Suscríbete

eldia.es

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El comercio canario reclama ayudas para adaptarse al plan de ahorro energético

La instalación de puertas automáticas puede suponer como mínimo una inversión de 3.000 euros - Canarias dejará que las empresas se adapten antes de sancionar

Acceso a un comercio en Santa Cruz. Andrés Gutiérrez

El comercio canario vivió ayer la segunda jornada tras la entrada en vigor del plan de ahorro energético impuesto por el Gobierno central. Un día en el que tras las dudas del estreno se pensó también en todo lo que queda por hacer. Si esta semana tuvieron que ajustar la temperatura del aire acondicionado –a 27 grados como mínimo en el caso del sector comercial– muchos se pusieron a pensar ya en la adecuación que tendrán que hacer en los accesos de sus locales para cumplir con el Real Decreto. La norma establece que antes del 30 de septiembre deberán instalar puertas que cierren de forma automática para reducir el consumo energético. Un gasto que aseguran muchos pequeños comercios no podrán afrontar por lo que demandan líneas de ayudas que compensen esta inversión.

«En estos momentos la situación del sector no es nada boyante y ahora nos viene este palo», sostiene Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), quien considera que además existen muchas dudas acerca de cómo tendrá que ser la instalación de las puertas. «Debería de depender del tipo de local, hay algunos en los que poner una puerta automática es materialmente imposible», asume, a lo que se debe añadir el coste, que se estima como mínimo en unos 3.000 euros. 

Por eso, afirma que ya han comenzado a ponerse en contacto con diferentes administraciones públicas para reclamar que se pongan en marcha líneas de ayudas que sirvan para sufragar este gasto. Comunidades autónomas como Cantabria ya ha anunciado que trabajan para aprobar subvenciones que sirvan para paliar los gastos derivados del plan de ahorro energético en los establecimientos de la región.

«No se distingue entre el comercio y la restauración y si tienen que acometer la inversión muchos optarán por tener apagado el aire acondicionado para así no incumplir la norma», explica Carlos Bethencourt, presidente de la Federación de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria (Fecogranca), ya que la medida lo que busca evitar es que se escape el aire frío generado dentro en el establecimiento, algo que provoca un mayor gasto energético. 

El también presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Triana asegura que los empresarios están «molestos» porque no se han tenido en cuenta las especificidades de Canarias en la aplicación de una norma de calado nacional. «Aquí se está más fresquito fuera que dentro de los locales», asume, por lo que recalca que solicitarán una mayor flexibilidad a la hora de instalar más mesas en las terrazas. «Queremos que se mantenga cierta capacidad competitiva por esta vía», insiste, ya que vuelve a reiterar que muchos «preferirán no poner el aire acondicionado porque no les será rentable».

El sector comercial se muestra también preocupado por cómo se establecerán las sanciones si se producen incumplimientos a la norma. El Reglamento de Instalaciones Térmicas de 2007, que se busca cumplir a través de este Real Decreto, remite a la Ley de Industria de 1992 para fijar las multas. Esta contempla sanciones que van desde los 60.000 euros, en el caso de las más leves, hasta los 600.000 y 100 millones de euros para los incumplimientos graves o muy graves. Unas cuantías que los comerciantes esperan que se maticen. «Las sanciones se basan en una ley industrial que no se hasta qué punto se puede aplicar al comercio», señala Moujir, ya que las considera desmensuradas.

El sector también reclama a la comunidad autónoma –la administración competente para realizar las inspecciones– que aclare mediante una instrucción de qué manera se realizarán las mediciones para que los empresarios puedan conocer si cumplen o no. «Nos preguntamos qué termómetros específicos son los que se deben usar o en qué punto deben realizarse las pruebas», especifica Bethencourt. 

La Dirección General de Energía, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica, será el organismo que se encargará de las inspecciones, aunque su inicio no es inminente. El consejero José Antonio Valbuena ya ha recalcado que nos encontramos en una primera fase de aplicación del nuevo decreto de ahorro energético en el que los comercios y la administración deben ir adaptándose a las nuevas medidas.

En este sentido, insistió en que el objetivo del decreto ley del Gobierno presidido por Pedro Sánchez no es la persecución de los incumplidores a través del régimen de sanciones sino que busca concienciar aprovechando un marco normativo que ya existía pero que no se aplicaba.   

Para hacerlo cumplir, la Consejería contará con las administraciones locales que también velarán por su correcta aplicación, aunque recuerda que para ello será necesario una primera fase de adaptación. 

José Antonio Valbuena reiteró que «no existe ningún fin recaudatorio por parte de la administración» con esta norma y que su objetivo prioritario es generar el mayor ahorro energético posible para afrontar la crisis energética de la mejor manera posible en los próximos meses. 

Compartir el artículo

stats