Las grandes empresas eléctricas --Endesa, Iberdrola y EDP-- integradas en la patronal Aelèc han pedido este lunes alinear el impuesto a las energéticas ideado por PSOE y Podemos a la propuesta europea para eximir al sector de cualquier gravamen y, en caso de hacerlo, dirigirlo a gravar a los beneficios y no los ingresos. "Creemos que la propuesta española debería acomodarse a los márgenes que establezca el reglamento (europeo) y esto se puede hacer en la tramitación parlamentaria", ha defendido la presidenta de la organización, Marina Serrano, en la apertura del IV Congreso Aelèc, celebrado este martes en Madrid.

La propuesta de 'impuesto' español -en realidad una "prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria" para tratar de superar escollos legales- consiste en gravar con un 1,2% durante dos años los ingresos de todas las energéticas que tengan una facturación superior a los 1.000 millones de euros. En el caso europeo, en cambio, la "contribución de solidaridad" diseñada por la Comisión Europea grava con un 33% únicamente los beneficios extraordinarios de este año (los obtenidos en 2022 por encima de los de 2019, 2020 y 2021) de las compañías de sectores fósiles.

Y aunque el Gobierno ha insistido que prevé alinear su propuesta con la de Bruselas, las empresas eléctricas subrayan en primer lugar que en el caso europeo, la Comisión Europea deja fuera del gravamen a las eléctricas: "La propia Unión Europea ha establecido diferencias entre eléctricas y otras energéticas", ha defendido la consejera delegada de EDP España, Ana Marques. En segundo lugar, defienden, el foco de Europa se pone en los beneficios y no en los ingresos. "Este es un punto fundamental porque la mayor parte de la energía se negocia en el mercado a precio fijo a un precio bastante por debajo de lo que estamos hablando", ha indicado Marques.

En cualquier caso, las compañías eléctricas insisten en que "no hay tales beneficios extraordinarios" como dice el Gobierno español y consideran que así lo demuestran "los contratos" enviados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por parte de las empresas eléctricas, según ha insistido Marina Serrano. "La primera prueba de que las empresas eléctricas de que no estamos teniendo beneficios extraordinarios es que cualquier megavatio-hora que vendamos por encima de 67 euros tenemos que devolverlo", ha defendido el director general de relaciones institucionales y regulación de Endesa, José Casas, en relación a la medida que elimina aquellos beneficios superiores a 67 euros por megavatio-hora recibidos por la venta de la electricidad que generan las centrales que no utilizan gas en su producción, esto es hidráulicas, renovables y nucleares.

De momento, el sector descarta acudir a los tribunales para hacer frente a la propuesta del impuesto español, a la espera de "cómo se configura la tramitación parlamentaria". Pero insisten en que "las decisiones deben ir de la mano del resto de países". En este sentido, Bruselas también regulará un mecanismo similar al español que minora los beneficios eléctricos de las centrales productoras de electricidad pero con un umbral que sitúa en 180 euros por megavatio-hora, en vez de 67 euros por megavatio-hora. "Habrá que valorarlo cuando se apruebe", ha respondido Serrano al ser preguntada si el sector buscará equiparar esa medida.

Más allá del impuesto, el sector eléctrico aboga por buscar una formula para poner un precio tope al gas en el mercado de referencia europeo, el TTF holandés, algo que se debate en Bruselas junto con la reforma del mercado eléctrico, pero que no ha sido objeto de una propuesta formal todavía.