Más visitas al supermercado pero metiendo productos más baratos en la cesta de la compra. Así están tratando de capear la subida de precios de la alimentación los consumidores canarios que si antes acudían al súper un par de veces al mes, ahora lo hacen hasta tres o cuatro veces por semana, con el objetivo de controlar más el gasto y evitar el desperdicio. Además, las empresas distribuidoras evidencian que también se ha incrementado el consumo de marcas blancas –más económicas y con una calidad similar– y recurren con más frecuencia a las ofertas para tratar de reducir el impacto de la inflación en sus bolsillos.
«Los clientes han convertido a los supermercados de proximidad en su despensa», asegura Alonso Fernández, secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), y en lugar de las grandes compras habituales no hace tanto tiempo, ahora realizan más pero mucho más reducidas. Fernández también constata el crecimiento de las ventas de los productos que llevan el sello de las distribuidoras que, poco a poco, van ganando terreno. Según un estudio de la consultora Nielsen IQ este tipo de productos representa ahora casi un 50% del valor de compra, cuando antes de la pandemia eran el 25% de la cesta de la compra.
Siete de cada diez consumidores asegura fijarse más en las ofertas que antes del inicio de la escalada inflacionista, que ha disparado el precio de los alimentos hasta un 13,3% en Canarias, según el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
«El precio es la variable que más decanta ahora mismo al consumidor», explica Alfredo Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), quien señala que las medidas de ahorro a las que recurren los compradores pasan por las promociones, las marcas blancas y mirar cada céntimo.
A muchas familias la subida de la cesta de la compra –impulsada por el alza de los precios de la energía y las materias primas– les está poniendo muy difícil llegar a final de mes. Una situación que afecta sobre todo a aquellas que tienen menos recursos, para las que llenar el carro con productos que son esenciales para cualquier hogar se ha convertido en misión imposible. Una circunstancia «excepcional» que ha llevado a la vicepresidenta segunda del Gobierno central, Yolanda Díaz, a lanzar una propuesta para que grandes distribuidoras y consumidores pacten «una cesta de la compra básica» que incluye unos 20 o 30 productos que tengan unos precios máximos establecidos. Y con este objetivo les ha convocado a una reunión el próximo lunes.
«Nunca he hablado de topes unilaterales, he hablado de acuerdos», ha recalcado Díaz en varias ocasiones para dejar claro que el Ejecutivo no se plantea ninguna iniciativa legislativa para fijar el precio de los alimentos. Según ha explicado, se trata de lograr un pacto con las distribuidoras para topar el precio de determinados productos que desde su venta por parte de los productores hasta su llegada a los consumidores finales se encarecen entre un 500% y un 800%.
Carrefour se adelanta
La también ministra de Trabajo y Economía Social se reúne primero hoy con Carrefour que ha sido la primera en recoger el guante lanzado por la vicepresidenta. La distribuidora francesa ofrecerá desde el 12 de septiembre y hasta el mes de enero una cesta básica de 30 productos –a un precio fijo de 30 euros– con el objetivo de «aliviar» la situación de las familias que han visto limitado su poder adquisitivo debido a la inflación.
Ha sido la propia empresa la que ha solicitado a Díaz una reunión urgente para tratar este asunto, ya que tal y como aseguró ayer el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, la «situación actual requiere medidas ágiles y efectivas». Carrefour ya ha participado en Francia en una iniciativa similar, a la que Díaz alude como ejemplo a seguir. En ese sentido, la vicepresidenta insiste en que este tipo de acuerdos son completamente legales y funcionaron en el país galo en el pasado, concretamente durante el mandado de Nicolas Sarkozy en plena crisis financiera. «Todo el mundo sabe que estamos ante una situación excepcional y que el modelo francés es razonable», recalcó Díaz. Aun así, la vicepresidenta no ha querido dar más detalles sobre qué mecanismos planteará a las empresas distribuidoras para llevarlo a cabo.
La iniciativa impulsada por la ministra ya ha suscitado rechazo entre la patronal y también entre los agricultores y ganaderos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, resaltó ayer que los empresarios «no podemos compartir la intervención de precios» y valoró que «esto empieza a parecerse más a una programación soviética» y que ahora «vamos a ver si son 20, 30 ó 50 productos del mercado los que voy a intervenir».
Tampoco ha agradado la medida al sector agrícola. Ha sido rechazada por la organización Asaja, que considera que este tipo de medida acabará por «castigar al que más sufre los precios percibidos por los productos agrícolas», es decir, agricultores y ganaderos, mientras que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a actuar contra la especulación aplicando la ley de cadena alimentaria.
También se ha pronunciado al respecto de la iniciativa la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) que ha apuntado que la cadena de valor del gran consumo lleva «mucho tiempo» conteniendo los costes en alimentación para no repercutir su aumento en los consumidores y mantiene que la baja concentración de la distribución en España evita el riesgo de especulación.
Menos electrónica
Los canarios comienzan a cambiar sus hábitos de consumo debido a la inflación. La subida de los gastos de los servicios básicos como la cesta de la compra, la gasolina o la electricidad cada vez deja a las familias canarias menos margen para invertir en otro tipo de productos que no consideran de primera necesidad, como es el caso de los aparatos electrónicos, cuya compra comienza a resentirse en el Archipiélago. «Ahora hay mayor cuidado a la hora de renovar los móviles y se hace con menor frecuencia», señala Alfredo Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan). Los consumidores miran más los precios, retrasan la compra todo lo posible y cada vez recurren menos al último modelo. «Hay una desaceleración en el consumo», recalca Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), algo que mantiene ya están notando no solo los productos electrónicos sino también el textil y el calzado y que se hará más evidente una vez terminen las compras por la vuelta al cole. Asegura que las familias necesitan estímulos para comprar y pone como ejemplo las diferentes campañas de bonos de consumo que han puesto en marcha distintas administraciones públicas de las Islas. En Santa Cruz de Tenerife «el primer día se han retirado 10.000 bonos», lo que a su juicio evidencia la necesidad de apoyo que tienen los consumidores».
