La Unión Europea (UE) mantiene firme su compromiso de contribuir al desarrollo socioeconómico de Canarias. De aquí a 2027, durante todo el nuevo período presupuestario de la UE, las empresas del Archipiélago y aquellas que quieran instalarse e invertir en el Archipiélago disfrutarán de un régimen de ayudas de Estado mucho más ventajoso que el de la gran mayoría de los restantes territorios del Viejo Continente. Las Islas, por su condición de Región Ultraperiférica (RUP), ya disponían de un programa de subvenciones mucho más potente con el objetivo de compensar las desventajas que les acarrean la lejanía de la Europa continental, la fragmentación de su territorio y su pequeño mercado interior. Lo que hace ahora Bruselas es flexibilizar aún más ese régimen de ayudas, de forma especial para las pequeñas empresas.
Las nuevas directrices de la UE sobre las ayudas estatales de finalidad regional llegan algo más tarde de lo previsto. De hecho, esa tardanza fue la que en su momento obligó a la Comunidad Autónoma, primero, y al Estado, después, a solicitar a las autoridades comunitarias la prórroga de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) hasta el 31 de diciembre de 2021. De modo que es ahora, superada la primera mitad de 2022, cuando el Ministerio de Hacienda está ultimando las modificaciones necesarias en la normativa nacional. Concluidos los trámites administrativos, y siempre con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, las ayudas a las empresas darán un importante salto.
Hasta el momento, el importe máximo de las subvenciones de que se podían beneficiar las empresas que invirtieran en Canarias era el equivalente al 35% del coste de la inversión. En adelante, este porcentaje se incrementa de forma más que sensible: hasta el 50% –la mitad del coste– en el caso de las grandes empresas, hasta el 60% en el caso de las medianas y hasta un 70% si se trata de pequeños negocios. Además, la nueva normativa comunitaria también flexibiliza el requisito de la inversión mínima. Para que una empresa pueda acogerse a los incentivos europeos será suficiente con una inversión mínima de 300.000 euros si el proyecto se ejecuta en Tenerife o Gran Canaria y de apenas 100.000 si la inversión se lleva a cabo en cualquiera de las restantes seis islas.
Hay que tener en cuenta que las ayudas de Estado, como norma general, están prohibidas por la UE. No en vano, las subvenciones podrían afectar a la libre competencia de las empresas dentro de la Eurozona, ya que un determinado Estado miembro podría dopar con fondos públicos a sus firmas nacionales. No obstante, este tipo de ayuda está permitido en determinados casos y más que justificado, a juicio de Bruselas, en las regiones y territorios con mayores problemas para subirse al carro del progreso, con las nueve RUP en primer lugar. Por eso el máximo de la ayuda será, por lo general, del 35% de la inversión, un porcentaje muy inferior a los fijados para Canarias en función del tamaño de las empresas.
En las nuevas directrices europeas, las regiones donde se considera que las ayudas de Estado no interfieren en el mercado comunitario, justamente por servir de instrumento para su desarrollo socioeconómico, se denominan zonas A. Ahí figura el Archipiélago por su condición de RUP y ahí lo acompañan las otras regiones españolas en situación de grave subempleo: Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. Los decretos en los que trabaja el Gobierno para importar las directrices europeas deberán ser aprobados en Consejo de Ministros, lo que en este caso es un mero trámite.
