España planteará a la Comisión Europea el establecimiento de un tope máximo en el precio de las emisiones de CO2, que, junto al gas, han encarecido la electricidad en el mercado mayorista, además de que su coste supone un quebradero de cabeza para la gran industria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el viernes su intención de plantear a la CE la medida, ¿pero en qué consisten estos derechos?

Los derechos de emisiones de CO2 son uno de los mecanismos de la Unión Europea (UE) para lograr la neutralidad de emisiones en 2050, y limita las emisiones de centrales eléctricas, plantas industriales y compañías aéreas europeas.

El régimen comunitario de comercio de derechos de emisión afecta a más de 10.000 instalaciones y a más de 2.000 millones de toneladas de CO2, que suponen en torno al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la CE.

El comercio de derechos de emisión es un instrumento de mercado mediante el que se crea un incentivo o desincentivo económico y que persigue que se reduzcan las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Cada año, a finales de abril, las empresas deben entregar suficientes derechos para cubrir todas sus emisiones del año anterior (un derecho de emisión de carbono por cada tonelada de CO2 emitida).

Las empresas reciben o compran derechos con los que pueden comerciar entre sí en función de sus necesidades y también pueden adquirir cantidades limitadas de créditos internacionales procedentes de proyectos de reducción de emisiones de todo el mundo.

La UE puso en marcha el 1 de enero de 2005 el que quizá es el mercado de CO2 más ambicioso hasta la fecha.

Ese mercado cubre a los 27 estados miembros y las actividades de centrales térmicas, cogeneración, otras instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20 megavatios (MW), de vidrio, refinerías, coquerías, siderúrgicas, cementeras, cerámicas y papeleras.

Precios de derechos de emisiones al alza

El precio de los derechos de emisiones de CO2 en ese mercado en que se pueden adquirir y vender se disparó en 2021, cuando su media anual fue de 53,55 euros/tonelada, muy por debajo de la media de 2022, que es de 83,02 euros/tonelada, con un pico en febrero en que la media mensual fue de 90,79 euros/tonelada, según SendeCO2 (Sistema Europeo de Negociación de CO2), empresa dedicada a la compraventa de estos derechos.

El precio medio de este 2022 triplica el del año 2020, que fue de 24,75 euros/tonelada, y el de 2019, el año anterior a la pandemia, en que alcanzó 24,84 euros/tonelada de media anual.

Aún así, ya en 2019 y 2020 se superaron ampliamente los precios medios de los derechos de emisiones que hubo en 2018 (15,88 euros/tonelada) y 2017 (5,83 euros/tonelada).

El pasado jueves, 28 de julio, los derechos de emisiones cerraron a 77,78 euros/tonelada, con una media en el mes hasta entonces de 81,49 euros/tonelada, y los especialistas esperan que el precio se consolide en los niveles actuales por encima de los 82 euros.

El aumento de la generación con carbón, las temperaturas al alza y la reducción de los volúmenes de derechos subastados en agosto presionan al alza los precios.

En 2021, cuando se comenzaron a disparar los derechos de emisiones de CO2, batiendo récords históricos por aquel entonces, se habló también de un posible incremento de la atracción por este mercado con fines especulativos, dados los precios que se estaban alcanzando.

El incremento de los derechos de CO2 tuvo efectos y uno de ellos fueron las solicitudes de cierre de plantas de generación eléctrica con carbón en España, dado que a esos precios esas instalaciones, que son las que dentro de la generación eléctrica más derechos de CO2 consumen, no eran rentables.

Pero esos derechos los pagan también otras tecnologías que emiten CO2, como las centrales de gas, aunque en menor medida por sus menores emisiones.

Incidencia en el mercado eléctrico

Con ello, el incremento de los precios del CO2 acaba repercutiendo en los precios del mercado mayorista eléctrico, en el que los generadores venden las electricidad para el día siguiente, y en consecuencia en las facturas de los consumidores que tienen la tarifa regulada o PVPC, o bien indexadas al mercado.

En ese mercado mayorista, en el que la última tecnología que entra es la que marca el precio que cobran todas las demás que han vendido en cada hora, la incidencia de los precios de los derechos de CO2, al igual que la del gas, impulsa al alza el precio de la luz.

De hecho, el Gobierno, cuando comenzó la escalada de los precios de la luz, impulsó un proyecto de ley para minorar los beneficios de centrales hidráulicas, nucleares y las eólicas de antes de 2003, que se beneficiaban del alza de los precios de unos derechos de CO2 que ellas no pagan al no emitir.

Esta norma, al igual que la del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico ya estaba en su último trámite en el Congreso para pasar al Senado, pero se ha parado de nuevo ante las medidas que está introduciendo el Gobierno para paliar la crisis energética.

Pero los derechos de CO2 no sólo inciden en el precio de la luz, también son uno de los costes más importantes de la gran industria, al estar sujetas a ese régimen de comercio de emisiones, en el que cada vez se restringen más los derechos asignados.

Estas industrias reciben ayudas para la compensación de costes indirectos de CO2, que el Gobierno ha ido incrementado para paliar la difícil situación que tienen estas industrias que, además, son grandes consumidoras de energía.