Más de 5.200 personas están esperando en Canarias para poder percibir una pensión no contributiva de jubilación o invalidez. La falta de personal y la carencia de los medios técnicos necesarios en la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración provoca que los expedientes tarden hasta once meses de media en ser resueltos, cuando la normativa marca que deben tramitarse en menos de tres. Un tiempo de espera demasiado largo para los solicitantes, personas en situación de vulnerabilidad económica para las que esta prestación es su única vía para obtener algún tipo de ingreso.
La pensión no contributiva de jubilación se concede a mayores de 65 años en situación de necesidad, que no tengan recursos suficientes y que no hayan cotizado el tiempo mínimo necesario para acceder a una pensión de jubilación contributiva. El perfil mayoritario de quienes esperan por esta prestación en Canarias es el de una mujer que ha trabajado en casa o fuera de ella pero sin haber estado de alta en la Seguridad Social. También hay emigrantes que han retornado a las Islas o trabajadores que han quedado incapacitados para desarrollar su actividad laboral, en el caso de la pensión por invalidez.
Aunque este tipo de prestaciones se abonan con cargo a los fondos del sistema de Seguridad Social, su tramitación y reconocimiento corresponde a las comunidades autónomas. En Canarias, el organismo encargado de gestionarlas es la Consejería de Atención Social del Gobierno de Canarias, que reconoce que la parálisis provocada por la pandemia multiplicó el número de expedientes pendientes, que ya de por si eran numerosos por el «histórico» déficit de funcionarios en el área y la obsolescencia del programa que hasta no hace mucho se utilizaba para la tramitación de las solicitudes.
Javier Bermúdez, director general de Derechos Sociales e Inmigración, asegura que el área que dirige se ha puesto manos a la obra para tratar de poner fin a esta demora, que achaca tanto al déficit «estructural» de personal como de los medios técnicos. Por un lado, los servicios informáticos del departamento han desarrollado un nuevo sistema de tramitación más moderno que dota de mayor agilidad a la gestión y que se comenzó a utilizar el año pasado. Por otro, un plan de choque para reforzar el personal que presta servicio en la Consejería, que ha dotado con 16 nuevos empleados públicos el departamento que se encarga de las pensiones no contributivas.
Bermúdez detalla que a finales del año pasado el número de solicitudes que esperaban por tramitación casi alcanzaba las 6.300. «Esta estrategia nos ha permitido reducir en seis meses casi mil expedientes pendientes», pero puntualiza que esto no es suficiente. Por eso, su intención es poder volver a reforzar el personal de este departamento a finales de este año con el objetivo de impulsar específicamente el área dedicada a la tramitación de pensiones no contributivas. Un aumento del número de empleados públicos que espera pueda servir para tener al día los expedientes en 2023 y que «por primera vez en Canarias se cumpla el plazo establecido de tres meses para abordar la tramitación».
Bermúdez aclara que en el Archipiélago se han ido acumulando los expedientes no solo por la falta de medios sino también porque se trata de una comunidad autónoma que, respecto a su población, tiene muchas peticiones para el cobro de pensiones no contributivas. ¿La razón? El modelo económico de las Islas ha empujado a muchos a trabajar sin cotizar los suficiente a la Seguridad Social, lo que multiplica el número de personas que tienen que recurrir a este tipo de prestaciones. En total, según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), 41.900 personas las perciben en el Archipiélago: 24.021 cobran la pensión de jubilación y 17.937 la de invalidez. Los beneficiarios son en su gran mayoría mujeres. Siete de cada diez prestaciones se abona a una cuenta bancaria con nombre femenino.
Se trata además de pagas muy bajas, con las que realmente es muy difícil que nadie llegue a final de mes. De media, cada pensión no contributiva de jubilación no sobrepasa en Canarias los 456,2 euros, mientras que la de invalidez se eleva algo más, hasta los 496,5 euros al mes.
El retraso en la tramitación de estas solicitudes es generalizado en todas las Islas. Así lo evidencian los datos desglosados por municipios que la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración remitió como respuesta escrita a una pregunta registrada por la diputada nacionalista Cristina Valido. La mayor parte de las personas que esperan por estas prestaciones están en Tenerife, donde hay pendientes más de 3.000 expedientes, siendo más numerosos los de los municipios que tienen una mayor población. Algo más de 1.500 potenciales beneficiarios aguardan en Gran Canaria, mientras que la lista de espera en Lanzarote y Fuerteventura es de 201 y 142 personas. Tampoco se libran de los expedientes acumulados La Palma, La Gomera y El Hierro, donde a principios de este mes esperaban respuesta 274, 55 y 57 personas respectivamente.
Valido lamenta que la Consejería no haya aprovechado la pandemia, con la eliminación del techo de gasto y de las limitaciones para contratar, para acometer modificaciones estructurales que supongan mejorías para los próximos años. «Casi 6.000 personas esperan por la pensión no contributiva a la que tienen derecho mientras este Gobierno presume de repartir más ayudas que nunca como si el crecimiento de la pobreza no fuera algo que lamentar», sostiene.
