La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, habla después de haber presentado su acuerdo con Unidas Podemos sobre un plan de medidas fiscales que incluye un nuevo impuesto de solidaridad de carácter estatal. Con esta medida el Gobierno ha intentado frenar la hemorragia de eliminación del impuesto de patrimonio desde Madrid y Andalucía al resto de comunidades.
Ha quedado la idea de improvisación, de que el Gobierno iba a salto de mata tras los anuncios de Andalucía y de Valencia y de que tenían miedo a no poder parar una carrera fiscal a la baja.
En este paquete de medidas fiscales se viene trabajando prácticamente desde el verano, después del anuncio del presidente de los nuevos impuestos a las energéticas y a la banca. ¡Que me digan quién es el que puede improvisar un paquete como este, porque lo ficho! Esto es un trabajo que se viene desarrollando, desde el momento en que vimos que se prorrogaba la situación de Ucrania y que necesitábamos mayor capacidad recaudatoria para poder financiar los 30.000 millones de gasto adicional que ya hemos tenido con las medidas adoptadas. Yo diría que lo que atraviesa al modelo fiscal son dos claves: una, que tiene que ver con combatir la desigualdad. Y en segundo lugar, tenemos que preservar el estado del bienestar. Pedimos un esfuerzo mayor, en algún caso temporal, a aquellos que tienen más capacidad económica para ayudar a los que tienen menos.
El nuevo impuesto de solidaridad más parece un mecanismo para forzar una tributación mínima en el impuesto de patrimonio de comunidades como Madrid o Andalucía, donde ya no existe.
Nosotros llevábamos trabajando en el impuesto de solidaridad desde hacía varios meses de forma importante. Pocos días antes de dar a conocer nuestras medidas se anunció la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía, una medida, desde mi punto de vista, absolutamente desacertada e inoportuna. En un momento como este, cuando más se necesita del apoyo del sector público en los colectivos más vulnerables, el PP practica una política fiscal de protección de las élites. Madrid tiene capacidad de bajar los tributos sin que haya una hecatombe en su financiación, por efecto de la capitalidad. Otras comunidades, como Andalucía, intentan competir fiscalmente con Madrid, cosa que no tiene ningún sentido. De lo que se trata (con el impuesto de solidaridad) es de que no haya un efecto contagio en la eliminación de impuestos. Porque hay comunidades que protestan y dicen oiga, cómo puede usted pedir un mayor volumen de recursos, que se lo pagan en el conjunto de los ciudadanos, cuando en su competencia usted practica el populismo fiscal, y prefiere apuntarse un tanto teóricamente electoralmente, pero después le pide a papá Estado más dinero. Populismo fiscal, vaciamiento fiscal, llámelo como quiera, pero esa carrera a la baja de comunidades no tiene sentido. Habrá que debatirlo cuando se discuta el modelo de financiación autonómica. Mientras tanto, lo que hemos hecho es poner en marcha un tributo que evita la doble imposición, pues permite descontar de él la cuota que se esté pagando en cada comunidad del impuesto sobre el patrimonio.
El objetivo final no parece ser gravar las fortunas más altas –que ya lo están donde existe el impuesto de patrimonio–, sino aplicar un mínimo donde no existe el tributo.
Parece razonable pedir una mayor contribución a quienes tienen patrimonio por encima de los tres millones. Por regla general, en las comunidades donde el impuesto de patrimonio existe y está intacto, no va a haber ningún tipo de contribución añadida para sus contribuyentes. En las comunidades autónomas donde se ha eliminado el impuesto, sí va a haber contribución añadida. Pero el objetivo del Gobierno no es poner donde no hay. El Gobierno nacional no va contra nadie ni a favor de nadie. Es simplemente por justicia fiscal.
El presidente extremeño, Fernández Vara, ha dicho que observará con una sonrisa cuando en la nueva financiación autonómica las comunidades que han bajado impuestos, como Valencia, empiecen a pedir más dinero. ¿Tendrá usted esa misma sonrisa?
El señor Fernández Vara dice algo que es de absoluto sentido común y que con otras palabras también lo he dicho yo. Y que tiene que ver con cómo es posible que España esté protagonizando situaciones de bajadas fiscales entre comunidades autónomas, cuando le estamos pidiendo a Europa 140.000 millones de euros. Difícil de explicar porque, entre otras razones, uno de los compromisos europeos es ir progresivamente reduciendo la brecha fiscal con el conjunto de Europa.
