada por la propia EAPN.
Desde el ministerio han puntualizado este miércoles que para evaluar el acceso al IMV se tienen en cuenta "tanto las rentas como el patrimonio", por lo que "no se puede comparar con el índice Arope", el que arroja esas más de 365.000 personas en situación de pobreza severa. Además, han señalado que el número de hogares beneficiarios "casi dobla al de los protegidos por la PCI".
Los trabajadores sociales canarios señalaron este martes la conveniencia de dejar en manos de terceros la tramitación de las solicitudes. La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado, recomendó establecer convenios con los ayuntamientos para dotarlos de personal que pueda desempeñar dicha labor. De ahí que pusiera en duda la utilidad de la guagua -stands en el caso de las Islas- que recorrerá los puntos de España con mayores tasas de pobreza y desempleo, y presentada por Escrivá al inicio de la semana.
El ministerio puso en marcha a finales del pasado año el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, en el que pueden inscribirse las organizaciones no gubernamentales para acercar a potenciales beneficiario a la prestación. ¿De qué manera? Acreditando su idoneidad, función que desde antes podían realizar los ayuntamientos. Es otra de las vías exploradas por Escrivá para llegar al máximo número de perceptores.
El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social reconoció esta misma semana que uno de cada cuatro potenciales perceptores del IMV no conoce la existencia misma de la prestación.
