El Gobierno esquivó este martes cualquier crítica explícita al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a pesar de que su anuncio de que rebajará el IRPF a las rentas de hasta 60.000 euros choca con la postura defendida por la Moncloa, que nunca se ha mostrado partidaria de actuar sobre el impuesto a las rentas. En medio de la guerra fiscal entre autonomías, impulsada por el PP, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, sí hizo una llamada a las comunidades a que hagan un "discurso responsable", en referencia a lo que implican las rebajas de impuestos para el sostenimiento del estado del bienestar. "Cuando hablamos de reducir la política fiscal hablamos de reducir ingresos, recursos, que después vamos a necesitar en forma de más maestros, sanitarios, dependencia...".

Rodríguez no fue más allá de esa generalización y evitó confrontar con Puig. Pero sólo unas horas después la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, endureció el tono contra él al insistir, de manera mucho más descriptiva, de que se trata de una decisión que va en contra de la postura del Ejecutivo, que se desayunó esta mañana con la noticia de que uno de sus barones aplicaba una rebaja fiscal en la línea del PP. Fuentes de la Generalitat consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, ya asumían a primera hora de esta mañana que sus medidas podían molestar en Moncloa. Pero, señalaban que "es lo que toca ahora".

La ministra, que esta tarde dejó entrever que ya se ha puesto en contacto con el conseller de Hacienda valenciano, reiteró que el Gobierno es partidario de una política fiscal centrada en pedir un esfuerzo añadido a las grandes capitales y con medidas de bajadas de impuestos "quirúrgicas", como la reducción del IVA del 21% al 4% de la luz y el gas. De hecho, llegó a culpar al PP y a la competencia fiscal iniciada por las autonomías del PP de que ahora la Comunidad Valenciana se sume a esta reducción del IRPF para quienes ganan hasta 60.000 euros. "El de al lado baja, el de al lado baja", señaló, y todas se ven "forzadas a bajar impuestos. "No es bueno que las comunidades inicien esa espiral", resumió.

La responsable de Hacienda, que está cerrando el acuerdo sobre los Presupuestos de 2023 con Unidas Podemos y que en los próximos días anunciará un paquete de medidas fiscales, visualizó así, de manera cristalina, el enfado del Ejecutivo con el presidente valenciano. Por la mañana en Moncloa se habían mostrado mucho más tibios, dando a entender incluso que algo de su plan fiscal podría ir en la línea de Puig.

Nada de lo que dijo esta tarde Montero avala esta tesis. La ministra sostuvo que respeta las competencias de las comunidades autónomas pero, subrayó, "yo no cambio de discurso"

El PP lleva meses pidiendo una rebaja del IRPF para paliar la perdida de poder adquisitivo que la alta inflación produce en las familias. Alberto Núñez Feijóo la circunscribió a las rentas de hasta 40.000 euros y el presidente andaluz, Juanma Moreno, a 35.200. Frente a estos planteamientos, la postura del Ejecutivo ha sido que estas bajadas por un lado, dejan fuera a los que ni siquiera están obligados a hacer declaración de la renta y, por otro, que al tratarse de un impuesto progresivo, si se deflactan los tramos inferiores también repercuten en las rentas más altas.

El hecho de que la medida de Puig se dirijan a la clase media, porque su reforma fiscal sólo afecta a quienes ganan hasta 60.000 euros, es el único punto de enganche con el discurso que defiende el Gobierno porque no implica una reducción a los contribuyentes con más ingresos. Pero son más las diferencias que las coincidencias, porque desde Hacienda se ha subrayado que las rebajas en el IRPF no son el modo idóneo de luchar contra la inflación y tampoco son la receta recomendada por Bruselas.