Lo llamativo es que también ha sido una comunidad socialista, la Comunidad Valenciana de Ximo Puig, quien ha hecho una rebaja.
Todos los gobiernos socialistas estamos de acuerdo en una cosa: proteger las rentas bajas y el estado de bienestar. Y eso es loable. El problema es el instrumento. Y si se utiliza la deflactación de la tarifa [rebaja lineal de los tramos de la tarifa para compensar la inflación] eso provoca una bajada fiscal para todas las rentas, no solo para las bajas. Le voy a poner un ejemplo: con la deflactación del IRPF, una renta de 18.000, puede tener un ahorro en torno a 30; con la bajada que ha acordado el Gobierno es de 740. La rebaja promedio para los salarios por debajo de 21.000 euros será de 400, que es una cantidad importante. Sin embargo, con la deflactación el ahorro promedio baja a 40 euros.
Pero el Gobierno valenciano explica que su rebaja del IRPF no consiste en deflactar la tarifa sino en crear una nueva que permite bajar los impuestos para tramos hasta 60.000 euros y que los superiores sigan pagando lo mismo…
Pues entonces perfecto. Entonces es un problema de los titulares de prensa que han dicho que el señor Puig ha hecho lo mismo que propone el PP. Si el señor Puig no hace lo mismo que va a hacer la señora Díaz Ayuso, perfecto.
Madrid ha avanzado que llevará al Constitucional el nuevo impuesto de solidaridad, por invadir las competencias y recentralizar la imposición sobre patrimonio.
La señora Díaz Ayuso permanentemente traslada que lo va a llevar todo a los tribunales. Que lo haga, que lo haga. No se puede intentar simular que las competencias que tiene que ejercer el Gobierno de España se pueden hacer desde la Comunidad de Madrid.
¿Sucederá en 2023 que los patrimonios madrileños de más de tres millones tributen para el Estado, y no para la autonomía?
Eso dependerá de lo que haga la Comunidad de Madrid, pero pudiera ocurrir que patrimonios que en este momento no tributan en Madrid, tengan que hacer durante dos años un esfuerzo adicional y que tributen ante el Gobierno de España.
¿Cómo piensan cumplir en los Presupuestos de 2023 el compromiso de Sánchez de un mayor gasto en Defensa que rechaza su socio de Gobierno, Unidas Podemos?
Tengo que ser prudente. No voy a decir ninguna de las medidas que se podrán contemplar en los Presupuestos sin que esté cerrado el acuerdo. Lo único que le voy a transmitir es que los compromisos del presidente se cumplen.
Hemos conocido estos días que han cenado juntos Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo, ¿tiene previsto también cenar con él?
Ahora mismo no la tengo en mi agenda.
Hablaron sobre la rebaja del IVA a los alimentos básicos y a los productos para celíacos, en la que los dos están de acuerdo. ¿El Gobierno central se plantea aprobarlo?
El paquete fiscal que el Gobierno tiene previsto desarrollar ya lo ha presentado y lo único que queda pendiente es ver, si cuando se aproxime el fin de medidas extraordinarias, como la rebaja del IVA de la luz y del gas, hay que prorrogar.
¿Y los 20 céntimos de la gasolina? Es una medida que ha recibido críticas de organismos como el Fondo Monetario y el precio de los carburantes está por debajo de los niveles de preguerra.
Es que es prematuro todavía saber cuál va a ser el precio del barril a lo largo de los próximos meses y por tanto, cuál va a ser el precio de los combustibles. Pero estamos asistiendo a una bajada que vemos con buenos ojos y en el mes de noviembre o diciembre podremos tomar la decisión.
El comisario de Justicia está de visita estos días en España. Ha pedido renovar el Consejo General del Poder Judicial e inmediatamente cambiar el modelo de elección de los jueces.
Yo creo que hemos sido muy pedagógicos. El Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial tienen que emanar de la única fuente democrática que tiene nuestro país, que es el pueblo, y por tanto, de la representación legítima que se establece en el Congreso de los Diputados.
Pero Bruselas nos está pidiendo otra cosa.
No, yo no diría que Bruselas está pidiendo otra cosa. Que alguien quiere decir que a los jueces los ponen los políticos, mienten y lo saben que mienten.
