Un kilo de puerro a 0,46 euros, el de col a 0,28 o de berenjena a 0,44. No son los precios del supermercado más barato de Canarias sino el que perciben los agricultores por las frutas, hortalizas o verduras que producen. Una cantidad que luego en los líneales de los puntos de venta se convierte en 2,48 euros por el kilo de puerro, 1,40 en el caso de la col o alcanza 1,84 euros en las berenjenas. Productos que multiplican hasta por cuatro su coste desde que salen del campo hasta que llegan a los locales que los comercializan. Una situación que no es nueva pero que ahora más que nunca indigna al sector primario que se encuentra asfixiado por la subida de los costes de explotación, viendo como los productos no dejan de subir en los supermercados mientras ellos se ven obligados a vender a pérdidas.
La escalada del precio desde que se recolectan los productos hasta que el consumidor se los lleva a casa es generalizada en las frutas y verduras que muchos canarios introducen cada semana en el carro de la compra. Las judías incrementan su precio hasta en un 361% y la cifra que aparece en la etiqueta del supermercado triplica lo que se le ha pagado al agricultor que ha cultivado la lechuga o el tomate. La situación es similar para los ganaderos del Archipiélago que también se llevan las manos a la cabeza cuando comprueban a cuánto se venden la leche o la carne que les cuesta tanto producir. Mientras que el precio del litro de la primera puede aumentar hasta un 141%, un kilo de carne de cerdo se dispara un 242% al pasar de la granja a la carnicería.
Así lo evidencian los datos para el mes de junio del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora COAG-Canarias, así como los del Observatorio de Precios puesto en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Dos herramientas a través de las que se puede comprobar como a pesar de que las frutas y verduras son ahora hasta un 10% más caras que hace un año, según el IPC, lo cierto es que este aumento no lo están recibiendo los agricultores.
«Esta situación es una barbaridad», concluye Miguel López, miembros de la ejecutiva regional de COAG-Canarias, quien explica que mientras los productores no cubren sus costes de explotación «hay una parte de la cadena que siempre mantiene su margen de rentabilidad». López señala a las grandes compañías de distribución que asegura que, al verse también afectadas por la subida de los costes de la energía y los combustibles, aprietan a los agricultores y ganaderos con el objetivo de reducir los precios que pagan por su productos, para mantener su rentabilidad y evitar subir demasiado lo que paga el cliente final.
Se muestra de acuerdo Theo Hernando, secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), quien considera que todos los eslabones deberían ajustar sus márgenes y no solo los inferiores. «Son ellos los que más deben hacerlo, sus costes de explotación son menores, sacan mucho beneficio y lo único que hacen es colocarlo en una estantería», mientras los productores deben no solo plantar la semilla, sino también regarla, abonar y cuidar la planta y recolectarla, con toda la inversión que esto supone.
Hernando explica que la negociación entre los agricultores y ganaderos y las cadenas de distribución está «desequilibrada», a lo que se añade que lo que se comercializa son productos perecederos. «Las empresas lo saben y tiran a la baja porque son conscientes de que para los productores es mejor vender a pérdidas que no obtener nada», lamenta.
La diferencia entre el precio que reciben los agricultores y al que venden los supermercados no se mantiene estable durante todo el año. En la temporada de primavera y verano el IPOD aumenta. ¿El motivo? Según Miguel López la mayor oferta de productos agrícolas que da mayor margen a las distribuidoras para ajustar todavía más los precios de compra.
Tanto López como Hernando coinciden en que la inmensa mayoría del sector primario del Archipiélago no ha podido trasladar a sus precios de venta los sobrecostes que han experimentado en el último año. Situación especial atraviesa la ganadería, que ya ha advertido que está al límite, ya que los ingresos que reciben por sus productos no son suficientes para hacer frente a todos los gastos de sus explotaciones. «De forma optimista han podido aumentar un 19% los precios, pero tienen un sobrecoste de al menos el 55% porque todo ha subido, por lo que están en un 33% de pérdidas», señala Hernando.
Un escenario que califica como «inviable» y mantiene que se ven acorralados porque encima «la distribución les quiere apretar todavía más». Algo que asegura puede provocar el cierre masivo de explotaciones ganaderas en las Islas.
Los agricultores aseguran sentirse desprotegidos y carentes de herramientas que les permitan medirse de igual a igual con las grandes empresas de distribución. Por eso, algunos ven en el comienzo de la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria –que prohíbe las ventas a pérdidas ya que cada eslabón de la cadena debe sufragar al menos los costes de producción del anterior– como una posible vía para mejorar la situación. «Urge que se ponga en marcha con todos los recursos técnicos y humanos necesarios para equilibrar esta situación», señala el representante de COAG-Canarias.
El secretario general de Asaga tiene más dudas acerca de la efectividad de la norma. «No hay en Canarias tantos inspectores para verificar el volumen de contratos que hacen», valora y asume que las compañías mantendrán su capacidad de presionar al pequeño productor.
