El primer día de aplicación de las nuevas medidas de ahorro energético en establecimientos comerciales, empresas y otros espacios públicos transcurrió ayer con normalidad en pleno aluvión de críticas de varias comunidades autónomas, que adoptan la norma pero no la comparten. Las compañías consultadas ya cumplen con la obligación de limitar el termostato y apagar escaparates desde las 22:00 horas, si bien el pequeño comercio, más crítico especialmente en Madrid, continúa adaptándose a un cambio que prevé que tenga un coste económico. «Apagar los escaparates deja una calle súper oscura, no me van a ver el género», explica a Efe Jesús, encargado de una zapatería de la capital.

Mención especial dedica al deber de disponer de un sistema de cierre de puertas para locales climatizados, para el que los establecimientos cuentan con más tiempo de preparación, hasta el próximo 30 de septiembre. «Podemos poner puertas automáticas, pero tenemos un paso de gente muy grande. No van a estar cerradas nunca», advierte Jesús, que ha pedido presupuesto para su instalación: «Son casi 10.000 euros. No sé si podremos cumplir el plazo porque los fabricantes ya tienen muchísimos problemas para suministrarlas».

En Las Palmas de Gran Canaria, llegó el día de fijar el aire acondicionado a un mínimo de 27 grados en comercios y edificios públicos y a 25 en restaurantes para cumplir con el plan de ahorro energético del Gobierno. La medida entró ayer en vigor y la mayoría de los establecimientos de la capital grancanaria cumplieron sin rechistar, pero lo que no se esperaban era que los termómetros en el exterior marcarían durante toda la jornada una temperatura más fresca que el límite establecido por el Ejecutivo central.

En la calle la sensación térmica era de 24 grados y la brisa corría mientras los trabajadores se enfrentaban a temperaturas bastante superiores en sus establecimientos a pesar de tener el aire en marcha. Muchos, incluso, se replantearon apagarlo. «Hace más calor con aire que sin él, es un auténtico sin sentido aplicar esta medida», fue la frase más repetida ayer en los locales de la capital grancanaria donde también se cumplió con otra de las iniciativas del plan de ahorro: el apagado de luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las diez de la noche.

En la Península, en líneas generales, el comercio de proximidad muestra su preocupación por los castigos ante un eventual incumplimiento del plan de ahorro del Ejecutivo, y admite su miedo a las multas. El régimen sancionador se remite a la Ley de Industria de 1992, que establece multas de entre 60.000 euros y 100 millones de euros dependiendo de la gravedad de la infracción. En medio de la inquietud por las medidas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, salió al paso y dijo que habría que «dar un margen» a los propietarios para que sigan la normativa.

Más tranquilas se despertaron las grandes superficies que, debido a su músculo empresarial, encaran con otro ánimo la implantación de estas iniciativas, con vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023. La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) apunta que el sector «lleva mucho tiempo invirtiendo en la mejora de las instalaciones y políticas de sostenibilidad». «Se está trabajando en potenciar la luz natural, la iluminación eficiente, el uso de energías renovables o la optimización del uso de agua», añade AECC, consciente de la «necesidad» de aplicar medidas acordes con el planteamiento de Bruselas para garantizar el suministro energético este invierno.

Por su parte, la hostelería afronta las medidas de forma «generalizada y masivamente», según el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, que ve «flexible» un decreto que permite hacer excepciones por las características de la actividad o la seguridad de los trabajadores. El límite al termostato para que no quede por debajo de 27 grados en verano ni supere los 19 en invierno se aplica en edificios y locales de uso administrativo, comercial, cultural, estaciones y aeropuertos, pero no en centros sanitarios o de formación, peluquerías, gimnasios y transportes.

En las últimas horas, grandes empresas, como las principales entidades bancarias de España, han implantado el plan, que completa a otros proyectos en marcha. BBVA ha realizado los «ajustes pertinentes», en tanto que en el Santander las puertas de acceso permanecerán cerradas durante el horario laboral salvo para la entrada de personal y clientes, o tareas de limpieza y mantenimiento.

Además, apagará los rótulos luminosos a partir de las 22:00 horas, y rótulos, banderolas y televisiones en las oficinas; los cajeros sí estarán iluminados. Una operativa parecida a la de CaixaBank, que informará a los clientes sobre la aplicación de las medidas con carteles, y mantendrá su política de vestimenta, que permite flexibilidad en el uso de traje y corbata.