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Cuentas públicas

¿Qué es el techo de gasto? ¿Para qué sirve?

El límite de los recursos que pueden dedicar las administraciones a desarrollar sus políticas permite empezar a elaborar los Presupuestos

La ministra de Economía, Nadia Calviño, junto a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

El denominado techo de gasto es el límite legal de crédito presupuestario para un ejercicio. En resumen, es el gasto máximo que pueden llevar a cabo el conjunto de las administraciones públicas. Lo aprueba el Consejo de Ministros y posteriormente debe validarlo el Congreso de los Diputados. Este elemento, junto con el cuadro macroeconómico, que dibuja el contexto de crecimiento, inflación o déficit sobre el que se tienen que edificar las cuentas públicas, supone el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. El de 2022 fue de 196.142 millones, según el techo de gasto aprobado por el consejo de ministros. El de 2021 alcanzó una cota histórica de 196.097 millones gracias a unos 26.000 millones previstos por los fondos europeos 'Next Generation', incluidos por primera vez.

¿Qué incluye?

Este concepto incluye el gasto no financiero, es decir, quedan fuera los relativos al pago de deuda o créditos o la Seguridad Social. Esta cantidad es lo máximo que podrán gastar los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la Administración central. El aprobado para 2021 fue el más elevado de la historia, al incorporar parte de las ayudas de los fondos europeos 'Next Generation', de los que a España corresponden 140.000 millones hasta 2026, casi 70.000 de ellos a fondos perdido. Gracias a estos recursos, el techo de gasto se situó para ese ejercicio en 196.097 millones de euros, con un aumento del 53,7%.

En realidad, el techo de gasto comparable en términos homogéneos con el ejercicio anterior para 2021 fue de 136.779 millones de euros, un aumento del 7,2%. Pero una vez incluidas las transferencias extraordinarias realizadas a las autonomías y a la Seguridad Social, aumentó el 32,3%, hasta los 168.661 millones y, con unos 26.000 millones de los fondos europeos llegó a 196.097 millones de euros, un aumento del 53,7%. Lo mismo sucedió con el de 2022: Sin contabilizar los fondos europeos ascendió a 169.787 millones, con una ligera alza. Además se sumó una transferencia de 18.396 millones para la Seguridad Social. Y finalmente, 25.622 millones de los fondos europeos, además de 733 millones del fondo React que va a Sanidad.

¿Cómo se regula?

El techo de gasto se recoge en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aprobada por el Gobierno del PP. El artículo 30 de esta norma es el que lo regula y establece que debe aprobarse por el Gobierno antes del 1 de agosto de cada año. La ley mencionada también estipula que será el Ministerio de Hacienda el que informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado.

La norma también recoge la senda de estabilidad presupuestaria en el artículo 15 —que también es un instrumento de control sobre la deuda y el déficit—. A diferencia de lo que ocurre con el techo de gasto, en este caso, se menciona expresamente la necesidad de que pase por el Congreso —"el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno", según recoge la norma—.

En todo caso, para 2021 y 2022 no rigieron las reglas fiscales de déficit, deuda y gasto público, tal como autorizó Bruselas para combatir los efectos de la pandemia. Y lo mismo sucede para 203. Eso significa que no hay un objetivo de déficit que cumplir, aunque sí unas tasas de referencia.

¿Cómo se calcula?

Una vez que el ministerio de Hacienda dispone de una previsión de los ingresos con los que contará con la recaudación de impuestos y tasas y otras vías de obtención de recursos, hará una estimación de cuánto pueden gastar las administración teniendo en cuenta el objetivo o referencia de déficit que exista, es decir el desfase entre los gastos y los ingresos. En los Presupuestos de 2021 y hasta 2026, además de los ingresos procedentes de los impuestos o ventas de activos, una parte muy importante estará formada por los fondos europeos.

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