Un juez de Valls ha citado a declarar como imputados para el próximo 13 de febrero al representante legal de Endesa Distribución y a tres exdirectivos acusados de una delito continuado de estafa y otro de apropiación indebida a raíz del supuesto incumplimiento de un contrato de suministro eléctrico con una empresa que pretendía construir un polígono industrial en Vila-Rodona (Alt Camp, Tarragona). La querella presentada por una sociedad perjudicada y admitida en febrero del 2021 sostiene que la eléctrica "no tenía desde buen principio la intención de cumplir, ocultando la realidad espuria que la guiaba", que no era otro que obtener "pingues" e "ilícitos" beneficios. Un portavoz de Endesa enmarcó estas declaraciones en la normal tramitación de la causa y precisó que esta citación les permitirá explicarse y "esclarecer los hechos". A su entender, "no ha habido infracción alguna y mucho menos de índole penal", a la vez que subrayó que ha contestado los requerimientos judiciales.

Los hechos se remontan al 2007. Endesa debía suministrar 21.697 kilovatios (Kw) para realizar este proyecto de polígono industrial, a pesar de que en el convenio firmado ese año se indicaba que las instalaciones que resultaba necesario construir permitían una mayor capacidad que la solicitada por la empresa, unos 55.000 kw, según la querella firmada por el abogado Manuel González Peeters. El coste de la central transformadora, casi 3,2 millones de euros, debía aportarlo la constructora. El contrato establecía que la diferencia de kw que Endesa obligaba a contratar, 33.302, "quedaban disponibles para terceros clientes" de la eléctrica, aunque el dinero, al final, debía ir a parar a la constructora que era quien financiaba la instalación.

Esta constructora, argumenta la querella, y Endesa fijaron un importe máximo de "resarcimiento" a favor de la primera en más de 1,9 millones de euros correspondiente al coste de la inversión que la eléctrica "le obligaba, en contra del criterio legal, a realizar de más" para que la potencia disponible fuera de 33.302 kw. En un acuerdo de noviembre del 2013 aportado al juzgado se detalla que las líneas de alimentación entraron en servicio en 2011 y que la constructora había podido recuperar 714.653 euros con cargo a terceros que se habían conectado a su suministro. En ese documento también se plasmó que "habían existido conexiones" por parte de clientes de Endesa que ésta no había comunicado a la constructora y que "cifró unilateralmente y porque sí", en 203.000 euros más IVA".

"Explotación ilícita"

Por esta razón, la acusación considera que la eléctrica "estuvo utilizando de manera clandestina las instalaciones pagadas" por la constructora, "obteniendo de esa explotación ilícita importantes sumas dinerarias de las que se apoderó indebidamente". El texto incide que "la realidad enfila a que el importe afanado por Endesa es muy superior y no se ha limitado a ese tiempo", por lo que "los actos de depredación dineraria ilícita, asumen el carácter de continuado".

La sociedad querellante es la que adquirió esos derechos de resarcimiento de la constructora que ha firmó los contratos con Endesa. La acusación considera que la compañía eléctrica usó varias vías para ejecutar presuntamente "la continuada depredación dineraria", como por ejemplo, "en contra de la legalidad vigente", obligar a la constructora a "contratar y pagar un servicio que no era necesario en la dimensión exigida". En este sentido, la querella subraya que supuestamente el sobrante de electricidad "fue utilizado de manera ilícita para la obtención de sumas dinerarias" de las que "indebidamente se apoderó Endesa" y que deberían haber revertido en la constructora. La demanda incluso ponen en duda que construyese la instalación eléctrica que pagó la constructora responsable del polígono, ya que se hicieron sobre la subestación de Puigpelat, "ya existente, cuya capacidad y circunstancias reales se ignoran".