Los comercios de Canarias rechazan la obligación de instalar un sistema de puertas automático para mantener cerrados sus establecimientos de forma permanente, tal y como exige el plan de ahorro energético que impulsa el Gobierno de España como respuesta a la crisis energética derivada de la guerra ce Ucrania. El decreto obliga a los locales a limitar la temperatura del aire acondicionado, a apagar los escaparates por la noche y a conservar las puertas cerradas para evitar el despilfarro de energía. Aunque el plazo para implantar estas medidas expiró el pasado viernes –30 de septiembre–, los comerciantes del Archipiélago han optado por confirmar las enmiendas que incluirá el Ejecutivo central cuando tramite el decreto como proyecto ley antes de emprender obras en sus locales.
«Lo más razonable es esperar a que se apruebe la ley de manera definitiva y así saber que requisitos tienen que cumplir los establecimientos», señala Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), quien apunta que algunos asociados les han preguntado sobre la aplicación de las medidas del decreto, sin que ninguno las haya llegado a materializar hasta ahora.
Los empresarios no han recibido ninguna ayuda para ajustar sus locales al plan de ahorro energético
«Estamos saliendo de unas rebajas peores de lo esperado y los negocios no disponen de fondos para adaptar los establecimientos. Lo que han podido ganar los empresarios en esta campaña se les ha ido en pagar la luz de agosto y septiembre, porque al estar en el mercado estamos sufriendo mucho para poder pagar las facturas», lamenta Carlos Bethencourt, presidente de la Federación de Zonas Comerciales Abiertas, Cascos Históricos y Entidades Afines (Fecogranca). El también presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Triana considera que es necesario que las administraciones públicas lancen un salvavidas a los comercios, tal y como hicieron en los momentos más difíciles de la pandemia, rebajando y atrasando el abono de impuestos o sacando líneas de subvención. «La situación es francamente difícil», lamenta Bethencourt.
Las patronales han solicitado una moratoria de tres meses, hasta después de Navidad, para aplicar la norma. Ampliando el plazo, señala Bethencourt, los empresarios estarían ante una coyuntura económica más aliviada gracias a la campaña de Reyes, en la que aumentan su facturación, y podrían afrontar el gasto que requiere las adaptaciones del local, que en algunos casos implica un replanteamiento del negocio para poder mantener las puertas cerradas.
El Ejecutivo central anunció una línea de ayudas de 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si lo consideraban necesario, pudieran financiar las adaptaciones de los locales comerciales. Hasta ahora, los comerciantes isleños no han recibido ningún tipo de apoyo financiero para afrontar el coste de la instalación de las puertas automáticas. Una actuación que requiere una inversión de entre 2.000 y 10.000 euros, en función de los metros de fachada que tenga el establecimiento. «Hay un silencio por parte de la administración sobre las ayudas y estamos esperando a que hagan algún movimiento», apunta Moujir.
Las asociaciones de comerciantes del Archipiélago hicieron llegar a la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias una batería de preguntas sobre cómo aplicar el decreto, puesto que hay cuestiones que no se aclaran en la norma. Según Bethencourt, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que es el organismo que impulsa el plan de ahorro energético. Entre las dudas planteadas por los establecimientos está la de cómo evitar que choque la obligación de mantener cerradas las puertas con la necesidad de tener ventilados los establecimientos, para poder cumplir con la normativa covid.
El clima del Archipiélago resta sentido a las medidas ideadas desde Madrid
También han solicitado ampliar información sobre cómo actuar en aquellos negocios que, por sus características no puedan mantener cerradas las puertas, ya que el tránsito del personal y los clientes sería complicado, como es el caso de las cafeterías, restaurantes o heladerías.
A 27 grados
Tanto Bethencourt como Moujir hacen hincapié en que gracias a las condiciones climáticas del Archipiélago, no tiene sentido obligar a aislar los locales comerciales para lograr la eficiencia energética y fijar la temperatura del aire acondicionado a 27 grados en verano y a 19 grados la calefacción en invierno. «Esa es una medida para aplicar en ciertas regiones de la Península, pero no aquí. Esta especificidad de Canarias se la hemos trasmitido a la Dirección General de Comercio, que la ha transmitido al Ministerio de Transición Ecológica», detalla el presidente de Fecogranca.
Las multas previstas en caso de incumplir los preceptos planteados en el decreto pueden llegar a 60.000 euros, aunque la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró en agosto que el objetivo del plan energético es impulsar el cambio y no sancionar. «Las multas son descomunales, pero es una normativa que va dirigida al sector industria y creo que los importes de las sanciones se modificarán con el proyecto ley», concluye Moujir.
