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Ahorro colectivo

¿Qué son los fondos públicos de pensiones? La nueva ley choca con el desconocimiento de las pymes

Solo 1 de cada 3 pequeñas y medianas compañías en Catalunya sabe qué es un plan de pensiones de empleo, según una encuesta de Caser

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una sesión de control en el Senado, en mayo. EP

La nueva ley de fondos públicos de pensiones echa andar en este segundo semestre del año tras superar por la mínima el trámite parlamentario. La norma pretende popularizar estos planes colectivos de ahorro, que hasta ahora estaban circunscritos a las grandes compañías y amarrados a formatos privados y con altas comisiones bancarias. Y que los hagan suyos, especialmente, las pymes y los autónomos. No obstante, el espíritu bajo el que fue confeccionada la norma por el ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, choca en sus primeros compases con el desconocimiento existente entre las pequeñas y medianas empresas sobre los mismos. 

La nueva ley, si bien aprobada por las Cortes, carece todavía de desarrollo reglamentario y también está pendiente de acabar de concretar la estructura aseguradora, es decir, la parte financiera del mecanismo de ahorro. No obstante, según una encuesta de Caserdos de cada tres pymes y autónomos en Catalunya dicen no saber si quiera qué es un plan de pensiones de empleo. Un desconocimiento todavía mayor entre los empleados, que, atendiendo a los datos de la encuesta, solo el 4% de los trabajadores ha preguntado a sus direcciones si dispone de algún producto o servicio de este tipo. Dicha encuesta ha sido elaborada entre una muestra de 450 empresas a nivel nacional y 100 de estas en Catalunya.

"A diferencia de otros países, aquí hay muy poca cultura de estos planes colectivos de ahorro. Y la fiscalidad beneficiosa que había hasta ahora para los planes individuales provocaba que, aquel que se planteaba ahorrar, lo hiciera a través de esa vía", afirma el secretario general de Pimec, Josep Ginesta.  

La negociación colectiva se erige como la principal puerta de acceso de estos fondos, ya que la nueva norma habilita un mecanismo para que sean las organizaciones sectoriales las que promuevan estos fondos públicos de pensiones a través de los convenios. Y así las empresas de dichos sectores pueden directamente acogerse a uno de estos y cada una no tiene que ir creando el suyo. Además de que la unión de diferentes ahorros habilita una mejor rentabilidad. "Si los agentes sociales no lo asumen como una parte importante en la negociación de nuevos convenios no prosperará", alerta la catedrática de economía de la UB, Montserrat Guillén.

Desde la patronal catalana reconocen que el actual estado de la negociación colectiva -con un elevado estancamiento dada la elevada inflación y la pugna salarial- no es proclive a introducir estos planes y piden "pensar en pequeño" para facilitar que las pymes se incorporen en condiciones flexibles. No obstante, la catedrática de la UB contrapone que la subida de los tipos de interés avanzada por los bancos centrales puede compensarlo, dado que el precio del dinero aumentará y las rentabilidades de los productos de ahorro también. "Los incentivos fiscales de estos fondos son mejores que los privados, lo que promete desplazar ahorro de planes individuales a colectivos", apunta Guillén.

La predisposición existe

La predisposición y el interés en explotar estos mecanismos de ahorro colectivo y de corte público –que prometen unos intereses menores que los privados- existen, atendiendo de nuevo a los datos de Caser. Según estos, el 73% de las pymes catalanas considera interesante contratar productos o servicios de ahorro para sus empleados, una proporción sustancialmente superior en Catalunya que en la media de toda España, donde dicho porcentaje es del 57%. No obstante y pese a esa aparente predisposición, solo un 7% tienen contratado un mecanismo de ahorro a largo plazo, según esa misma encuesta.

De momento, el único sector que ha firmado un acuerdo con los sindicatos para reservar parte de los sueldos de los trabajadores y destinarlo a estas ‘huchas colectivas’ ha sido el de la construcción a nivel estatal. Las fuentes consultadas coinciden en que aquellos sectores menos intensivos en mano de obra, como la industria, las oficinas y despachos o la consultoría, tienen más posibilidades de acabar alumbrando estos fondos públicos, en tanto que la negociación de los convenios acaba superando lo meramente salarial o de tiempos de trabajo. En cambio, en aquellos con peores condiciones salariales es difícil que los negociadores acaben sacrificando parte de los posibles incrementos de sueldo en productos de ahorro.

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